La Fiscalía pide condenar por narcotráfico a León Fredy Muñoz, embajador de Colombia ante Nicaragua

La Fiscalía General de la Nación ha solicitado este martes a la Corte Suprema de Justicia condenar al embajador de Colombia ante Nicaragua, León Fredy Muñoz, por el delito de narcotráfico. La petición forma parte de un proceso en el que el diplomático es señalado por habérsele encontrado 346 gramos de cocaína en su equipaje de mano en el aeropuerto José María Córdova, de Medellín, tras aterrizar de un vuelo proveniente de Bogotá, el 31 de mayo de 2018. En ese momento, recién había sido elegido representante a la Cámara de la Alianza Verde por el departamento de Antioquia. La acusación formal en su contra data de 2020.

En la comparecencia de este martes, Muñoz ha insistido en su inocencia y ha descrito que, ese día, llegó a Medellín por la tarde, tras haber estado en Bogotá convocado por su partido tras la derrota de Sergio Fajardo, el candidato presidencial al que apoyaba esa formación. Según dijo, al salir del aeropuerto fue abordado por un policía que lo llevó a una oficina en la que había otro oficial. Allí le hicieron una requisa exhaustiva en la que es hallada la bolsa con la droga. “Esa sustancia, obvio, no era mía”, aseguró el embajador. “Le digo con toda honestidad, yo no conocía ni siquiera la cocaína. […] Jamás en la vida he consumido eso. Yo les decía: ‘Háganme pruebas’… a la misma Fiscalía del momento, a la Corte… ‘Háganme polígrafos”, añadió.

En su defensa, recordó que él había sido elegido como congresista, por lo que estaba a punto de empezar a ganar un sueldo mensual de más de 30 millones de pesos (poco más de 11.000 dólares de la época). Con eso sugería que no tenía sentido obtener una ganancia económica con la droga. También agregó que considera que todo se trata de un montaje orquestado por clanes políticos de Antioquia. En su declaración dijo que, tras hacer varias denuncias en el municipio de Bello, del que fue concejal antes de ser congresista, fue víctima de un atentado en el que su carro fue atacado a balazos. Señaló también a la poderosa familia Suárez Mira, encabezada por el exalcalde Óscar Suárez, condenado por parapolítica, y con gran ascendencia en el municipio conurbado a Medellín.

El embajador dijo también que se extrañó cuando, al llegar aquel día al aeropuerto en Medellín, la Policía no le pidió documentos, y que, cuando se presentó como congresista, el agente que lo abordó dijo que estaba al tanto de eso, por lo que, en su opinión, en realidad lo estaban esperando. La fiscal delegada ante la Corte, Marlenne Orjuela, pidió al tribunal que se le imponga al embajador una pena de entre 108 y 132 meses de prisión (entre 9 y 11 años) y una multa de entre 124 y 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (entre 161 millones y 1.950 millones de pesos) por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Una embajada en problemas

Los problemas particulares de Muñoz con la ley llegan en un momento complicado para su cargo como embajador. A raíz de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio, el presidente Gustavo Petro ha pedido la publicación de las actas para verificar y reconocer el resultado de las votaciones, en las que las autoridades venezolanas, pese a las graves dudas de la comunidad internacional, dieron como ganador a Nicolás Maduro. Esa postura lo ha acercado a otros mandatarios de la izquierda latinoamericana, como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, o Gabriel Boric, de Chile. No obstante, lo ha puesto en las antípodas del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, íntimo aliado de Maduro.

El lunes, esas diferencias, que habían creado un ambiente tenso, pasaron a la confrontación directa. Ortega tildó al jefe de Estado colombiano de “arrastrado” y lo señaló de competir con Lula por “representar a los yanquis en América Latina”. El mandatario nicaragüense, señalado de graves violaciones de derechos humanos contra la población de su país, se refería a la intención de los presidentes de Colombia y Brasil de mediar entre el Gobierno de Venezuela y la oposición para buscar una salida negociada a la crisis política en ese país. Petro respondió este martes: “Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras”.

Muñoz, no obstante, también ha estado en el centro de la polémica durante su ejercicio como embajador en Nicaragua. El 7 julio de 2023, participó en una manifestación a favor de la Revolución Sandinista de 1979, de la que el presidente Ortega ha sido líder desde entonces. Portaba una pañoleta y una gorra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del Gobierno y con el que Ortega ha concentrado el poder. Tras participar en la celebración, el diplomático dijo: “Es un pueblo alegre, bonito, amable y, sobre todo, un pueblo que está convencido de su revolución. La verdad es que estoy gratamente sorprendido”. Las declaraciones fueron emitidas en un momento delicado entre Colombia y Nicaragua, que por esos días estaban a la espera de un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo que ha enfrentado a ambos países desde hace décadas.

Días después de esas primeras declaraciones ―que le valieron ser noticia en Colombia y el repudio de la oposición al Gobierno de Petro―, Muñoz volvió a hablar para justificar su presencia en la manifestación: “Es mi obligación como embajador participar en actividades importantes para el Gobierno sandinista, ya que debo hacer presencia estratégica para cuidar los intereses de Colombia en Nicaragua”. La Cancillería colombiana, por entonces dirigida por Álvaro Leyva, en meses anteriores había repudiado la expulsión de centenares de presos políticos de ese país, e incluso ofreció la ciudadanía colombiana a aquellos a los que la nicaragüense se les había retirado. La entidad no consideró suficientes las justificaciones del embajador, que fue citado en Bogotá para dar explicaciones.

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