La crisis del Estatuto catalán
José Montilla, presidente de la Generalitat, pasó ayer de las palabras a los hechos y puso encima de la mesa el plan que el Gobierno catalán ha dispuesto, con el apoyo de Convergència i Unió, para forzar la renovación del Tribunal Constitucional. Para desespero de amplios sectores del PSOE, el líder de los socialistas catalanes piensa encabezar personalmente esta batalla, que incluirá una inusual intervención de Montilla en el Senado para pedir no sólo la renovación del alto tribunal, sino también la reforma de la ley que lo regula, a lo que se opone el Gobierno.
Tras escuchar diez minutos de argumentos, el presidente del Gobierno tuvo la cortesía de abrir una rendija por la que cabría la pretensión de los partidos catalanes de cambiar la ley del Tribunal Constitucional. "Se puede hablar", dijo. Inmediatamente después, la cerró.
El PSOE trata de reaccionar ante la ofensiva del PP para colocarle "contra las instituciones". Esta es la decisión de sus dirigentes dado que pasan los días y los dirigentes del PP no sueltan la especie de que el PSOE no las respeta. Además, añaden que Zapatero abomina de la Transición y le colocan detrás de las manifestaciones a favor del juez Baltasar Garzón.
El PSOE no tiene la mayoría absoluta del Congreso. Le faltan siete votos. Y de vez en cuando se nota. Ayer fue uno de esos días. El PSOE sufrió tres derrotas consecutivas en asuntos relevantes, como la bajada del IVA de los alimentos -una iniciativa del BNG- y dos propuestas del PP y de CiU para ampliar el plan 2000 E, que está sirviendo para fomentar la venta de coches.
El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela aplazó ayer pronunciarse sobre la recusación que Baltasar Garzón presentó en su contra el pasado viernes. El juez de la Audiencia Nacional achaca a Varela "tener interés directo o indirecto en el pleito" que instruye contra él por investigar los crímenes del franquismo.
Cinco subordinados del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, comparecen hoy como imputados ante la juez que investiga el espionaje en 2008 al vicealcalde Manuel Cobo y al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada -ambos desafectos a Esperanza Aguirre-, presuntamente ejecutado por agentes a sueldo del Gobierno madrileño.
La Mesa de las Cortes Valencianas, con la aquiescencia de la Presidencia de la Generalitat, envió ayer a la papelera cinco iniciativas de la oposición que aludían al caso Gürtel y al fenómeno de la corrupción con el argumento de que incluían "juicios de valor".
Agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, cubiertos con pasamontañas, detuvieron ayer en su domicilio a la consejera de Presidencia del Cabildo de Lanzarote y ex presidenta de esta corporación, María José Docal, mano derecha del fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, actualmente en prisión.
