Los documentos de Estados Unidos que levantan dudas sobre los “falsos positivos”

La publicación de archivos desclasificados de Estados Unidos por parte de la Comisión de la Verdad en Colombia reabrió dudas sobre si la asistencia militar incidió en los asesinatos de civiles conocidos como “falsos positivos” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los documentos eran confidenciales y ahora son de dominio público por solicitud de la National Security Archive (NSA), una organización no gubernamental con sede en Washington. En por lo menos tres de ...

La publicación de archivos desclasificados de Estados Unidos por parte de la Comisión de la Verdad en Colombia reabrió dudas sobre si la asistencia militar incidió en los asesinatos de civiles conocidos como “falsos positivos” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los documentos eran confidenciales y ahora son de dominio público por solicitud de la National Security Archive (NSA), una organización no gubernamental con sede en Washington. En por lo menos tres de ellos se hace referencia al conteo de cuerpos, indicador que habría presionado esos homicidios.

El primero es una comunicación de diciembre de 2002, dirigida por el entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general James T. Hill, al secretario de defensa de George W. Bush, Donald Rumsfeld. En ella señala que habían “evitado conscientemente caer en el síndrome del ‘recuento de cadáveres’” y que “el simple hecho de contar los narcoterroristas muertos o las hectáreas fumigadas carece de sentido si el enemigo recluta más guerrilleros o planta más amapolas y coca”.

Pocos meses después, en julio de 2003, el principal adjunto del Pentágono a cargo de operaciones especiales, Marshall Billingslea, envió un memorando a Rumsfled en el que celebra el aumento de bajas de la guerrilla de las FARC logrado en los primeros meses de mandato de Uribe con el apoyo de Estados Unidos: 543 integrantes en seis meses frente a 780 en los dos últimos años de su antecesor, Andrés Pastrana.

“Desde el 1 de enero de 2003, el equipo del presidente Uribe y las unidades de comandos especiales mataron a 543 FARC, capturaron a 1.063 e indujeron la deserción de 300″, indica el reporte. En contraste, comparaba, en los dos últimos años del gobierno anterior “las FARC estaban ganando terreno”. También resaltaba que el esfuerzo contra los considerados “objetivos de alto valor” le estaba “pasando factura a los altos mandos de la guerrilla”.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo con las FARC de 2016, la lógica del enemigo se utilizó para justificar homicidios y mostrar resultados en la lucha contrainsurgente. “Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, apunta.

“La presión por bajas en combate aumentó en las Fuerzas Armadas, lo cual alentó la comisión de crímenes muy graves, como los llamados ‘falsos positivos’, en los que se presentaba como guerrilleros dados de baja a personas inocentes y asesinadas en estado de indefensión”, agrega la Comisión.

Un análisis publicado en 2013 por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, una red de 285 organizaciones sociales y de Derechos Humanos, sostiene que “existe una correlación entre las unidades y los oficiales que recibieron la asistencia y el entrenamiento de Estados Unidos y la comisión de ejecuciones extrajudiciales”.

El pasado 27 de abril, mientras se cumplía la primera audiencia de reconocimiento de estos crímenes por militares en el Catatumbo (Norte de Santander), la embajada de Estados Unidos en Colombia publicó un mensaje elogiando “la valentía de los soldados que reconocen su responsabilidad en falsos positivos y que piden perdón a las víctimas. Al contar lo que saben, ayudan a construir el proceso de justicia y paz”.

Por su parte, el Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, sostuvo en un comunicado, el pasado mes de junio, que “mienten aquellos que afirman que existía una doctrina de Vietnam o body counting” y que “gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los ‘falsos positivos’ en el país”. El medio digital La Silla Vacía detectó que tres de los cuatro puntos del comunicado eran engañosos. Uribe ha reiterado que durante su mandato se tomaron decisiones para frenar estos delitos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado 6.402 casos de civiles inocentes asesinados entre 2002 y 2008.

El tercer documento, de diciembre de 2003, compara la campaña contrainsurgencia del plan Patriota (2003-2006) con la del plan Lazo (1962-1966), que incluyó entrenamiento militar en bases estadounidenses, y destaca el aumento de muertos en combate. “Con esa acción de asistencia [de los Estados Unidos] había también mucha presión para mostrar éxito, mostrar resultados. Lo más normal durante la Guerra Fría y campañas de contrainsurgencia es mostrar que el conteo de cuerpos está aumentado”, indicó Michael Evans, analista del NSA y director del proyecto de documentación sobre Colombia.

Algunos de los más de 15.000 documentos desclasificados tienen apartes censurados. “Históricamente estos documentos han sido importantes para esclarecer violaciones de derechos humanos. Fueron centrales para el ejercicio de contraste de la Comisión de la Verdad”, explicó el comisionado Alejandro Valencia en rueda de prensa. Una de las recomendaciones de la Comisión es que el Presidente Gustavo Petro solicite al de Estados Unidos, Joe Biden, la desclasificación acelerada de documentos relacionados con el conflicto armado colombiano por su valor para el esclarecimiento de la verdad.

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