La justicia dicta la prisión preventiva para John Poulos

La justicia colombiana dictó en la noche del jueves la prisión preventiva contra John Poulos, ciudadano estadounidense y presunto asesino de Valentina Trespalacios. El juez del caso consideró que existen riesgos de que el procesado asesine a otras mujeres o escape de la justicia en caso de que se utilicen medidas menos restrictivas de su libertad. La Fiscalía lo acusa de ...

La justicia colombiana dictó en la noche del jueves la prisión preventiva contra John Poulos, ciudadano estadounidense y presunto asesino de Valentina Trespalacios. El juez del caso consideró que existen riesgos de que el procesado asesine a otras mujeres o escape de la justicia en caso de que se utilicen medidas menos restrictivas de su libertad. La Fiscalía lo acusa de feminicidio agravado, en concurso con ocultamiento y destrucción del elemento probatorio. La pena de cárcel puede llegar a ser de hasta cinco décadas por el primer delito y de 4 a 12 años por el segundo. “Al parecer, actuó de manera premeditada y movido por celos incontrolables”, afirmó la entidad acusatoria.

El juez utilizó dos argumentos principales para defender la prisión preventiva contra quien era el novio de la víctima. El primero fue que Poulos representa un peligro para la comunidad porque las pruebas evidencian que hay un “riesgo de reiteración” en su conducta: “Otra mujer puede volver a sufrir hechos como los que padeció Valentina”. Han generado preocupación los videos de Poulos con otra mujer en el alojamiento donde presuntamente mató a la víctima. “Tiene habilidades para compartir con otras mujeres”, explicó el juez.

El juzgado consideró, además, que la cárcel es necesaria para garantizar la comparecencia de Poulos en el proceso. El riesgo de fuga con otras medidas es considerable, pese a que el procesado haya sido despojado de su pasaporte. Según el juez, Poulos tiene las condiciones socioeconómicas para escaparse y podría utilizar vías irregulares a través de fronteras terrestres. Asimismo, no tiene un arraigo significativo con Colombia que lo desincentive a irse del país. Y así se evidenció cuando intentó escapar a Montenegro, en Europa, tan pronto ocurrió el asesinato: “Su salida del país no refleja otra cosa que su falta de interés de sujetarse a la administración de justicia”.

Otras medidas privativas de la libertad fueron descartadas por no ser eficientes en este caso. Por un lado, la prisión domiciliaria era de “evidente inutilidad” porque el asesinato de Valentina ocurrió en el alojamiento que había arrendado Poulos en Colombia. “Daría lugar a que se facilite el mismo contexto en el que se presentó el feminicidio de Valentina. No es extraño la presencia o acompañamiento de mujeres en el lugar de habitación de John Nelson”, remarcó el juez. Por otro lado, un mecanismo de vigilancia electrónica como un brazalete sería eficaz en establecer el paradero de Poulos, pero a criterio del juez dejaría latente el peligro a la comunidad.

La defensa del procesado, a cargo de Juan Manuel Falla, había asegurado que Poulos llegó a Bogotá el pasado 19 de enero con la intención de radicarse en el país y organizar su vida con Valentina. “Trajo consigo todas sus pertenencias de valor. No vino a Bogotá a asesinar a alguien, vino a estar con alguien que amaba”, dijo el abogado. Según él, Poulos ahora quiere quedarse en Colombia para limpiar su nombre, ya que supuestamente tiene una buena reputación que mantener en Estados Unidos.

Además, el abogado defensor señaló que el procesado no tiene antecedentes penales y que ha sido reconocido como un “padre modelo” por las campañas en apoyo a uno de sus hijos cuando este tuvo cáncer. Su vida en Estados Unidos, presuntamente, era excelente: “¿Para qué renunciar a todo?”. No obstante, la exesposa de Poulos dio una versión opuesta hace unos días, cuando declaró ante medios estadounidenses que él había abandonado a sus hijos y que era una persona “controladora y abusiva”.

Las pruebas contra el procesado son contundentes. La Fiscalía y el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, reconstruyeron el suceso a través de varias fotos y videos que incriminan al presunto asesino. Una de las imágenes que presentaron, por ejemplo, mostraba los objetos que portaba Poulos cuando abandonó el alojamiento que había contratado. Tenía un carro de supermercado, una maleta y un bulto cubierto por una manta gris. Esta última pieza aparecía también al lado del cadáver de Valentina, encontrado el pasado domingo 22 de enero en un contenedor de basura.

Las sospechas recayeron en Poulos incluso desde antes de la investigación de la Fiscalía. No respondía a los mensajes que los allegados de la víctima le mandaron tras el asesinato y tenía antecedentes de conductas obsesivas contra su pareja. Asimismo, un conductor de una aplicación de transporte señaló que Valentina le había pedido ayuda el sábado 21 de enero, antes de subirse al auto en el que Poulos y ella fueron a una discoteca. Como si esto fuera poco, su intento de escapar a Montenegro lo había hecho aún más sospechoso, pese a que la defensa afirma que era un viaje ya programado.

La decisión del juez retomó varios de los argumentos de la Fiscalía, que había resaltado el miércoles la brutalidad de los hechos y la falta de señales de arrepentimiento. “Luego del homicidio procedió a tratar el cuerpo como si fuera un objeto inservible. Le desconoció toda dignidad humana, su comportamiento raya en lo brutal y enfermizo”, había declarado el fiscal. La entidad acusatoria ya había alegado que la prisión preventiva era necesaria para garantizar la comparecencia de Poulos en el proceso: “Quien mata a la mujer que decía amar y trata a su cuerpo como si fuera un desperdicio, no va a respetar compromisos como los contenidos en las medidas no privativas”.

El abogado de Poulos manifestó que no tiene recursos jurídicos válidos para evitar la prisión de su representado. No obstante, expresó su preocupación por la seguridad del procesado en la cárcel y recordó que el defensor anterior renunció el pasado martes por recibir amenazas de muerte. La respuesta del juez fue que él no tiene las competencias necesarias para establecer medidas de protección, algo que corresponderá al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La Fiscalía de Colombia investigó el año pasado unos 180 casos de asesinatos contra mujeres como feminicidios, aunque organizaciones como el Observatorio Colombiano de Feminicidios, una iniciativa de la sociedad civil, dicen que hubo 612 casos registrados.

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