La extraña muerte de cinco niños sacude al pueblo yukpa

La muerte en extrañas circunstancias de cinco hermanos yukpa, de entre 3 y 15 años, recuerda las difíciles condiciones que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia y Venezuela. La tragedia ocurrió el pasado domingo en la vereda El Limón, en Codazzi, un municipio a poco más de una hora de Valledupar, la capital del departamento del Cesar, y cerca de la frontera entre los dos países sudamericanos. Según contó este martes a Caracol Radio...

La muerte en extrañas circunstancias de cinco hermanos yukpa, de entre 3 y 15 años, recuerda las difíciles condiciones que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia y Venezuela. La tragedia ocurrió el pasado domingo en la vereda El Limón, en Codazzi, un municipio a poco más de una hora de Valledupar, la capital del departamento del Cesar, y cerca de la frontera entre los dos países sudamericanos. Según contó este martes a Caracol Radio Edwar Álvarez Vacca, defensor del pueblo yukpa, el padre de los cinco niños salió de su casa sobre las ocho de la mañana para asistir a una misa. Cuando volvió, a la una de la tarde, encontró a tres de sus hijos muertos. Los dos restantes, relató, estaban muy enfermos. Los trasladó al hospital Agustín Codazzi, en la cabecera del municipio, donde fallecieron esa tarde.

Son varias las hipótesis sobre las muertes de los menores de 3, 7, 11, 13 y 15 años. El secretario de Salud del departamento del Caribe colombiano, Juan Carlos Mindiola, reportó el domingo que los niños consumieron una fruta venenosa que les causó la muerte. “La información es que consumieron una fruta de corozo, que es prohibido comerlo en su comunidad porque puede causar efectos venenosos, y desafortunadamente lo consumieron, motivo por el cual presentaron un cuadro clínico relacionado con intoxicación alimentaria”, dijo a medios. Sin embargo, tanto los voceros de la comunidad yukpa, que suma unas 15.000 personas entre los dos países, como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), han asegurado que se trata de un asesinato múltiple.

Astrid Cáceres, directora de la institución responsable del bienestar de los menores en el país, lo dijo tal cual en un tuit de este lunes. “Repudiamos el asesinato en extrañas circunstancias de cinco niños yupka entre 3 y 15 años (…). Acompañamos la tristeza de la comunidad y esperamos esclarecimiento de los hechos”, declaró.

Álvarez, el representante de los yukpa, explicó este martes en Caracol Radio que el pueblo tiene varias razones para pensar que la tragedia no fue un accidente. Una de ellas es que el padre reportó que encontró a su hija mayor, Cristina de 15 años, con “una herida en la cabeza y su vestido estaba rasgado”. Agregó que la comunidad “fue muy enfática” que personas desconocidas visitaron el pueblo ese día. Profundizó en esa respuesta en Blu Radio. “Hablaban de enemigo y hablaban de guatiya. Guatiya, para el pueblo indígena yukpa, quiere decir una persona fuera de su comunidad, que no hace parte de la etnia yukpa. Y los familiares claramente mencionaron que eso [las muertes] no fue un accidente, sino que algo les hicieron a esos niños”, dijo.

Para el líder yukpa, es imposible que unos niños de su comunidad hayan comido por accidente una fruta venenosa: “Es el único pueblo indígena nómada de la costa Caribe. Tienen unas prácticas de caza, recolección y pesca. (...) Todos los niños que nacen allí a muy temprana edad tienen conocimiento pleno de qué frutos son venenosos y qué frutos no son venenosos”. Con base en estos argumentos, seis gobernadores de la comunidad yukpa solicitaron a la Fiscalía General de la Nación investigar la muerte.

El ente investigador actuó en concordancia y este martes abrió una investigación. En un comunicado, explica que un equipo itinerante del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial, un grupo que se mueve por las regiones del país para investigar las masacres, se encarga de las investigaciones preliminares. Aclara que contará con la asesoría de las personas encargadas de los asuntos indígenas de la entidad y el apoyo de autoridades de las comunidades.

Un caso parecido en 2018

En conversación con este diario, Álvarez denuncia que no es la primera vez que ocurre algo así con los yukpa en Cesar. En diciembre 2018, dos niños murieron en circunstancias similares. Habían salido a cazar y pescar con sus padres a una finca también en Codazzi. Sobre las cuatro de la tarde, los niños se quedaron en una casa, propiedad de un campesino, mientras sus papás se adentraron en el río, en busca de pescado. Cuando volvieron, encontraron a los menores muy mal de salud. Fallecieron esa misma noche. Poco después, cuenta Álvarez, los yukpa quemaron esa finca.

Álvarez y la comunidad sostienen que fueron envenenados por el dueño de la casa, y que las muertes se dieron en medio de una disputa de tierras. “El señor les entregó un veneno en una gaseosa”, alega Álvarez. De acuerdo con información de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el 14 de marzo de 2019 Medicina Legal informó a las autoridades yukpa que “no se podía adelantar el dictamen forense, porque algunos tóxicos después de 24 horas pueden perder el rostro en los cuerpos”. De acuerdo con Álvarez, la investigación sigue abierta en la Fiscalía.

Los yukpa

El pueblo yukpa es oriundo de la Serranía del Perijá, una prolongación de la cordillera de Los Andes que se acerca al Mar Caribe y que separa a Colombia y Venezuela. Su territorio se extiende desde el departamento de Magdalena, en el primer país, hasta el Lago de Maracaibo, en el segundo. Viven en constante movimiento, pues son nómadas, seminómadas y agricultores itinerantes.

El defensor explica que este estilo de vida ha sido impactado mucho en los últimos 30 años por disputas de tierras con campesinos, proyectos de agroindustria palmicultora y proyectos mineros. Muchos yukpa también están desplazados por la violencia. “Los yukpa requieren tierras para cazar, recolectar y pescar. Cada vez tienen menos. Muchos viven fuera de los resguardos porque ya no tienen tierras. Sus territorios les fueron despojados”, afirma.

La Corte Constitucional ordenó en 2017 a la Agencia Nacional de Tierras delimitar el territorio ancestral de los yukpa y ampliar sus resguardos y al Ministerio de Agricultura proteger la zona. Sin embargo, esto todavía no ha ocurrido. En 2023, la misma Corte encontró que “el funcionamiento de las minas impacta la seguridad alimentaria de la comunidad indígena e incide en la aparición de las enfermedades que los aquejan y que han provocado la muerte de niños Yukpa”.

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