Las dudas detrás del “servicio social para la paz”

El pasado martes el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, radicó el proyecto de ley que sería la columna vertebral de la paz total, una de las políticas insignia del Gobierno de Gustavo Petro. Entre sus disposiciones está crear un “servicio social para la paz”, lo que concreta la propuesta de campaña de Petro de ...

El pasado martes el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, radicó el proyecto de ley que sería la columna vertebral de la paz total, una de las políticas insignia del Gobierno de Gustavo Petro. Entre sus disposiciones está crear un “servicio social para la paz”, lo que concreta la propuesta de campaña de Petro de reemplazar el servicio militar obligatorio, aunque el servicio social sería una alternativa que puede elegir cada joven y no un sustituto general. La iniciativa contempla que tenga la misma duración y remuneración del servicio militar: 12 meses y el 30% de un salario mínimo, respectivamente.

La implementación, según anunció Velásquez, se haría de forma gradual e incluiría actividades como la alfabetización digital; el trabajo con víctimas del conflicto armado, la promoción de la política de paz o la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

La propuesta, aunque anhelada por los sectores sociales, generó sentimientos encontrados en varias organizaciones que han trabajado desde hace años en los problemas del reclutamiento, como JUSTAPAZ. “Nos alegramos, pues es necesario evolucionar y permitir a los jóvenes no ir a la guerra y elegir otras actividades. Sin embargo, también nos deja un mal sabor pues en todo lo que en nuestro trabajo hemos visto y conocemos, no debería ser obligatorio. Realmente no se puede encasillar a los jóvenes en los que hacen servicio social y los que hacen servicio militar”, le dijo a EL PAÍS Diana Archila, del equipo de objeción de conciencia de la organización.

Alejandro Parra, de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC), considera que es una iniciativa muy valiosa que se alinea con la construcción de paz que se pretende impulsar en el país. Destaca que el proyecto de ley unifica cuatro fondos del tema en un único Fondo de Paz, lo que implica un respaldo económico para la financiación del nuevo servicio social.

Sin embargo, la propuesta también suscita dudas en temas claves. El primero son las sanciones que enfrentarían quienes se nieguen a prestar alguno de los dos servicios, pues el proyecto no menciona si habría consecuencias para quienes no se vinculen a ninguno. Otra incertidumbre es si el servicio social sería de carácter obligatorio para las mujeres, un punto que ya alertan algunas organizaciones feministas. Otro punto problemático para Parra y Archila es la falta de claridad frente a cómo funcionaría el servicio militar obligatorio en esa nueva etapa, si el sistema de cuotas continuaría o si se modificarían las causales de exoneración actuales. La ley no menciona la objeción de conciencia, y tampoco la proyección del servicio social. “No se sabe si se va a pensar en perspectiva de proceso a mediano y largo plazo. O si va a ser por ahora un piloto”, concluye Parra.

En algunos sectores cercanos a las fuerzas militares la noticia no tuvo buena acogida. Las críticas desde allí estuvieron dirigidas al impacto que tendría una alternativa social en el pie de fuerza, y cómo afectaría su planta base, que hoy la conforman reclutas y soldados profesionales que antes prestaron servicio militar.

Un avance en la dinámica regional

Este proyecto tiene una antesala de propuestas similares en la región, la mayoría sin éxito o sin lograr cambios estructurales a largo plazo. Los únicos países de Latinoamérica que han abolido el servicio militar obligatorio son Perú, Argentina y Uruguay. En el resto de países se sigue prestando, pero con variaciones.

En Paraguay, por ejemplo, se reconoce el derecho a la objeción de conciencia a raíz de un cambio constitucional después de la dictadura en los años noventa. Aunque hay un servicio sustitutivo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que quienes objetan deben pagar grandes sumas de dinero o terminan siendo amenazadas, como lo explica a este periódico Pelao Carvallo, integrante de la Organización Internacional Resistentes a la Guerra (IRG) y científico social en CLACSO.

En Chile, cuando no se llenan las cuotas militares establecidas, se cita a los jóvenes (hombres y mujeres) a enlistarse de manera obligatoria. La abolición de esa exigencia fue una de las banderas de la revuelta social de los últimos años, y después de las manifestaciones se logró disminuir sustancialmente el número de enlistamientos, e incluso se suspendió la obligatoriedad durante 2020. Hasta el momento, el Gobierno de Gabriel Boric no ha anunciado modificaciones sobre el tema.

Para Carvallo, la propuesta de Gustavo Petro podría ser una oportunidad para que Colombia impulse a nivel suramericano un desmonte estructural del servicio militar obligatorio. “Ir deshaciéndose del servicio militar obligatorio es imprescindible para la paz. Esto debe ser un esfuerzo regional que logre desmilitarizar las juventudes y el país”, asegura.

En Colombia, de acuerdo con cifras de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (ACORE), durante los últimos cinco años 460.113 jóvenes, en su mayoría de clases media y baja, prestaron el servicio militar. Para las organizaciones de derechos humanos, esa cifra hace evidente la necesidad de agilizar el trámite de esta ley, que es solo una de los más de 100 proyectos de ley que se han radicado en el Congreso desde que se instaló el 20 de julio. Mientras avanza el proyecto en el legislativo, JUSTAPAZ y ACOOC esperan que el Gobierno genere espacios de diálogo con las organizaciones sociales antimilitaristas y de jóvenes. También reclaman que se invierta en el sector social. “La educación y el trabajo digno deben ser una prioridad en el nuevo gobierno para que se creen proyectos de vida que trascienden a la guerra”, valora Archila.

Hace menos de un mes, el senador Humberto de la Calle y el representante por el departamento de Antioquia Daniel Carvalho, independientes frente al Gobierno y de un ala política de centro, radicaron una iniciativa similar. Proponen eliminar el servicio militar obligatorio en 2030 con sanciones claras a quienes no presten el servicio social. Los dos proyectos de ley empiezan su curso en medio de incertidumbres y grandes expectativas, en especial por parte de los jóvenes que, junto a las mujeres, fueron fundamentales para la victoria de Petro.

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