El futuro incierto de 65 obras de Prosperidad Social

Las hijas de Alfonso Hernández, dos estudiantes de la institución educativa Antonio Nariño de Montería ―la capital del departamento de Córdoba, donde el sol ardiente del Caribe eleva la temperatura hasta los 40 grados centígrados― llevan años con la ilusión de llegar a un nuevo salón de clases. En condiciones normales, atenderían las lecciones en grupos de máximo 35 estudiantes, pero en cada aula hay hasta 45 alumnos, algunos en medio del calor sofocante. Parte de la institución se demolió en 2020 para dar paso a una ampliación que tardaría 10 meses, y que cuatro años después sigue inconclusa....

Las hijas de Alfonso Hernández, dos estudiantes de la institución educativa Antonio Nariño de Montería ―la capital del departamento de Córdoba, donde el sol ardiente del Caribe eleva la temperatura hasta los 40 grados centígrados― llevan años con la ilusión de llegar a un nuevo salón de clases. En condiciones normales, atenderían las lecciones en grupos de máximo 35 estudiantes, pero en cada aula hay hasta 45 alumnos, algunos en medio del calor sofocante. Parte de la institución se demolió en 2020 para dar paso a una ampliación que tardaría 10 meses, y que cuatro años después sigue inconclusa. Esta es una del centenar de obras contratadas con recursos del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la entidad encargada de cerrar brechas en uno de los países más desiguales de América Latina, que tienen graves retrasos o están suspendidas.

El listado de los proyectos en condiciones más graves, que se extienden por toda Colombia, lo publicó el recién posesionado director del DPS, Gustavo Bolívar, un exlibretista de telenovelas que se convirtió en uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro; en 2022 renunció al Senado de la República argumentando que el salario no le alcanzaba y en 2023 no logró el respaldo de los electores en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá. En el inventario que reveló en su cuenta de X aparecen 65 obras fenecidas, que sobrepasaron a tal nivel los plazos para ejecutarse que el Estado retiró la financiación del contrato para su construcción. Entre 2015 y 2021 el DPS encontró que eso ocurría con vías urbanas y rurales, centros de salud y de atención a adultos mayores, escenarios deportivos y plazas de mercado que ahora mismo podrían estar clasificadas con el rótulo de promesas incumplidas.

La ampliación de la institución educativa Antonio Nariño en Montería, por ejemplo, ha tenido demoras por un sinnúmero de razones. Desde presuntos incumplimientos del contratista y descuido estatal, pasando por el impacto de la pandemia, mayores costos de materiales, problemas de diseños y vencimiento de términos de la interventoría. Se ha visto más tiempo paralizada que en ejecución, como muchas otras. La última vez que se reanudó fue en julio del año pasado, a la espera de que terminara en diciembre. Cumplido el tiempo, lo único que quedó fue otra decepción.

El rector Leonardo Rivera explica a EL PAÍS que el DPS inició el proceso para fenecer los recursos, con lo cual se perdería la posibilidad de continuar con el contrato actual, y habría que reiniciar de cero, lo que significaría más demoras y potencialmente más sobrecostos. “La obra está más o menos en el 78% de avance. Habíamos llegado a un acuerdo para el reinicio en marzo y nos dicen que el Gobierno actual no considera viable reactivar los recursos. Mientras tanto estamos frenados y en eso se está violando el derecho a la educación”, expresa.

El mismo contrato contempla las ampliaciones de otros dos colegios de Montería que también están suspendidas. La institución educativa La Ribera tuvo que pedir salones prestados en otro centro educativo los lunes, miércoles y viernes. Los dos días restantes solo hay clases virtuales. Entre tanto, en la institución Camilo Torres cambiaron de jornada y de sede a algunos de sus estudiantes como medida de contingencia. Entre los tres planteles suman alrededor de 900 alumnos afectados.

Hernández, presidente de la junta de padres de familia del colegio Antonio Nariño y padre de dos alumnas de grados séptimo y noveno, dice que los falsos anuncios han aumentado la desconfianza. “Los padres de familia están muy descontentos porque todos los años están esperando. Ya uno no sabe ni qué respuesta darles sobre la fecha de entrega de la obra. Hay padres que han decidido retirar a sus hijos porque les queda imposible estar llevándolos a distintas jornadas. Los alumnos también están cansados”, lamenta.

