El Estado ausente
Desde el lunes la que es considerada la principal troncal que conecta los puertos del Caribe colombiano con el centro del país está bloqueada
Alzar la voz y protestar para pedir cambios que sirvan para mejorar la vida de las comunidades es uno de los pilares esenciales de la democracia. Gracias a las movilizaciones populares son muchos los derechos que en los últimos cien años se convirtieron en realidad: desde el voto para las mujeres, las vacaciones pagadas y, para acercarnos al presente, la revisión de la inquietante reforma tributaria que el gobierno Duque quiso presentar a comienzos del 2021.
Protestar es un derecho que debe respetarse; sin embargo, convertir el día a día de un país en un sinfín de protestas a las que no...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Alzar la voz y protestar para pedir cambios que sirvan para mejorar la vida de las comunidades es uno de los pilares esenciales de la democracia. Gracias a las movilizaciones populares son muchos los derechos que en los últimos cien años se convirtieron en realidad: desde el voto para las mujeres, las vacaciones pagadas y, para acercarnos al presente, la revisión de la inquietante reforma tributaria que el gobierno Duque quiso presentar a comienzos del 2021.
Protestar es un derecho que debe respetarse; sin embargo, convertir el día a día de un país en un sinfín de protestas a las que no se les ofrece solución puede terminar en una pesadilla de la que luego nunca se podrá salir.
Basta con mirar lo que desde hace cinco días acontece en una de las principales carreteras del país, la llamada Ruta del Sol, con el bloqueo que adelantan campesinos, defensores de derechos humanos y líderes sociales que de manera organizada y en buses pagados quien sabe por quién llegaron al punto conocido como La Lizama, en el departamento de Santander, para hacerse escuchar por un gobierno que, dicen ellos, no ha querido atender sus clamores.
Desde el lunes la que es considerada la principal troncal que conecta los puertos del Caribe colombiano con el centro del país está bloqueada. No pasan buses, ni carros particulares. No pasan motos, ni camiones. No pasa nada. De hecho, ni siquiera pasa el gobierno central que es a quien convocan los manifestantes para levantar el bloqueo y así recuperar el tránsito normal en esta importante vía.
¿Cómo entender la lentitud del gobierno Petro para atender esta situación? ¿A qué se han dedicado el Ministro del Interior y el Ministro de Transporte en los últimos días cuando esta es una situación que afecta no solo a la movilidad, sino que tiene impacto sobre los precios de los alimentos y otros productos que consumimos los colombianos?
Es de público conocimiento que hay orden del presidente para que este tipo de movilizaciones no sean confrontadas por las autoridades y por eso se entiende que hasta el momento no haya llegado al punto de cierre de la carretera un contingente dispuesto a recuperar la vía para el uso y disfrute de la mayoría de los colombianos. Digamos que la Fuerza Pública hace lo que se le ordena, ¿pero qué podemos decir de los ministros mencionados anteriormente? ¿Ellos también cumplen órdenes y por ende ni siquiera voltean a mirar hacia esta situación crítica que mantiene a centenares de personas literalmente varadas a lado y lado del punto donde los manifestantes atravesaron varios tractocamiones para bloquear el tráfico?
Respetar la protesta social es una apuesta valiente y democrática, pero igual de importante es hacer respetar el derecho que tienen los colombianos a movilizarse libremente por el país. No puede ser que unos pocos bloqueen a Colombia y que el gobierno pareciera desentenderse de la situación. Eso es indolente, además que va en contravía de la Constitución.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.