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Llamazares pasa delante de Zapatero / ULY MARTÍN
El 5 de febrero de 2003, José María Aznar compareció por primera vez ante el pleno del Congreso para defender la guerra de Irak, y salió de la Cámara sin lograr más apoyo que el de su grupo parlamentario. Ayer, José Luis Rodríguez Zapatero fue a la Cámara a ratificar su decisión de participar en la operación militar en Libia y salió con el respaldo casi unánime del Congreso.
El Congreso ratificó ayer, por abrumadora mayoría, la participación española en la intervención militar en Libia, acordada el pasado viernes por el Gobierno. En teoría, el acuerdo del Consejo de Ministros y el del Congreso deberían ser idénticos, pero una comparación de los dos documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, refleja sensibles diferencias entre ambos.
Un pequeño grupo de partidarios de Muamar el Gadafi interrumpió ayer una concentración de protesta en la Puerta del Sol por la intervención militar en Libia. Los partidarios del dictador libio besaron su foto (en la imagen) y cantaron su nombre mientras los convocantes de la concentración, medio centenar de personas, gritaban: "No a la guerra" y "Fuera OTAN".
La Sala Especial del Tribunal Supremo inicia a las 10 de esta mañana sus deliberaciones sobre la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos, después de que las partes concluyeran ayer sus informes finales. El abogado del Estado, Manuel Rivero, y el fiscal del Supremo, Antonio Narváez, concluyeron que Sortu es el "enésimo proyecto" de la izquierda abertzale para presentarse a las elecciones utilizando el "fraude de ley y el abuso de derecho".
Los grupos nacionalistas proponen periódicamente cambiar el reglamento para poder usar las lenguas cooficiales, junto al castellano. El PSOE y el PP lo impiden con sus votos, con UPyD y UPN. Siempre tratan de defender su posición hablando en su lengua en la tribuna, algo ilegal.
Unos 10 millones de euros de fondos públicos que estaban destinados a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis acabaron donde no debían, en los bolsillos de los intrusos que se colaron en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía.
El 29 de marzo de 2006, día en que se desencadenó la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella, la policía entró en la sede de Maras Asesores, una oficina en el centro de la ciudad que el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, compartía con quien era considerado su contable, Salvador Gardoqui.
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