Los retrasos también alteran la labor docente en aulas con sobrecupo. “A los maestros les toca trabajar mucho más para poder mantener la atención de los estudiantes en medio del ruido por estar mezclados con otros niños de primaria. El esfuerzo es muy grande y los resultados no van a ser igual de satisfactorios que si tuvieran todas las condiciones”, agrega el rector Rivera. Situaciones como esta reflejan problemas reales y desatendidos que inciden en los puntajes de Colombia en las pruebas PISA, alejados del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De las 65 obras sociales que figuran como fenecidas, 16 quedaron con avances entre el 3% y el 33%, 25 con ejecución entre el 33% y 63%, y las 24 restantes con un avance promedio del 79%. Bolívar, el nuevo director del DPS, anticipó decisiones. “Me propongo reactivar las obras paralizadas que tienen altos porcentajes de ejecución y recuperar los recursos públicos en aquellas abandonadas por los contratistas”, sostuvo en redes sociales. Contactado por EL PAÍS para este artículo, dijo que se pronunciaría de fondo una vez finalice el proceso de empalme, sin establecer fecha. Se posesionó en el cargo el pasado 5 de marzo.

A Bolívar lo antecedieron dos directoras del Departamento de Prosperidad Social del actual Gobierno. Ellas fueron Cielo Rusinque, ahora superintendente de industria y comercio, y Laura Sarabia, recién nombrada como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El exsenador ha precisado que los retrasos de las obras vienen desde la Administración del expresidente Iván Duque, y que sus compañeras de Gobierno iniciaron las auditorías internas que han puesto sobre la mesa el reciente balance.

Antes de Sarabia y de Rusinque, estuvo como director encargado Julián Andrés Prada, un abogado que venía de ser el secretario general y subdirector con el político uribista Pierre García Jacquier. El exrepresentante a la Cámara por el Tolima, hijo del expresidente del Congreso de la República, Carlos García Orjuela, es investigado por la Fiscalía en el escándalo conocido como Las Marionetas, un entramado de corrupción que direccionaba contratos estatales con el concurso de congresistas y funcionarios a cambio de coimas.

De recibir la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz con Placa de Oro, atribuida a sus aportes a la superación de la pobreza como cabeza del DPS, y una condecoración de manos del expresidente Duque ―días antes de terminar su gestión― por el mismo motivo, García pasó a ser imputado por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos en diciembre pasado. Según la Fiscalía, el exdirigente habría aprovechado su cargo para orientar de manera irregular la celebración de un contrato por 48.660 millones de pesos (12 millones de dólares) con Proyecta, la empresa para el desarrollo territorial del Quindío, así como otros proyectos de infraestructura en los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca.

Las denuncias de corrupción que salpican a la entidad de la que dependen las transferencias monetarias a más de 10 millones de beneficiarios de programas sociales y que maneja un presupuesto anual de 10,7 billones de pesos (2.600 millones de dólares), han abierto un nuevo frente de controversia entre la administración de Gustavo Petro y la de su antecesor de derecha. Ante las acusaciones de Bolívar, la directora de la entidad entre agosto de 2018 y marzo de 2022, la excongresista uribista Susana Correa, ha salido en defensa de su gestión. Le ha señalado a Bolívar que está hablando de un empalme cuando el actual Gobierno cumple 19 meses. “Si las obras que contrataron están paralizadas, es por la ineficiente gestión de sus dos predecesoras (…) No entiendo entonces cómo su predecesora, Cielo Rusinque, dijo que inauguró 122 obras de infraestructura social. La coherencia y la ejecución les ha quedado grande”, cuestionó.

La Contraloría General de la República, que ha hecho inspecciones al DPS por el escándalo de Las Marionetas, informó a este periódico que próximamente anunciará acciones frente a las obras atrasadas. Mientras tanto, la espera se prolonga en los territorios. “El llamado es que se pongan la mano en el corazón y vean la necesidad tan grande que tenemos para que la obra llegue a feliz término”, concluye Hernández, el padre de familia.

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