Del narco a los afro: la simbólica entrega de tierras incautadas en el norte del Cauca

“En estas mismas tierras, a lo largo y ancho, los paramilitares prácticamente nos tuvieron secuestrados”. Con esta dura frase abrió el evento de entrega simbólica de tierras el mayor Armando Caracas, del Consejo Comunitario de la Microcuenca Río Teta y Mazamorrero. Alrededor de 700 pobladores del municipio de Buenos Aires y sus alrededores, en el departamento del Cauca, lo escuchaban y se preparaban para recibir de voz del presiden...

“En estas mismas tierras, a lo largo y ancho, los paramilitares prácticamente nos tuvieron secuestrados”. Con esta dura frase abrió el evento de entrega simbólica de tierras el mayor Armando Caracas, del Consejo Comunitario de la Microcuenca Río Teta y Mazamorrero. Alrededor de 700 pobladores del municipio de Buenos Aires y sus alrededores, en el departamento del Cauca, lo escuchaban y se preparaban para recibir de voz del presidente Gustavo Petro el manejo de un predio 387 hectáreas que ahora será administrado por las comunidades cimarronas de la Asociación Gremial Regional para el Desarrollo Campesino Nortecaucano (ARDECANC).

Por años, las tierras donde se ubica el predio entregado este miércoles estuvieron bajo el control del temido Bloque Calima, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa facción paramilitar ejerció control a sangre y fuego en los departamentos de Huila, Valle del Cauca y Cauca desde 1999 hasta 2004. Durante esos años fueron autores, entre otras, de la masacre de El Naya, que dejó un centenar de muertos en Buenos Aires y en el vecino Jamundí. Aunque las AUC se desmovilizaron en 2005, incluido dicho bloque, la región continúo siendo un corredor estratégico para el narcotráfico por su ubicación, que sirve como ruta hacia el Pacífico o hacia el país vecino de Ecuador.

Ese entronque con el narcotráfico llegó directamente a esas 387 hectáreas. La Fiscalía ha señalado que allí funcionaba la Sociedad Gavigan, una empresa fachada usada para lavar dinero del narcotráfico. Por ese delito será extraditada a Estados Unidos Belcy Gómez Murcia, la Señora, que hasta el mes de agosto manejaba ‘La Casa de Zinc’, el nombre que en la zona le dan a esos terrenos.

La captura de Gómez Murcia llevó a que ese territorio, de un tamaño diez veces mayor al del parque Simón Bolívar de Bogotá, pasara a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad del Estado encargada de manejar los bienes incautados. La SAE, siguiendo las indicaciones del presidente de usar esos bienes para la economía popular y en favor de organizaciones de base, lanza allí un laboratorio de lo que han llamado una revolución agroindustrial para la paz. Se trata de un modelo que busca promover que las comunidades se conviertan en “gerentes populares” y administren lo que antes perteneció a las mafias y la ilegalidad.

La idea es que no lo hagan solos; el Gobierno pretende impulsar una serie de alianzas con actores públicos, populares y privados. En este primer caso, además de la Asociación Gremial como depositaria de los predios, participan la Fundación para el Mercadeo del Campo FUNDAMERCA como administradora de la sociedad, y la multinacional estadounidense Cargill, que tenía un contrato desde antes de la incautación para usar el espacio como lugar de cría de 400.000 pollos. La multinacional mantiene ese negocio y firmará un nuevo contrato con FUNDAMERCA para sacar adelante el proyecto avícola. Con esta iniciativa, el Gobierno espera beneficiar a más de 12.000 personas que componen el Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca. Además, busca que en paralelo inicien cultivos de plátano, yuca y café.

Este miércoles, después de varias horas de espera y en medio de marimbas y bailes, Petro llegó al evento de la entrega para darle cierre y subrayar la importancia que tiene en la estrategia del Gobierno. Tras escuchar a algunos líderes locales, les entregó a los representantes de las organizaciones comunitarias un cheque simbólico. “Tenemos que demostrar que la transformación del territorio sí es posible. El lugar donde la mafia tomaba sus decisiones oscuras, hoy se lo entregamos a las comunidades”, manifestó.

Después, el mandatario se refirió a su ambiciosa meta de entregar al menos 3 millones de hectáreas a familias campesinas en el marco de la Reforma Agraria, parte de un compromiso que asumió el Estado desde cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo con las extintas FARC en 2016. Sin embargo, el mandatario también sostuvo que teme que la cifra de 3 millones “sea ilusoria” y no logre entregar esa totalidad durante su gobierno. En ese sentido, aseguró que en un año ya han formalizado 48.000 hectáreas. La cifra de las tierras formalizadas ha tenido en apuros a la Agencia Nacional de Tierras que ha sido acusada por otras entidades de inflar los números.

Para subrayar la importancia simbólica de una entrega que el Gobierno espera que sea la primera de muchas, otros altos funcionarios del Ejecutivo estuvieron presentes en el evento que tomó toda la tarde. Estaban la directora de Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, y el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, quien es un líder indígena de esa zona del Cauca, una de las más azotadas por el conflicto y que ha visto una fuerte lucha por la tierra entre indígenas, afros, campesinos y terratenientes.

Ese significado de la geografía quedó enfatizado en el evento cuando se anunció que la Agencia de Renovación del Territorio destinará 3.600 millones de pesos (unos 900.000 dólares) para construir una Casa de la Memoria en el municipio. La meta, dijo, es que a la par del proyecto productivo se refuerce la construcción de paz en una población en la que persisten cruentas disputas territoriales y hacen presencias grupos armados ilegales.

El reclamo de lograr la paz, de hecho, no lo olvidaron los presentes: “Les decimos a los actores que están en negociaciones que las comunidades estamos cansadas de vivir en la guerra. Continúen dialogando, queremos vivir en paz”, insistió el líder Caracas. El grupo ilegal con mayor presencia en la zona, la columna Jaime Martínez, hace parte de las disidencias agrupadas alrededor de Iván Mordisco, conocidas como Estado Mayor Central o EMC. Bajo esa sombrilla están en un todavía naciente proceso de negociación con el Gobierno, que si bien ha sido uno de los más atropellados y con altibajos, ha logrado dar pasos adelante como el anuncio, un día antes del evento, de la instalación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

La esperanza que traen esos anuncios, y sobre todo la entrega del terreno y el proyecto avícola, se notó en las palabras de Gerardina Mina, una mujer de unos 70 años de una vereda vecina. “Acá todos somos víctimas, nadie puede decir que no lo tocó la guerra. Solo a mí me desaparecieron varios familiares”, cuenta, a la vez que se declara entusiasmada con un proyecto que, considera, es una oportunidad para darle empleo a la gente de la comunidad. “Realmente esto no lo esperábamos. Ojalá esta sea la puerta de entrada para que lleguen más oportunidades para todos”, sostiene en entrevista con EL PAÍS. “Hasta para una vendedora de dulces de corozo como yo”, explica mientras sonríe.

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