Los papeles de Panamá implican a un dirigente cercano a Macri

El escándalo de los papeles de Panamá ha golpeado al entorno cercano al presidente de Argentina, Mauricio Macri, ya implicado directamente tras el hallazgo de una empresa bajo su dirección en Bahamas. La investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ) puso en evidencia que su exsecretario de Hacienda en la ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti, controló una sociedad en Panamá entre julio de 2010 y julio de 2013, cuando Macri era alcalde.

Grindetti es hoy intendente del municipio de Lanús, conurbano de la capital argentina, en representación de la alianza oficialista Cambiemos. Su principal capital político es la amistad que le ha prodigado el presidente durante más de 30 años, desde los tiempos en que Grindetti era ejecutivo en Socma, empresa de la familia Macri. Los papeles de Panamá revelaron que el ahora funcionario administró, mediante un poder, una compañía offshore llamada Mercier Internacional. Los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, fuente de todas las filtraciones de ICIJ, no revelan, en cambio quiénes son los accionistas de la empresa por tratarse de papeles emitidos “al portador”.

En su defensa, Grindetti dijo a través de un comunicado que, efectivamente, tuvo un “poder para la administración general” de la compañía, pero aclaró que “nunca se registraron movimientos económicos en dicha sociedad”, en sintonía con la explicación que dio Macri sobre su propia empresa en Bahamas.

La justificación de Grindetti no dejó satisfecha a la oposición, pero tampoco a los aliados. Elisa Carrió, una de las principales referentes de Cambiemos y aliada del presidente, no tuvo compasión pese a la reconocida cercanía del intendente con Macri. “Grindetti no tiene explicación. Siempre sospeché que era un corrupto y no me equivoqué”, dijo.

No hay dudas de que Grindetti se ha convertido en un personaje incómodo para el Gobierno. Y no sólo por los dichos de Carrió. Hasta el jefe de Ministros, Marco Peña, pareció soltarle la mano. Durante una conferencia de prensa convocada para aclarar la situación del presidente, Peña derivó las preguntas sobre el intendente al comunicado. “El intendente de Lanús emitió comunicado respecto al tema. Lo más importante es que la información sea lo más precisa posible”, fue la evasiva del ministro.

Otro funcionario salpicado por el escándalo ha sido el secretario de Derechos Humanos nacional, Claudio Avruj, que aparece en el directorio de una empresa offshore llamada Kalushi. La fuente no ha sido el estudio Mossack Fonseca sino el Registro Público de Panamá, un ente público y de acceso libre. Avruj respondió de inmediato a la difusión de su presunta responsabilidad en Kalushi y negó cualquier tipo de delito. Según su versión, entre los años 1992 y 1993 tuvo que pedir residencia legal en Panamá por su trabajo como representante de la organización internaiconal B’nai B’rith, reconocida por su tarea en derechos humanos.

“La organización constituyó a través de sus representantes la sociedad anónima Kalushy, a los efectos de cumplir con la normativa laboral local y permitirle a Avruj asentar su residencia en aquel país”, explicó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.