La CEOE ha presentado recurso contencioso administrativo al Tribunal Supremo contra la nueva Ley de Procedimiento Laboral, que regula los sistemas de despido de los trabajadores. La ley modifica la tipificación de los despidos e introduce penalizaciones a las empresas que no readmitan empleados en casos de despido nulo. La UGT y CC 00 han acogido favorablemente la nueva ley, mientras la patronal considera que "está fuertemente sindicalizada".
El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) participará con la Empresa Nacional Aldeasa al 50% en la creación de un holding nacional de distribución de mercancías que se enmarca dentro de la reactivación industrial del banco que preside Emilio Ybarra. La inversión prevista, según el proyecto que manejan ambas entidades, es de 80.000 millones de pesetas en los próximos cinco años. El BBV completa con este nuevo grupo su entramado en el sector de alimentación, distribución y almacenaje de mercancías, uno de los sectores en los que el capital extranjero está comiendo terreno a marchas forzadas.
Las cámaras de comercio del País Vasco han acogido con cierta preocupación las prioridades del Gobierno francés en materia de infraestructuras ferroviarias, que llevarían al tren de alta velocidad (TAV) por La Junquera y no por Irún. Las cámaras están preocupadas porque esta decisión podría confirmar la tendencia del Gobierno central de llevar la línea por Zaragoza hasta Barcelona.
El conjunto del sector textil en España ha registrado entre enero y mayo de este año más suspensiones de pagos que a lo largo de todo 1989. El cese de estas actividades, que ha supuesto un pasivo de casi 20.000 millones de pesetas, ha afectado a un total de 5.396 trabajadores. Según las conclusiones del Consejo Intertextil, gran parte de estas suspensiones se deben al galopante aumento de las importaciones, que mantienen un crecimiento anual del 40% en los cinco últimos años.
El merchant hank norteamericano Goldman Sachs ha presentado a los máximos responsables de Unión Fenosa tres ofertas de compra de la sede social de la compañía eléctrica, situada en el número 53 de la madrileña calle de Capitán Haya. La operación de venta, cuyo importe se estima en unos 10.000 millones de pesetas, se resolvera casi con toda probabilidad antes del mes de agosto y no implicará el desalojo inmediato del inmueble, ya que se prevé una cláusula de permanencia por un período de cinco años.
El ministro de Trabajo, Luís Martínez Noval, ha declarado que la flexibilidad negociadora del Gobierno en la segunda fase de la concertación permitirá la continuación del diálogo aun con la retirada de una de las partes. No obstante, reconoce que en el Ejecutivo existe preocupación por la posible retirada de los empresarios.