Los pescadores de San Andrés piden a Colombia un acercamiento a Nicaragua

La comunidad raizal en el archipiélago de San Andrés ocupó el jueves un lugar importante en las celebraciones del Gobierno colombiano por la victoria contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Pero la sentencia en La Haya está lejos de ser el final de los reclamos de esta comunidad de pescadores, de origen afrocaribeño y protestante. Cuatro asociaciones emitieron el jueves un comunicado conjunto para pedir a Colombia que se cree una comisión de a...

La comunidad raizal en el archipiélago de San Andrés ocupó el jueves un lugar importante en las celebraciones del Gobierno colombiano por la victoria contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Pero la sentencia en La Haya está lejos de ser el final de los reclamos de esta comunidad de pescadores, de origen afrocaribeño y protestante. Cuatro asociaciones emitieron el jueves un comunicado conjunto para pedir a Colombia que se cree una comisión de acercamiento con Nicaragua. “Nuestra soberanía alimentaria está en juego si la pesca ilegal y foránea continúa depredando nuestros mares”, denuncian respecto a la necesidad de resolver problemas transfronterizos que van más allá de la nueva sentencia.

Los dos fallos previos de la CIJ, en 2012 y 2022, son las que afectaron más de cerca a los raizales. El territorio que tenían se fragmentó tras la primer sentencia: la soberanía de las islas quedó en manos de Colombia, pero el tribunal reconoció a Nicaragua una mayor extensión de zonas marítimas circundantes que las que tenía inicialmente. Después, el segundo fallo declaró que el país sudamericano había violado los derechos soberanos de su vecino centroamericano por continuar con actividades de pesca y patrullaje en áreas que ahora la Corte reconocía como nicaraguenses. Además de ordenar un cese inmediato, el tribunal pidió que ambas partes establecieran un diálogo y llegaran a un acuerdo.

Los raizales denuncian desde hace años que tienen dificultades para pescar en zonas que históricamente les pertenecieron y que ahora están bajo la jurisdicción del país centroamericano. Asimismo, afirman que la pesca ilegal se ha apoderado de la zona.

El comunicado del jueves pide la “integración efectiva de los pueblos afrocaribeños y anglófonos” y la reunificación y ampliación de la Reserva de la Biosfera Seaflower. “Esperamos que las fronteras entre estados no se sigan poniendo por encima de las necesidades de pueblos originarios que habitan la tierra y el mar en cuestión”, se lee en el texto que firman la Federación de Pescadores de Providencia y Santa Catalina, la Asociación de Pescadores Artesanales de San Andrés, el Raizal Survival Movement y el Raizal Youth.

El problema es que un diálogo entre ambas partes es poco probable, pese a la exigencia de la CIJ el año pasado. Colombia nunca ha tenido un clima político favorable a la negociación, ni siquiera con el actual mandatario de izquierdas, Gustavo Petro. Es un punto sensible para la ciudadanía, como recordó el jueves el expresidente Iván Duque en un mensaje en Twitter: “La postura de la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse. Los límites de la patria sólo pueden modificarse por un tratado ratificado por el Congreso. No se debe ceder un milímetro de territorio”. La situación no es mucho mejor en Nicaragua, que hasta ahora no ha realizado compromisos posteriores a sus victorias judiciales en la CIJ.

Los pescadores raizales celebraron la sentencia que el jueves negó las pretensiones del país centroamericano de extender su plataforma continental hasta el punto de sobreponerla con la zona económica exclusiva de su vecino. “Hemos recibido con gran atención y expectativa el fallo”, dice el comunicado. No obstante, enfatizaron en que aún esperan la apertura de espacios de diálogo con la otra parte. “Nuestra familiaridad con el pueblo creole de Nicaragua debe ser promovida por una política de Estado de integración hacia el Caribe”, señalan. Según ellos, una Comisión bajo el liderazgo raizal habilitaría “una hoja de ruta para la integración”.

Los raizales también cuestionan al Estado colombiano por no darles un lugar más protagónico en las negociaciones. “Los años de litigio han impedido que se nos escuche con atención”, subrayan. Sin embargo, el nuevo Gobierno sí incorporó algunas voces de la comunidad en las discusiones en La Haya. Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales, se crio en Providencia y se convirtió a finales del año pasado en la primera mujer raizal en ser coagente de la defensa jurídica del país.

El Ejecutivo, por su parte, reivindica que el final de los más de 20 años de litigios en La Haya va a beneficiar a los raizales. “Esto abre el camino para enfocarnos en mejorar las condiciones de vida del pueblo raizal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, dijo el jueves en Twitter la vicepresidenta, Francia Márquez. Algo similar expresó el canciller, Álvaro Leyva, que remarcó durante un acto en San Andrés que ahora el Ejecutivo podrá enfocarse en otros asuntos prioritarios para las islas: “Podemos pensar tranquilos en temas como más educación, más empleo y más bienestar”.

El presidente se refirió específicamente a los raizales en un mensaje que publicó en Twitter en la tarde del jueves, unas horas después de una celebración inicial que era más genérica. “Es hora de iniciar la gran confederación de los pueblos anglófonos del caribe”, comentó. Es un desafío significativo, que reclama pasos concretos. Sin embargo, los raizales tienen expectativas: “Como pueblo Raizal expresamos una vez más nuestro optimismo ante el fin de la controversia Colombia-Nicaragua que fragmentó nuestro territorio”.

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