Los escándalos que afectan al PP
La sentencia del Tribunal Supremo que ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que prosiga las investigaciones sobre los regalos de la trama corrupta Gürtel al presidente Francisco Camps y otros altos cargos de la Generalitat valenciana apunta a que los trajes se entregaron "de forma repetida" y "con aparente opacidad", y sin que haya otra justificación que la función pública de los implicados.
El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ratificó ayer la imputación de Álvaro Pérez, El Bigotes (en la imagen), en la causa. Pérez se negó a declarar y ratificó lo dicho en la Audiencia Nacional.
La insistencia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en negar la realidad judicial en la que está envuelto empieza a traducirse en síntomas de fatiga en su entorno más próximo. Camps recurrió ayer al círculo familiar y al vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, para acudir acompañado a la conferencia del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz.
Ya lo han pedido otras veces, pero ayer los socialistas madrileños, con Tomás Gómez, a la cabeza, salieron en tromba a reclamar la dimisión del consejero Francisco Granados, después de que EL PAÍS revelara que los informes periciales apuntan al empleado público José Manuel Pinto, a cargo de la consejería de Granados, como autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje.
La defenestración de Garzón
La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, con tres votos a favor y dos en contra, permitió ayer al juez Baltasar Garzón irse durante siete meses como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, le denegó el estatus jurídico (servicios especiales) que reclamó el juez antes de que el pleno le suspendiera de funciones.
La Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo ha declarado que la condena de Vassili Kononov, un letón de 87 años con nacionalidad rusa desde 2000, por crímenes de guerra cometidos en la Segunda Guerra Mundial, no supone una violación del artículo 7 (no hay pena sin ley) de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Aún no se ha aprobado el decreto con las medidas de ajuste que anunció el presidente del Gobierno y ya está sobre el tapete político el debate sobre las próximas propuestas, previsiblemente en materia fiscal. Así convivieron los dos planteamientos: la posición sobre el decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros y si el Ejecutivo piensa subir algún impuesto.
Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer en Lloret de Mar (Girona) a una mujer británica por la muerte de sus dos hijos, un bebé de un año y una niña de entre cinco y seis. La policía autonómica baraja la hipótesis de que la detenida haya asfixiado a los dos menores, según fuentes policiales.
