Un juez ordena cinco días de arresto domiciliario para el presidente de Colombia
La orden judicial condena a Iván Duque por no atender un fallo que pedía protección a una zona andina de nevados que requiere especial atención por su riqueza ambiental
El Tribunal Superior de Ibagué, una ciudad intermedia colombiana, ordenó el arresto domiciliario de cinco días al presidente de Colombia Iván Duque por no acatar un fallo de la Corte Suprema del 2020 en una problemática ambiental, y también una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales. Esto, dice la decisión, “a menos que se acredite el cumplimiento de la orden tenida como incumplida”. El Tribunal también compulsa copias de esta decisión a la Cámara de Representantes que es, de acuerdo a la Constitución, la única encargada de juzgar a los jefes de estado.
“Hoy hemos visto un ac...
El Tribunal Superior de Ibagué, una ciudad intermedia colombiana, ordenó el arresto domiciliario de cinco días al presidente de Colombia Iván Duque por no acatar un fallo de la Corte Suprema del 2020 en una problemática ambiental, y también una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales. Esto, dice la decisión, “a menos que se acredite el cumplimiento de la orden tenida como incumplida”. El Tribunal también compulsa copias de esta decisión a la Cámara de Representantes que es, de acuerdo a la Constitución, la única encargada de juzgar a los jefes de estado.
“Hoy hemos visto un acto inexplicable, porque quiere pasar por encima del fuero constitucional”, dijo luego el presidente sobre la decisión en Ibagué, ya que normalmente solo puede ser juzgado por los congresistas de la Cámara. “Esta sentencia está más que cumplida, y los reportes están”, replicó también con respecto al fallo del 2020. Duque llamó la decisión del Tribunal inconstitucional y “política, sin soporte jurídico”. El Ministro de Justicia Wilson Ruiz también criticó la decisión por no respetar el fuero constitucional presidencial y pidió una revisión de la Corte Suprema.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, de noviembre del 2020, declaraba que una zona montañosa en el occidente de Colombia conocida como el Parque de Los Nevados es “sujeto de de derechos a la vida, a la salud y ambiente sano, cuya representación legal está a cargo del Presidente”. Le ordenaba al jefe de estado y a otras entidades administrativas coordinarse para crear un plan de recuperación y conservación de esta zona en el plazo de un año.
El fallo también le ordenaba al presidente Duque designar a un grupo de las Fuerzas Militares o de la Policía para que “acompañe de manera continua y permanente las labores de conservación”, sobre todo en la zona del parque natural que está en el departamento del Tolima, porque la Defensoría del Pueblo venía alertando desde 2019 del conflicto armado en la zona. “Facciones disidentes de las FARC-EP o ELN”, dice la alerta de la Defensoría del 2019, buscan “retomar el control territorial de los corredores que históricamente han conectado el oriente con el occidente del país”.
Algunos hombres armados habían llegado a amenazar a las comunidades campesinas en los nevados y a funcionarios del Parque Natural Los Nevados. En noviembre del 2019 fue asesinado allí el líder ambiental Carlos Aldario Arenas, conocido en la zona por defender la Ruta del Cóndor, un corredor ecológico para el emblemático ave de los Andes.
“La Corte determinó que el presidente de la república tiene la orden expresa de conformar un grupo de fuerza pública especial para la custodia del Parque Natural Nacional Los Nevados porque existe un sinnúmero de hechos de alteración de orden público, tráfico de flora y fauna en un área protegida. Dicha orden no ha sido acatada en su integridad”, dijo a Caracol Radio, en mayo de este año, Juan Felipe Rodríguez, el abogado ambiental que impulsó la decisión de la Corte Suprema de Justicia en 2020, y también el fallo que ahora dice que el presidente no ha acatado la protección de los nevados.
Por el fuero del presidente, la orden del Tribunal de Ibagué difícilmente pueda ponerle en arresto domiciliario. Pero el inédito caso de arresto domiciliario abre un capítulo más de las peleas judiciales que se dan en las altas cortes de Colombia para defender el medio ambiente. Después de que la Corte Constitucional decidiera, en 2018, que no eran válidas las consultas populares – iniciativas ciudadanas de participación popular para votar en contra o a favor de un proyecto extractivo– la protección del medio ambiente ha pasado a ser una discusión casi exclusivamente jurídica.
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