Los combates entre disidentes de las FARC y el ELN desplazan a más de 1.000 indígenas en Nariño
Los enfrentamientos obedecen a disputas territoriales entre ambos grupos y han causado heridas a varios civiles, según denuncias de la comunidad
Cerca de 1.400 indígenas del resguardo Awá El Sande, en los municipios de Samaniego y Santacruz (Nariño), han sido desplazados debido a los combates entre el Frente Franco Benavides, que forma parte del Estado Mayor Central (la máxima disidencia de las FARC, al mando de Iván Mordisco), y el Frente Comuneros del Sur, del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los enfrentamientos obedecen al deseo de la disidencia de la desmovilizada guerrilla de...
Cerca de 1.400 indígenas del resguardo Awá El Sande, en los municipios de Samaniego y Santacruz (Nariño), han sido desplazados debido a los combates entre el Frente Franco Benavides, que forma parte del Estado Mayor Central (la máxima disidencia de las FARC, al mando de Iván Mordisco), y el Frente Comuneros del Sur, del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los enfrentamientos obedecen al deseo de la disidencia de la desmovilizada guerrilla de ingresar en esa subregión del sur de Colombia para recuperar el control de varios lugares antes dominados por el antiguo grupo insurgente y que hoy son dominados por el ELN.
La situación fue advertida por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana emitida en julio de 2023. En ella señaló que era inminente que ocurrieran esas confrontaciones y que hubiera un “endurecimiento de las presiones y estigmatización sobre la población y sus liderazgos por parte de ambos grupos ilegales”. Los combates empezaron el 13 de septiembre y continuaban hasta este viernes, según confirmó Harold Montufar, defensor de derechos humanos de Samaniego.
Los desplazados se asentaron en el polideportivo de Samaniego, según informó el gobernador indígena del Resguardo de El Sande, Juan Carlos Meneses. La comunidad denunció en redes sociales que hay personas heridos como consecuencia de los combates, lo que constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que protege a los civiles de las acciones de los grupos armados. En las veredas Claraval y Campoalegre, varias familias están confinadas y “han puesto banderas blancas para que los grupos armados no ataquen”, detallan en su denuncia.
Los desplazados han hecho dos peticiones: que se les haga llegar de manera urgente implementos de aseo, comida, colchonetas, y que el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, junto al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hagan presencia en la región para mediar entre los grupos armados, y que permitan a los civiles retornar a sus hogares sin ser atacados. Estos combates son nuevos, dice Meneses, pues no se habían presentado en este año, lo cual los deja en una situación de alerta y riesgo.
Ambos grupos en disputa, tanto las disidencias como el ELN, están en diálogos con el Gobierno Nacional. De hecho, la guerrilla está en un cese el fuego vigente con las Fuerzas Militares. Sin embargo, este cese no aplica para las disputas entre los grupos armados, lo que afecta a la población que queda en medio de esas confrontaciones.
A esto se suman las amenazas que recibieron los alcaldes de Samaniego y Los Andes, el pasado 12 de septiembre, por parte de las disidencias de las FARC. Así lo denunció en su cuenta de X ―antes Twitter― el gobernador de Nariño, Jhon Rojas. Por medio de un video, el grupo armado los señala, junto al ELN, de ser los responsables de los desplazamientos masivos. “Somos testigos de que los alcaldes lo que han realizado es la atención humanitaria de más de 2.000 personas que han sido desplazadas por enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN (…). No podemos permitir que esto suceda en nuestro departamento”, escribió el mandatario.
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