Un coronel que cometió falsos positivos tuvo un contrato con las Fuerzas Militares para enseñar derechos humanos

En agosto de 2021, el coronel retirado Santiago Herrera Fajardo manifestaba por escrito ante la justicia transicional de Colombia la decisión de reconocer su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales. Al mismo tiempo daba clases de derechos humanos a militares.

Herrera, que había sido comandante de la Brigada Móvil No. 15, una de las dependencias militares que más asesinó civiles para presentarlos falsamente como bajas en combate, obtuvo en julio de ese mismo año un jugoso contrato de consultoría por $220.840.200. Así se desprende de una filtración que obtuvo Guacamaya Leaks, a la ...

En agosto de 2021, el coronel retirado Santiago Herrera Fajardo manifestaba por escrito ante la justicia transicional de Colombia la decisión de reconocer su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales. Al mismo tiempo daba clases de derechos humanos a militares.

Herrera, que había sido comandante de la Brigada Móvil No. 15, una de las dependencias militares que más asesinó civiles para presentarlos falsamente como bajas en combate, obtuvo en julio de ese mismo año un jugoso contrato de consultoría por $220.840.200. Así se desprende de una filtración que obtuvo Guacamaya Leaks, a la que tuvo acceso EL PÁIS gracias a la organización francesa Forbidden Stories, que demuestra cómo a pesar de la gravedad de los llamados falsos positivos, como se han conocido estos crímenes en el país, los militares continuaron con beneficios como ese.

El contrato firmado por el Comando General de las Fuerzas Militares tenía como objeto “prestar sus servicios a través de una consultoría” para fortalecer los procesos de planeación del Entrenamiento Militar Conjunto, el impacto de la cooperación internacional en la educación militar, así como hacer análisis de la Doctrina, la alineación de la educación superior con las políticas del Ministerio de Educación Nacional y “la transversalización de la capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en las Fuerzas Militares”.

Se trata de una consultoría por seis meses, entre el 27 de julio y el 30 de diciembre de 2021 en la que figuran Herrera y otras cuatro personas como contratistas. En otro de los documentos conocidos por EL PAÍS los cinco acordaban no proporcionar ninguna información o detalle a ningún tercero, y considerar como documentos clasificados todo lo relacionado con las fuerzas militares que encuentren en el curso del contrato. Los otros contratistas son Elsa Bonilla Piratova, una académica de la Universidad Santo Tomás; Diego Omar Gordillo Rojas; Jaime Alberto Duque Casas; y Raúl Alejandro Flórez Mateus.

Los entrenamientos, según se desprende de los documentos, alcanzaron hasta 300 alumnos e incluyeron cursos sobre operaciones militares y violencia sexual contra comunidades étnicas, entre otros.

En paralelo, el coronel continuaba su proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde era investigado como coautor de crímenes de guerra de homicidio en persona protegida en al menos 13 casos.

Herrera no había sido condenado por lo que no tenía ninguna inhabilidad para contratar con el Estado, como se observa en el certificado de antecedentes que expide la Procuraduría. Una alianza de varios medios, de la que hace parte EL PAÍS, le envió una serie de preguntas al coronel Herrera sobre el contrato, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Unos meses despues de firmar el contrato, el coronel se convirtió en uno de los más altos oficiales en reconocer su participación en los llamados falsos positivos. Es uno de los que mencionó al excomandante del Ejército, Mario Montoya, como parte de un aparato criminal que dejó al menos 6.402 muertos por todo el territorio nacional.

“Usamos las armas de la República para matar inocentes”, dijo Herrera en 2022 en una audiencia pública ante los familiares de las víctimas. El insitigó asesinatos. En el caso de Norte de Santander, donde comandada una unidad él, hubo dos modalidades de esos crímenes. En la primera asesinaron a campesinos de la región del Catatumbo; en la segunda reclutaron a jóvenes de otras zonas del país, como Soacha, los llevaron engañados a la zona y los asesinaron.

¿Quién es?

Santiago Herrera se crio en el Ejército. Proviene de una familia de oficiales y a sus 14 años ingresó a la Escuela Militar de Cadetes, esperando ser comandante de esa institución. Se convirtió en coronel y llegó a ser ayudante general del comandante del Ejército en 2008. Pero su historia ya estaba cargada de sangre.

En 2008, un grupo de mujeres de Soacha, en cercanías a Bogotá empezó a denunciar la desaparición de sus hijos y hermanos. Eran todos jóvenes de escasos recursos que fueron cooptados por militares con ofertas falsas de trabajo. Allá los asesinaban, los vestían con uniformes de guerrilleros y les ponían armas para hacerlos parecer delincuentes. Herrera era el comandante de la Brigada Móvil 15, que cometió estos crímenes. Después admitiría que él presionó a sus subalternos para obtener resultados y muertes de supuestos guerrilleros a como diera lugar. Esa, creía era su forma de ascender en la carrera militar: escalando sobre la vida de inocentes.

Esos resultados y su silencio lo llevaron a ser el Jefe de Estado Mayor de la Quinta División. Sin embargo, en 2008, la tenacidad de las madres de Soacha concluyó en el hallazgo de estas muertes. Fue el primer aviso para Colombia de ese patrón de muertes que se regó por todo el país. Herrera fue investigado por la justicia ordinaria y aunque no había sido condenado estuvo privado de la libertad durante 6 años y 10 meses en un centro de detención militar.

Con el acuerdo de paz y la creación de la JEP, Herrera se acogió a esta justicia, buscando beneficios jurídicos a cambio de decir la verdad. Se convirtió también en el líder de una ONG que agrupa a más de dos mil miembros de las Fuerzas Militares en retiro que se han sometido a la JEP. En total van 3.734 militares bajo esta justicia transicional.

