Los ‘dragones’ que hunden la paz total con el Clan del Golfo

La paz total con el Clan del Golfo está gravemente herida. El grupo armado ilegal que intenta negociar con el Gobierno de Gustavo Petro ha tensado tanto la cuerda en el Bajo Cauca, región del nordeste de Antioquia, confinando a 11 municipios y atacando el acueducto de Tarazá (48.000 habitantes), que el presidente ha tenido que reaccionar. “El Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso al sometimiento colectivo a la justicia que se estaba preparando jurídicamente. Prefir...

La paz total con el Clan del Golfo está gravemente herida. El grupo armado ilegal que intenta negociar con el Gobierno de Gustavo Petro ha tensado tanto la cuerda en el Bajo Cauca, región del nordeste de Antioquia, confinando a 11 municipios y atacando el acueducto de Tarazá (48.000 habitantes), que el presidente ha tenido que reaccionar. “El Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso al sometimiento colectivo a la justicia que se estaba preparando jurídicamente. Prefirió privilegiar los negocios”, dijo el mandatario, al poner en duda que sigan los acercamientos con esa organización ilegal. Se refiere al boyante negocio del oro.

Petro, así como el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha dicho que el Clan del Golfo violó el cese al fuego. La realidad, como lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo y lo confirma el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, es que ese grupo ya venía reclutando, extorsionando y atemorizando a las poblaciones. “Ya lo habían violado. Pero lo que ha ocurrido en el Bajo Cauca es de tal gravedad que tiene todo el tamaño para poner en crisis o enderezar la paz total”, dijo el gobernador Gaviria en conversación con EL PAÍS.

La situación que explotó la crisis se puede ver desde el aire. La minería de dragas ilegales ha hecho enormes boquetes a la tierra y contaminado los ríos con mercurio. Según el Gobernador, el departamento asiste “a la más grande destrucción ambiental de su historia” y detrás de ella está el Clan del Golfo, principalmente, aunque también otros grupos armados. Solo en esa región del Bajo Cauca y el nordeste se han perdido entre 10.000 y 15.000 hectáreas de naturaleza por la minería ilegal.

Los dragones, como son conocidas las enormes maquinarias que extraen el oro, comenzaron a ser destruidos por la Fuerza Pública, y un día después se anunció un paro minero. Los manifestantes reclamaban que se formalice la minería artesanal y que no se destruya la maquinaria que utilizan. Pero después de una semana de protestas que se habían anunciado como pacíficas, escaló la violencia.

No solo se intensificaron los bloqueos que ocasionaron desabastecimiento alimentario y de dificultades en el suministro de medicamentos, sino que fueron atacadas ambulancias. Las pruebas de que el Clan del Golfo presionaba a manifestantes comenzaron a aparecer a través de whatsapps, llamadas y mensajes que recopilaron las autoridades. También las evidencias de que los integrantes de ese grupo pagaban a manifestantes para participar de los bloqueos, asegura Gaviria.

A pesar de que la paz total es una apuesta central del Gobierno, la evidencia se hizo tan clara que tanto el ministro Velásquez como el presidente tuvieron que salir al paso. “Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, declaró el presidente en Twitter.

Para el analista Luis Fernando Trejos lo ocurrido en el Bajo Cauca debe leerse en el “marco de la improvisación de la paz total”, porque el Gobierno comenzó acercamientos sin claridad sobre con qué grupos negociaría el sometimiento a la ley, en el que se otorgan beneficios judiciales a cambio de aportar verdad, y con cuáles negociaría acuerdos de paz, que permiten pactar más asuntos.

“Es un regulador de la economía informal del oro, además del narcotráfico. Lo leo como una presión al Gobierno nacional para obtener reconocimiento de estatus político”, dice Trejos, profesor del Centro de Pensamiento de UNCaribe. En los últimos días el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, ha dicho que ese grupo buscará reconocimiento político, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha insistido en lo mismo.

El Clan del Golfo surgió en la zona de Urabá y Córdoba, bastión histórico de los grupos paramilitares, y también se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Pero tanto el presidente Petro como analistas explican que no son paramilitares aunque sean como sus “hijos” porque surgen de los problemas de implementación de la desmovilización de las Autodefensas en 2004. “El Clan del Golfo no es lo mismo que los paras porque no tienen respaldo estatal. Sus vínculos con la política son más a través del soborno a funcionarios, uniformados y civiles. Su actividad central es el traqueteo, exportar cocaína y las economías ilegales”, dijo el presidente.

Sin embargo, admite que tienen “capacidad de desestabilización”. Así lo demostraron en 2021 cuando paralizaron durante cuatro días zonas enteras del norte del país durante el Gobierno de Iván Duque. Ese paro se dio como respuesta a la cinematográfica detención y extradición su exjefe Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Para ese momento se creía que tenían 3.300 miembros, pero el Gobierno actual habla hasta de 9.000 hombres armados.

El Clan del Golfo tiene guerras abiertas con distintos grupos como el ELN y las Autodefensas de la Sierra Nevada, en Chocó y en el Caribe colombiano, entre otros. Y tiene distintos negocios de rentas ilegales, por lo que analistas como Reynell Badillo, del Centro de Pensamiento UNCaribe, dice que no puede entenderse como un cartel del narcotráfico tradicional sino un “cluster del crimen”.

En el Bajo Cauca, la participación del Clan del Golfo en la minería es total. “Con ellos se dio un gran cambio en la lógica de control del oro. Todos los grupos anteriores (FARC, ELN, Bloque Mineros) habían ejercido de algún modo una regulación del mercado, pero las AGC controlan toda la cadena. No hay un gramo de oro que se mueva en el Bajo Cauca sin su autorización”, explica Daniel Bonilla, investigador y autor de la tesis Gobernanza criminal de la minería del oro en la región del Bajo Cauca y en el municipio de Buriticá, (Antioquia). Su lectura es que se trató de un movimiento “tosco” de parte del Clan del Golfo que los pondrá en la mira de la estrategia de militarización contra la minería ilegal y le da maniobrabilidad al presidente Petro. “Hay una militarización de la lucha contra la minería ilegal. Un copy paste de la estrategia de la guerra contra las drogas”, explica.

Las perspectivas no son optimistas y se teme más violencia, bien sea que el Gobierno apueste por la militarización o porque el Clan del Golfo decida redoblar la apuesta. El gobernador coincide en que este grupo ha optado por la violencia para “mostrarse fuerte y ganar capacidad de negociación”. “Es mejor que se aproveche esta crisis para hacer los ajustes en la paz total. Sin fórmulas de verificación y sin compromiso para dejar de delinquir, y continuar con sus finanzas eso no va para ningún lado”, dice Gaviria. El presidente anunció que está estudiando qué hacer con este grupo ilegal en la paz total.

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