Seguridad humana: un cambio de doctrina

Es de fondo, es cuestión de vida o muerte, uno de los debates de hoy en Colombia: ¿Cuándo y de qué manera se debe usar la fuerza del Estado? ¿Deben la Policía y el Ejército actuar siempre usando armas con el riesgo de que eso cueste vidas? ¿Se pueden enfrentar de otra manera los brotes de violencia cuando surgen en la protesta social? ¿Cuál es el límite tolerable de una agresión a la fuerza pública antes de responder con la fuerza?

El debate no es nuevo y ha escalado de nivel por una investigación judicial....

Es de fondo, es cuestión de vida o muerte, uno de los debates de hoy en Colombia: ¿Cuándo y de qué manera se debe usar la fuerza del Estado? ¿Deben la Policía y el Ejército actuar siempre usando armas con el riesgo de que eso cueste vidas? ¿Se pueden enfrentar de otra manera los brotes de violencia cuando surgen en la protesta social? ¿Cuál es el límite tolerable de una agresión a la fuerza pública antes de responder con la fuerza?

El debate no es nuevo y ha escalado de nivel por una investigación judicial. Tiene que ver con el episodio de los Pozos, en San Vicente del Caguán, cuando un policía y un campesino murieron y un grupo de agentes quedó en poder de manifestantes. El presidente Gustavo Petro dio la orden a la fuerza pública de no intervenir para evitar mayor violencia y una eventual masacre. Luego de esos hechos un juez de instrucción penal militar ordenó la captura del coronel Javier Antonio Castro, comandante de la Policía de Caquetá, quien no se presentó a la indagación en la que debía responder por posible omisión al no atender el pedido de auxilio de los integrantes del Esmad que estaban en la zona enfrentando los disturbios. Si bien la orden de captura se revocó luego de conocerse que el coronel no acudió a la citación por la muerte de su padre, la investigación sigue y todo este episodio merece una lectura detallada.

El presidente Gustavo Petro respondió ante esa orden de captura con una serie de trinos en Twitter y en el primero de ellos asumió toda la responsabilidad por el manejo que se dio a la crisis: “Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá”. Después escribió “No quiero jueces que presionen que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos, o se masacre a los manifestantes”, y expresó su decisión de enfrentar cualquier acción judicial.

El presidente ha planteado como base de su política de seguridad la defensa de la vida y con esa meta toma decisiones que a muchos no gustan porque un amplio sector del país ha considerado que el “orden” se impone a cualquier precio. En el paro del 2021 decenas de personas murieron y muchos jóvenes perdieron uno de sus ojos en la respuesta de la fuerza pública a los disturbios y bloqueos. En esta mirada prima controlar el caos y atajar los brotes violentos, sin importar si en el camino mueren uniformados y civiles. Los unos elevados a la categoría de héroes y los otros calificados como “buenos muertos” por ser “terroristas” o “criminales”.

Esa guerra constante y persistente que vivimos en Colombia desde hace décadas ha convertido cualquier hecho de violencia, sea grande o pequeño, en un acto de guerra, en la acción de un enemigo que se debe combatir con toda la contundencia de las armas del Estado. En las guerras se pierden las escalas, los niveles y la capacidad de valorar la vida porque al final, para que se pueda combatir, hay que convencer a todos de que hay un bien mayor, una patria que defender, un ideal o una bandera y así es más fácil salir a matar o morir.

El asunto que cuesta ver es que no toda violencia es un acto de guerra, aunque los criminales de todo tipo se atraviesen en muchos lugares y situaciones. La complejidad del conflicto, a la que se suman los mil problemas sociales atascados, las economías ilegales, los grupos armados políticos o comunes, hace casi imposible diferenciar estrategias para combatir las distintas violencias.

Al final lo que plantea Gustavo Petro es un cambio de política, de estrategia, de concepción del Estado de Derecho y de lo que significa el ejercicio de la autoridad. Esa nueva doctrina es retadora, porque si bien es destacable la determinación política de salvar vidas como prioridad, mantener la decisión en momentos de tensión no es nada fácil y puede llevar a situaciones extremas a las fuerzas del Estado como ocurrió en Los Pozos.

Quedan muchas preguntas desde lo jurídico y lo político. ¿Debe responder el subalterno por seguir la instrucción del comandante en jefe? Desde la Justicia Penal Militar nos explicarán los expertos qué pasa con la obediencia debida y hasta dónde llega y cuando se puede desafiar. Desde lo político la pregunta es si debe y puede la justicia militar controvertir de alguna manera la decisión presidencial que cambia una doctrina militar. ¿Le corresponde hacerlo?

Llevamos años discutiendo sobre el papel de las Fuerzas Militares y de policía, sus excesos, sus deficiencias y también sus grandes logros y sacrificios porque no es poca la sangre que han puesto en el cumplimiento de su tarea. Entre episodios como el de Los Pozos, que en cualquier momento se puede repetir, y los retos de la controvertida Paz Total, el Gobierno de Petro se juega una de las bases de su mandato: la Seguridad Humana. Solamente el tiempo dirá si con ella logra salvar más vidas y proteger mejor a las personas que hoy viven bajo la presión de todo tipo de violencias. La seguridad es una preocupación prioritaria para millones de personas.

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