Una comunidad de pescadores frena la exploración del pozo Uchuva-2, la gran apuesta gasífera de Colombia

Colombia tiene buena parte de sus expectativas gasíferas puestas en un pozo bautizado Uchuva-2, a unos 31 kilómetros desde la costa de Santa Marta, en el Caribe. Se trata de una potencial bolsa en aguas profundas cuya cantidad calculada le permitiría al país retomar a mediano plazo la hoy aminorada suficiencia. Sin embargo, un juez de la capital del Magdalena ordenó el 11 de septiembre la suspensión de los trabajos de exploración ejecutados a cuatro manos por la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol y la brasileña Petrobras. La resolución, sustentada en una acción de tutela interpuesta por un líder indígena que alega omisiones en las consultas previas obligatorias con las comunidades pesqueras de la zona, constituye un lastre en los planes de transición energética del Gobierno. Y un dolor de cabeza para un país urgido de nuevas reservas de gas natural.

Un juez de segunda instancia deberá despejar el futuro de Uchuva-2, que en la jerga de los hidrocarburos ejerce como un “pozo evaluador”. A saber: un yacimiento que se utiliza para confirmar la dimensión de un primer hallazgo, que en este caso recibe el nombre de Uchuva-1. El proceso de exploración lleva 20 años en cocción, pero las sospechas de su riqueza empezaron a tomar fuerza hasta 2022, cuando Ecopetrol informó sobre un apetitoso descubrimiento en esta zona costera denominada en su conjunto como Bloque Tayrona.

Aquellos sedimentos encontrados hace tres años bajo agua han permitido calcular que en el Caribe colombiano existe un manto potencial de gas natural que podría llegar a incrementar las reservas nacionales entre 6 y 18 años. Para constatar su importancia, basta recordar que solo Uchuva-2 tiene una capacidad eventual de producción 2,5 veces mayor a las reservas probadas actuales de toda Colombia. Y al sumar las previsiones totales del Bloque Tayrona, se tendría la posibilidad de abastecer el equivalente al 40% de la demanda nacional. No en vano, la brasileña Petrobras ha invertido unos 250 millones de dólares anuales en los últimos tiempos en la que constituye la mayor apuesta de la petrolera carioca fuera del país vecino.

El nudo de este episodio, sin embargo, pasa por el recurrente choque entre las leyes de protección social y ambientales y el desarrollo de este tipo de proyectos. Los pueblos indígenas o grupos étnicos tienen preponderancia, a través del derecho fundamental a la consulta previa, a la hora de decidir sobre la suerte de programas o construcciones que representan afectaciones para sus intereses o formas de vida. En este caso, la acción de tutela presentada por Ariel Daniels de Andreis, en representación de la comunidad indígena de Taganga, alega que su actividad pesquera se vería afectada. El líder enlista los “ruidos, equipos, tuberías y tránsito de embarcaciones para operación y mantenimiento”. Así como la utilización de “sustancias químicas” empleadas en la exploración y explotación de gas que ahuyentarían diversas especies de peces que subsisten en las aguas que hoy forman parte de la reserva del Parque Tayrona.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, clarifica que el proyecto ha recibido en las últimas dos décadas tres certificaciones del Ministerio del Interior. Todas han remachado que no hay presencia de comunidades en la zona de trabajo. “Es importante precisar que en esta fase de perforación no hay ninguna afectación. A esa distancia, 31 kilómetros de la costa, con una operación en aguas ultra profundas, a 837 metros profundidad, no hay actividad, ni presencia real, ni interrupción de ningún tipo”.

Así mismo, detalla que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras constató en un informe que tampoco había presencia de pesca ancestral en la zona. “Petrobras, que es el operador del contrato, ha sido muy riguroso en el adelanto de los procedimientos. Siempre con fundamento en los certificados del Ministerio del Interior”, asegura Murgas. En la segunda fase del proyecto, remata, para la construcción del gasoducto en campo junto a las estaciones de un sistema de transportes en el municipio de Manaure (La Guajira), sí se tendrá que contar con el proceso de consulta y aval de unas 116 comunidades.

Dentro del Bloque Tayrona ha surgido una tercera posibilidad con el descubrimiento de gas bautizado Buenasuerte. “La comunidad alega el derecho fundamental a la consulta previa, pero los tribunales tienen que sopesar el derecho fundamental de 36 millones de colombianos que tenemos gas en nuestras casas. Un servicio público esencial para la alimentación de la población más vulnerable”, argumenta Murgas.

Alrededor del 16% de la energía de Colombia proviene del gas natural. Andrés Duarte Pérez, gerente de Análisis Financiero en la corporación Corficolombiana, advierte que la paralización en los trabajos de Uchuva-2 solo entorpece los planes de transición energética del Gobierno. También recuerda que ya hubo un retraso de cuatro años en los proyectos de energías renovables en La Guajira debido a las consultas previas y el trabajo con las comunidades: “En el mejor de los casos, la disponibilidad de gas se va a demorar más, encareciendo el costo de la energía para todos porque se va a tener que importar más”, apunta Duarte.

El país tiene más de un lío para cubrir los contratos con los que blindaría los picos de consumo del próximo año. Ese agujero, según los últimos cálculos oficiales, llegaría al 7,5%. Un cuadro justo que tiende a agudizarse. Otras proyecciones, como las de Naturgas, suben ese faltante para 2025 al 12% y en 2026 al 30%.

Un panorama que ya se empezaría a tornar vidrioso. Hasta ahora Colombia había gestionado con su producción el 70% de la demanda interna. Y el 30% restante lo venía importado, en su mayoría, desde el Golfo de México. Pero debido a la disminución en las reservas actuales y los hallazgos para lo que viene, la batalla por el futuro se ha recrudecido. “Es una mala señal que se suspenda un proyecto vital para cubrir la brecha que tenemos de gas, y que se ampliará mucho en los próximos años”, afirma el consultor Mauricio Téllez. Las empresas y los gremios ya han presentado recursos ante la justicia para revertir los efectos de la decisión del distrito judicial de Santa Marta.

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