Contratos injustificados y facturas sin reportar, entre los nuevos hallazgos del Gobierno en tres EPS intervenidas

La reforma a la salud es una obsesión fallida de Gustavo Petro. No ha tenido éxito en que sea aprobada en el Congreso, ha enfrentado multitudinarias marchas en contra y ha perdido algunos miembros de su gabinete. En medio de ese choque, en abril la Superintendencia de Salud intervino tres entidades promotoras de salud (EPS) cuya permanencia o desaparición está en el corazón de la puja. La semiestatal Nueva EPS, la vallecaucana Servicio Occidental de Salud (SOS) y la reconocida EPS Sanitas suman más de 17,6 millones de afiliados y desde entonces están administradas por gerentes interventores designados por la Superintendencia, que es parte del Ejecutivo. La noticia de la intervención, que despertó temor en millones de colombianos y le valió todo tipo de reproches al Gobierno, fue justificada este jueves en la mañana por el superintendente designado por Petro, Luis Carlos Leal, con cifras y datos durante en una rueda de prensa.

Ante las cámaras y mientras era transmitido por los canales de la Presidencia de la República, Leal se paró sobre un atril y comunicó que daría a conocer “los hallazgos más importantes tras la intervención de estas tres EPS”. En una pantalla a sus espaldas se proyectaba el listado de irregularidades que, afirma, encontraron sus equipos, y que seguramente serán objeto de escrutinio y discusión. “Es necesario recordar, además, que estos son diagnósticos fundamentales y serán la base para ese plan de trabajo que tiene que presentar cada uno de los agentes interventores para corregir cualquier tipo de error administrativo en prestación de servicios de salud y garantizar el derecho fundamental a la salud de todas las personas”, aseguró Leal.

Su exposición inició con Sanitas, que es propiedad del holding empresarial Keralty y cuyo equipo jurídico anunció, luego de la intervención, que tomaría acciones legales en contra del Estado colombiano. El superintendente detalló, una por una, las distintas inconsistencias que saltaron a la vista a lo largo de dos meses de escrutinio contable y financiero. Sus señalamientos más fuertes son las pérdidas por más de 400.000 millones de pesos (100 millones de dólares) sin justificación; la destinación de 104.226 millones (cerca de 26 millones de dólares) para sostener la operación de centros médicos, que debían sufragarse con otros recursos; los acuerdos de exclusividad con una firma suministradora de medicamentos, perjudicando la disponibilidad y acceso de 5,6 millones de afiliados; y la existencia de manuales tarifarios paralelos que excedían los costos reconocidos por la ley.

Leal también indicó que Sanitas no contaba con estudios sobre las condiciones de salud de sus afiliados —como su calidad de vida, sus factores de riesgo o sus patologías—, lo que le impedía tomar decisiones basadas en evidencia y optimizar el gasto. “Cuando no se hace una caracterización adecuada, no hay cómo crear un plan para incidir en que la población tenga un adecuado estado de salud”, explicó.

El segundo turno en la rueda de prensa fue para Nueva EPS, que cuenta con 10,8 millones de afiliados y tiene al Ministerio de Hacienda como su accionista mayoritario. Lo primero a lo que se refirió Leal fueron los gastos por 5 billones de pesos (1.250 millones de dólares) que, precisa, no se registraron en los libros contables. “Esto genera múltiples dudas sobre cómo fue el manejo en materia financiera y en los balances que se presentaron a la junta directiva”, declaró. La modalidad para no registrar este monto, dijo, consistía en ocultar las facturas al finalizar el año, para lograr un balance final más favorable, y luego haciéndolas pasar como si fueran del año siguiente. Según el superintendente, actualmente se adelanta una investigación para dar con las razones por las que este mecanismo de ocultamiento no fue identificado previamente. Los demás hallazgos en la EPS de la que son accionistas varias cajas de compensación fueron varios contratos sin legalizar; la ausencia de dictamen del revisor fiscal a los estados financieros de 2023, y el incremento del costo médico en 58,3% durante los últimos dos años.

Solo minutos después de que Leal acabara la rueda de prensa, los miembros de la antigua junta directiva de Nueva EPS —removidos en noviembre del año pasado tras la presión del Gobierno— emitieron un comunicado. En el documento dicen que no conocían de las facturas ocultas, recordando que las consultoras Deloitte y KPMG habían realizado evaluaciones positivas sobre los estados financieros. “[Los reportes] siempre tuvieron calificaciones satisfactorias referentes a la situación financiera y jamás presentaron salvedad alguna sobre la veracidad de los datos e informaciones financieras presentadas por la administración”.

El superintendente cerró su intervención con SOS, la última de las tres EPS en ser intervenida y la más pequeña. Expuso que la entidad, que presta sus servicios en el departamento de Valle del Cauca, no tenía procesos para monitorear los contratos que firmaba, y que desembolsaba los pagos a pesar de que los contratistas no cumplían con las obligaciones pactadas. Además, afirmó que SOS fijó tarifas para algunos procedimientos por encima de los valores permitidos desde 2022, y que tenía una red de prestadores de servicios de salud que era insuficiente para sus afiliados.

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