Contrapoder

Hay momentos en todo Gobierno que marcan un antes y un después. La semana que acaba de terminar representa para la administración de Gustavo Petro ese momento. Y no fue el cuestionado remezón ministerial, o una de las mayores crisis del transporte aéreo, o incluso el trágico secuestro de 79 policías. Ni siquiera las delicadas denuncias en contra de miembros de la familia presidencial. El verdadero punto de inflexión lo marcaron las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Quizás es muy pronto para anticipar el efecto que tendrá la cascada de acontecimientos polític...

Hay momentos en todo Gobierno que marcan un antes y un después. La semana que acaba de terminar representa para la administración de Gustavo Petro ese momento. Y no fue el cuestionado remezón ministerial, o una de las mayores crisis del transporte aéreo, o incluso el trágico secuestro de 79 policías. Ni siquiera las delicadas denuncias en contra de miembros de la familia presidencial. El verdadero punto de inflexión lo marcaron las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Quizás es muy pronto para anticipar el efecto que tendrá la cascada de acontecimientos políticos, económicos y sociales que han puesto a prueba la legitimidad y credibilidad de la administración. Lo que sí es seguro, es que a partir del lunes el mandato del presidente Petro tendrá otro tono. Y lo tendrá porque la justicia se ha hecho sentir como un verdadero contrapoder. Ese mismo que bajo ciertas circunstancias emerge para garantizar y preservar el estado de derecho, el orden constitucional y los fundamentos mismos de la democracia.

Primero se conoció la decisión del Consejo de Estado que suspendió de manera provisional y cautelar los efectos del decreto mediante el cual el presidente asumía las funciones de las comisiones reguladoras, y así, poder entrar a revisar el marco tarifario de los servicios públicos. Al margen de que esta providencia represente un duro golpe a la popular intención del primer mandatario de intervenir el costo de las facturas de energía, debe por encima de todo entenderse como un campanazo de alerta y una señal de que se revisará con lupa cada decreto o norma que pretenda rediseñar el alcance de las competencias del ejecutivo.

Pero tal vez, el fallo de la Corte Constitucional es más llamativo aún. La decisión de poder suspender cautelarmente la aplicación de una norma que implique un daño irremediable al ser considerada manifiestamente contraria a la Constitución, no tiene precedentes. El viraje jurisprudencial que ha adoptado el alto tribunal se constituye como una innovación que adapta los mecanismos de control que tiene la Corte para frenar en seco cualquier atisbo de amenaza a la integridad de la carta política.

La Corte Constitucional en su decisión ha demostrado que, lejos de ser notaria de meros silogismos jurídicos, es una barrera de contención que se configura eficazmente para preservar los valores constitucionales. Y no es, como muchos piensan, un golpe a la institucionalidad, ni el producto de una decisión motivada por oscuras conspiraciones en contra del “cambio” y de las ideas progresistas. Todo lo contrario. El tribunal constitucional -por lo demás uno de los más sofisticados del mundo- ha sido quien ha impulsado mediante la evolución y adaptación de sus instrumentos de control, la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales en Colombia. Baste ver el impacto que su jurisprudencia ha tenido en la reforma a la política penitenciaria mediante la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales; o el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado a través de sus autos de seguimiento; o qué decir del transformador impulso al acceso a la salud como derecho fundamental mediante su control de constitucionalidad y los mecanismos de amparo.

Muchos olvidan que fue la misma Corte, en un ejercicio pretoriano, la que en 1992 invocó la potestad de revisar la constitucionalidad de la declaratoria de conmoción interior y los estados de excepción; mecanismos usados para legislar por decreto desconociendo muchas veces la necesaria separación de poderes, el estado de derecho y la democracia misma. Olvidan tantos otros críticos que la decisión en ciernes no es el resultado de un veto con tintes políticos sino el reconocimiento que el mismo tribunal ha hecho de la inocuidad que representa no poder frenar rápido y en seco iniciativas lesivas al orden constitucional, como lo fueron, por citar tan solo algunos ejemplos, la suspensión de la ley de garantías o las facultades extraordinarias inconstitucionalmente adoptadas por el ex presidente Duque durante la pandemia.

La Corte Constitucional ha creado un nuevo mecanismo de control. Uno que fortalece su función como garante de la constitución y que no es un brote improvisado o un atentado contra el primer gobierno progresista; de hecho, lo seguirá usando pasado este gobierno y todos los que le sigan. Este nuevo mecanismo, producto de la evolución adaptativa de la Corte Constitucional, se convertirá en una garantía de estabilidad sin miramientos de carácter político o ideológico.

El contrapoder entonces no está en la facultad que ahora tiene la Corte de suspender cautelarmente normas abiertamente violatorias de la Constitución. El verdadero contrapoder reside en el ejercicio de auto-restricción que se le exigirá en adelante a los Gobiernos para que sus proyectos y propuestas cuenten con ese mínimo respeto constitucional que le da vida y define a nuestro Estado. La Corte Constitucional al término del procedimiento siempre puede expulsar la ley cuya inconstitucionalidad declara. Ahora, con la medida cautelar de suspensión desde el inicio del procedimiento de control podrá suspender provisionalmente sus efectos. Anticipar los efectos del fallo de inconstitucionalidad es impedir o reducir a cero la posibilidad de que parasiten en la vida real leyes arbitrarias, es decir, abiertamente inconstitucionales.

Se afina la caja de herramientas de los frenos y contrapesos y ello exige que los Gobiernos sean conscientes de las limitaciones que se aplican a todo poder en el marco de una constitución.

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