Reforma tributaria: recuperar el grado de inversión dependerá del gasto

La reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro al Congreso el lunes es un esfuerzo adecuado por recaudar más impuestos para enfrentar mejor su deuda, pero las calificadoras de riesgo crediticio no podrán evaluar si le merece una mejor calificación crediticia hasta no saber cómo y cuánto planea gastar el Gobierno.

En corto, la propuesta que deberá ser votada por congresistas busca cobrar más impuestos a personas de mayores i...

La reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro al Congreso el lunes es un esfuerzo adecuado por recaudar más impuestos para enfrentar mejor su deuda, pero las calificadoras de riesgo crediticio no podrán evaluar si le merece una mejor calificación crediticia hasta no saber cómo y cuánto planea gastar el Gobierno.

En corto, la propuesta que deberá ser votada por congresistas busca cobrar más impuestos a personas de mayores ingresos, a empresas financieras y del sector extractivo, y a productos poco saludables, para recaudar 26 billones de pesos (aproximadamente 6.000 millones de dólares) adicionales el próximo año, el equivalente a 1,78% del producto interno bruto (PIB). El esfuerzo es urgente para Colombia, ya que el Gobierno incrementó sustancialmente su gasto social durante la pandemia de la covid-19.

Esto, el Gobierno lo hizo financiándose con deuda, en gran parte, emitida en los mercados financieros internacionales. Pero las condiciones de mercado han cambiado radicalmente para Colombia entre 2020 y 2022, por dos razones: la primera, las tasas de interés a nivel internacional han escalado; la segunda, un intento fallido por pasar una reforma tributaria en 2021 llevó a que el país perdiera su grado de inversión, lo que disparó las tasas de sus bonos soberanos.

“Petro hizo campaña con una plataforma de aumento de los gastos sociales, lo cual, él ha dicho, será financiado a través de mayor recaudación”, dice Richard Francis, analista en Fitch Ratings, una de las dos agencias que recortó la calificación de la deuda soberana de Colombia el año pasado. “Esto que dice es positivo, porque indica que será fiscalmente prudente, pero todavía hay muchos signos de interrogación e incertidumbres allí”.

La propuesta de Duque, en 2021, detonó largas y masivas protestas que terminaron con la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El Gobierno optó por preservar las ayudas y programas sociales diseñados para proteger a algunas de las poblaciones más vulnerables durante los confinamientos de la pandemia. Petro aseguró que esos programas permanecerán y prometió mayor gasto público encima del que ya había iniciado la Administración anterior.

“Vamos a tener que esperar y ver cuál es la idea del gobierno en términos de su tipo de programa fiscal a más mediano plazo, y si en efecto van a poder aumentar los gastos sociales”, asegura Francis. “Por otro lado, también han subido las tasas de interés, por lo que su servicio de la deuda ha aumentado, lo que es una carga adicional al Gobierno”.

La agencia de riesgo que no recortó la calificación del país hasta quitarle su grado de inversión es Moody’s, la cual todavía la coloca dos escalones arriba de “especulativa”. Su analista de riesgo soberano para Colombia, Renzo Merino, asegura que la propuesta de Petro es, de momento, “neutral” para la calificación.

“Lo que nosotros queremos ver y entender es cuánto de estos proyectos de gasto se van a financiar por esta reforma y cuánto sería el monto restante para poder apoyar el proceso de consolidación fiscal”, dice Merino. “A la expectativa de que se presente el presupuesto de 2023 y tengamos una mejor idea de cómo se van a ver los gastos hacia el próximo año, esperamos que la reforma por lo menos apoye la estabilidad de los números de deuda del gobierno en los próximos años, un factor que apoya la calificación”.

Gasto social vs. calificación

En mayo del año pasado, ante la noticia de que el país perdió el grado de inversión que garantiza mejores tasas de interés, el entonces presidente Duque expresó su frustración con la metodología de las agencias, diciendo en un foro internacional en mayo: “Los países no pueden seguir siendo evaluados por las calificadoras de riesgo con criterios prepandémicos”.

Las protestas sociales que vivió Colombia ocurrieron también en otros países de la región, e incluso comenzaron en 2019. Esto ha generado discusiones sobre las expectativas económicas, de servicios e infraestructura de calidad en países latinoamericanos que están migrando a un promedio de ingresos medios. Tanto Francis como Merino reconocen que el tema ha llegado a sus oficinas.

“En Moody’s lo que hemos hecho es que, más allá de la calificación en sí, también tenemos calificaciones para la exposición del perfil crediticio a los los elementos ambientales, sociales y de gobernanza”, explica Merino. “Este es un tema que claramente se volvió más importante para nuestro análisis en el contexto post pandemia, va más allá de la sostenibilidad fiscal, también hay un tema de sostenibilidad social”.

Francis coincide con que la sostenibilidad social es un tema cada vez más importante y agrega: “Esta es una buena pregunta y entiendo que los Gobiernos estén frustrados. Pero nuestro trabajo es simplemente calificar la capacidad y voluntad de un emisor por pagar su deuda”.

“Una mayor carga de intereses obviamente es negativa porque tienes menos espacio fiscal para gastar en estos programas sociales. Y esto se está llevando a cabo ahora, en un entorno en donde, lamentablemente, el financiamiento global es más oneroso”, apunta Francis.

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