Estados Unidos presenta cargos de terrorismo a los dos primeros procesados por pertenecer a Antifa por un ataque a un centro migratorio

Dos residentes del norte de Texas enfrentan cargos federales sin precedentes por terrorismo doméstico, acusados de formar parte de una supuesta “célula de Antifa” que atacó un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 4 de julio. Cameron Arnold y Zachary Evetts son los primeros en ser procesados bajo la controvertida orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en septiembre, declarando al movimiento antifascista como organización terrorista, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Arnold y Evetts enfrentan cargos por proporcionar apoyo material a terroristas, intento de asesinato de oficiales y empleados federales, y descarga de armas de fuego durante la comisión de un crimen violento, según la acusación formal del gran jurado presentada ante el Tribunal del Distrito Norte de Texas. Los cargos se derivan de un ataque ocurrido el Día de la Independencia en el centro de detención Prairieland del ICE en la ciudad texana de Alvarado.

De acuerdo con documentos judiciales, sobre las 11 de la noche de ese día, varios individuos enmascarados y vestidos de negro llegaron al centro de detención. El grupo comenzó a vandalizar vehículos y cámaras de seguridad en el estacionamiento mientras lanzaban fuegos artificiales para crear una distracción. Cuando un oficial de policía local y otros oficiales desarmados se acercaron para intervenir, varias personas abrieron fuego con rifles semiautomáticos desde una arboleda al otro lado de la calle. Un oficial de policía resultó herido en el cuello, aunque sobrevivió tras ser trasladado en helicóptero a un hospital cercano en Fort Worth.

La acusación alega que Arnold, también conocido como Autumn Hill, gritó “¡Tomen los rifles!”, antes de abrir fuego contra las autoridades. El documento también señala que Arnold disparó múltiples veces hasta que su rifle se atascó. En ese momento los atacantes huyeron de la escena.

“Por primera vez en la historia, el FBI arrestó a extremistas violentos anarquistas y presentó cargos contra estos individuos alineados con Antifa por apoyo material al terrorismo”, declaró al respecto el director de esa agencia federal, Kash Patel, en un comunicado.

El documento judicial describe a Arnold y Evetts como parte de una “célula de Antifa del norte de Texas” compuesta por al menos 11 operativos. Añade que el grupo realizó una planificación extensiva antes del incidente, incluyendo reconocimiento previo del sitio y discusiones sobre logística y ubicaciones de cámaras de seguridad.

Por otra parte, el informe asegura que Arnold entrenó a otros miembros del grupo en el uso de armas de fuego, de las cuales el grupo poseía más de 50. Supuestamente, el acusado construyó numerosos rifles de plataforma AR, algunos de los cuales distribuyó a su grupo. Los investigadores encontraron además que el grupo utilizó una aplicación de mensajería encriptada para coordinar sus movimientos. Entre los mensajes recuperados, un miembro escribió: “Ya terminé con las protestas pacíficas” y “Las vidas azules no importan”, en referencia a los agentes de policía.

Hasta ahora, 17 personas han sido arrestadas por supuestos vínculos con el ataque. Ocho de ellas, incluyendo a Arnold y Evetts, permanecen detenidas tras la decisión de un juez federal en Fort Worth de enviar sus casos a un gran jurado.

Los cargos llegan un mes después de que Trump firmara una orden ejecutiva designando formalmente a Antifa como “organización terrorista doméstica”. Esta medida se produjo tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, un incidente que el presidente atribuyó a la “izquierda radical extrema”.

En la orden ejecutiva, Trump describió a Antifa como “una empresa militarista y anarquista que explícitamente llama al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal”. El documento instruye a todas las agencias federales a utilizar sus facultades para investigar, interrumpir y desmantelar operaciones ilegales vinculadas a dicho movimiento.

La fiscal general, Pam Bondi, escribió sobre el tema en su cuenta de X. “Como ha dejado claro el presidente Trump, Antifa es una organización terrorista izquierdista. Serán procesados como tal”, manifestó.

Sin embargo, expertos legales y constitucionales han cuestionado la validez legal de esta designación. “Tanto la orden como el memorando carecen de fundamento fáctico y jurídico. Actuar conforme a ellos violaría el derecho a la libertad de expresión, lo que podría poner en peligro la investigación y el procesamiento de cualquier persona o grupo que comparta una amplia gama de opiniones”, explica Faiza Patel, directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice, en un análisis. Añade también que el gobierno “no tiene autoridad para designar grupos como organizaciones terroristas nacionales, como lo demuestra la falta de citación de ninguna ley o disposición constitucional que respalde la acción del presidente”.