El coronel quedó vinculado a la serie de asesinatos que se investigan en el Caso 003, llamado “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes de Estado” En concreto, fue vinculado a 12 procesos penales en los que se identificaron 13 víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2007 en Norte de Santander.

Para la justicia, Herrera ejerció presión constante sobre sus subalternos para que presentaran bajas e hizo cambios en la línea de mando de la Brigada para encubrir los crímenes. “Asesinatos, cuya relación el compareciente conocía de antemano; encubriendo homicidios de los que se enteró con posterioridad a su perpetración; firmando órdenes de operaciones de manera irregular e incluso omitiendo los controles que le correspondía implementar para evitar estos crímenes”, se lee en el documento de conclusiones de la JEP en el caso.

Aunque se sometió a la JEP en 2017, solo hasta agosto de 2021 manifestó por escrito su voluntad de reconocer la responsabilidad; y en abril de 2022 se enfrentó a las víctimas en una audiencia pública donde sus palabras quedaron para la historia. “Me generan vergüenza los crímenes cometidos por mi brigada. Hombres que portábamos el uniforme militar con la misionalidad de proteger la vida y honra de nuestros conciudadanos terminamos usando las armas de la república para vulnerarles las vidas (...) Contribuí de forma aberrante a la estructura criminal en aras de mejorar la estadística de bajas y competir con otras brigadas del Ejército dentro del famoso ranking fijado por el comandante del Ejército”, dijo.

Para llegar a esas palabras hubo un trecho largo. Antes de esa audiencia pública, las víctimas y sus representantes habían criticado el reconocimiento de responsabilidad que Herrera hizo en versiones privadas. Señalaron que solo hablaba de omisión mientras que otros militares de su Brigada habían dicho que él también tuvo “responsabilidad por acción”, como se lee en el documento de resolución de conclusiones, publicado por la JEP.

Luego en la audiencia de reconocimiento en Ocaña, Herrera admitió que usó 10 mecanismos para presionar que se cometieran esos crímenes. Dijo que ante la falta de resultados operacionales presionaba a sus subalternos en general con programas radiales diarios, de forma individual a los comandantes de batallón y que generaba competencia entre ellos. También que a algunos de ellos los presionó con amenazas de escribir anotaciones negativas en sus hojas de vida. Reconoce que los motivó con ofrecimientos de permisos y viajes a aquellos que reportaran “bajas”, o que premió con viajes al exterior o cursos de pilotos a los que más resultados presentaban.

La JEP, en su escrito de conclusiones, ha destacado que Herrera dio información sobre la cadena de mando y sobre cómo se presionó a varios niveles. Se refirió al entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya. “Yo necesito ‘muertes en combate’ (…) ‘a mí no me sirven las capturas’, eso es algo que siempre decía él, ya después empezó a hablar de litros de sangre”, dijo Herrera ante la JEP. Aseguró también que había un “top 10 de body count” motivado por Montoya en el que se destacaban las unidades militares que presentaran el mayor número de bajas en combate.

El coronel se reconoció como instigador de estos crímenes. “Con toda la vergüenza y encogimiento que un soldado puede sentir, pero con el mayor respeto para el dolor de las víctimas, reconozco que mientras ejercí ese cargo operó al interior de la brigada móvil una estructura criminal de facto”, dijo en abril.

En versiones voluntarias dio más detalles sobre cómo elegían a las víctimas y la destinación de dineros de inteligencia.

“(…) Mis subalternos desde los comandantes de batallón de contraguerrillas hasta los comandantes de escuadra seleccionaran las víctimas y con armas que conseguían por sí mismos o entregadas en algunos casos por la CIOCA, se las plantaron a los cadáveres de las victimas que ellos ultimaron. Esos homicidios de civiles inocentes en situación de indefensión fueron falsas bajas en combate y tuvieron como otra de sus características la sistematicidad constituyendo así un patrón macro-criminal atribuible a la estructura y organización criminal al interior de la brigada móvil (…) Yo no me puse de acuerdo para crear esta organización, pero a partir de mi mando y el ejercicio del mismo, tácitamente la implementé”, dijo.

A pesar de esa información que entregó, tanto las víctimas como la justicia destacaron que Herrera, incluso después de su declaración pública, hablaba como si su rol fuera meramente de omisión y no de participación directa. En una versión posterior, la magistrada que lleva el caso le preguntó directamente si él, como comandante de la Brigada Móvil 15, dio órdenes para la perpetración de conductas criminales, “a lo que respondió afirmativamente”. Además, admitió haber falsificado “una cuenta de gastos reservados que facilitó el encubrimiento de operaciones militares previas en las que se habían presentado falsas bajas en combate”.

La JEP, finalmente, reconoció que Herrera aportó a la verdad y anunció las posibles formas en que deberá reparar a las víctimas. Entre ellas está la realización de cátedras para fortalecer la no repetición de los hechos, una propuesta presentada por Herrera y cuatro coroneles más. Los cinco imputados proponían hacerlas en el Ejército, algo como una continuación de las clases que ya daba el coronel.

Sin embargo, las organizaciones de víctimas hicieron críticas al proyecto porque consideraron que “existe un riesgo de que lo que se comparta a través de los escenarios de enseñanza sea incompleto y parcializado” y propusieron ajustes.

Ahora los militares tendrían que dar las cátedras en compañía de las víctimas, no podrán enfocarse en hablar de generalidades del conflicto, sino que tendrán que usarlas para admitir que cometieron graves delitos y en ningún caso podrán ser llamados profesores, como alguna vez lo fue Herrera pagado por el Ejército, sino que tendrán que identificarse como agentes del estado responsables de violaciones de los derechos humanos.

* Con aportes de Sandra Cuffe

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