Una jueza prohíbe de modo temporal el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Nueva derrota, aunque puede que solo temporal, para Donald Trump en menos de una semana asen su batalla por controlar ciudades demócratas con el envío de tropas de la Guardia Nacional. En Chicago, la jueza federal April Perry ha aceptado los argumentos de las autoridades de Illinois y ha impuesto un bloqueo temporal de 14 días a la movilización de esos soldados en la ciudad.

La Administración Trump alegaba en el caso de Chicago que las protestas contra su política migratoria y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ocurren en la metrópolis representan “como poco, un peligro de rebelión” que hace necesaria la movilización militar. Perry, nombrada para el cargo por el demócrata Joe Biden, ha indicado en su anuncio verbal de la orden que no ve “pruebas creíbles” de que se esté generando una insurrección en las calles.

Por contra, señala, los indicios apuntan a que el despliegue de la Guardia Nacional sí podría “añadir leña al fuego” creado por el Gobierno al desplegar desde el mes pasado a agentes del ICE para llevar a cabo redadas y deportaciones masivas en la urbe, en la llamada “Operación Midway Blitz”.

“Hay pruebas abrumadoras presentadas de que la naturaleza provocadora de las actividades policiales de ICE, las repetidas violaciones de la Constitución, han causado un incremento significativo en las actividades de protesta”, denunciaba la jueza en su orden verbal. La orden por escrito se divulgará este viernes.

Trump había ordenado el despliegue de la Guardia Nacional local y de cerca de medio millar de soldados de las Guardias Nacionales de Texas y California en Chicago. Parte de ellos habían quedado operativos ya desde este jueves en un centro de ICE en las afueras de la metrópolis, en la localidad de Broadview, convertido desde hace semanas en el foco de las protestas. Se desconoce si el Gobierno optará ahora por devolverlos a sus lugares de origen tras la orden.

La decisión de Perry es la segunda en menos de una semana en la que una jueza prohíbe el despliegue de la Guardia Nacional en una ciudad estadounidense después de que Trump haya ordenado esa movilización. El fin de semana pasado la togada Karin Immergut también bloqueaba esa orden en Portland (Oregón) a instancias de las autoridades estatales. En septiembre, el magistrado Charles Breyer declaraba ilícito el despliegue de tropas comenzado el pasado junio en Los Ángeles.

Los reveses para la Administración no han terminado ahí. Estos días otros jueces en Chicago también han prohibido a los agentes de ICE utilizar gas pimienta y gas lacrimógeno contra manifestantes y periodistas, y han dado órdenes de aplicar estrictamente una prohibición ya existente que prohíbe las deportaciones masivas.

En un mensaje en la red social X, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha escrito: “Donald Trump no es un rey - y su Administración no está por encima de la ley”. Y agrega “hoy, los tribunales han confirmado lo que ya sabíamos todos: no hay indicios de una rebelión en Illinois”.

Al anunciar su prohibición, la jueza Perry ha reconocido que probablemente la Administración la recurra. Se da casi por seguro que las órdenes judiciales terminen en el Supremo, donde la decisión final puede tener una enorme trascendencia para el futuro del sistema democrático estadounidense. El dictamen definitivo servirá para determinar hasta dónde llegan los poderes del presidente, el uso de las Fuerzas Armadas en territorio estadounidense y las relaciones entre el Gobierno federal y los Estados.

Trump ha desplegado ya a la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington D. C., además de Chicago, y ha dado órdenes de hacerlo en Portland y en Memphis, donde 200 soldados quedarán activados a partir de este viernes. Las cinco ciudades están gobernadas por demócratas y en ellas el presidente asegura que la violencia —sea generada por protestas contra las actividades de ICE, sea por delincuencia común—se encuentra fuera de control. “Vamos a hacer Chicago una ciudad más segura, quiera el gobernador o no”, declaraba el republicano en una reunión de su Gabinete este jueves.

En Chicago, en unos juzgados de estilo brutalista y accesos completamente vallados, la primera parte de una vista que se ha prolongado casi el día completo se centraba en debatir el significado de la palabra “rebelión”. Los abogados del Gobierno sostienen que las protestas y los niveles de violencia que aseguran que existen en la Ciudad de los Vientos representan una. Los representantes de Illinois, encabezados por el fiscal Christopher Wells, se preguntaban: “¿Quiénes son los rebeldes? ¿Están esos rebeldes bien armados?” Y recordaban que los fundadores del país “no usaron a la ligera palabras como guerra, insurrección o rebelión”. “

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, había presentado en nombre de las autoridades de su Estado una demanda el pasado lunes para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago ordenado por Trump pese a la oposición del gobernador demócrata, J. B. Pritzker. La Guardia Nacional es un cuerpo militar de reserva bajo el control de los distintos Estados; el presidente puede activar sus efectivos, algo que suele ocurrir en casos de urgencia tales como un desastre natural, pero necesita el visto bueno del gobernador del Estado. La ley contempla excepciones, pero solo en casos extremos, como una insurrección.

Los abogados de la Administración Trump sostenían que el despliegue de la Guardia Nacional está justificado por una escalada de la violencia contra los agentes del ICE que llevan a cabo una dura operación de redadas para deportar a inmigrantes ilegales, ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional a instancias del propio Trump. Los defensores aseguran que esos soldados protegerán a los agentes “contra el peligro de una rebelión contra la autoridad federal”.

En paralelo a la vista en Chicago, este jueves se celebraba una audiencia igualmente clave sobre las órdenes de Trump de despliegue de la Guardia Nacional en Oregón. Un tribunal de apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco veía el recurso que la Administración republicana ha presentado contra el veto temporal impuesto por la jueza Karin Immergut a la movilización de ese cuerpo en el Estado desde el fin de semana pasad, aunque hasta el momento no ha emitido una resolución.

En Oregón, el republicano había ordenado el despliegue de varios centenares de soldados de la Guardia Nacional local y de otros 200 de la Guardia Nacional de California al alegar que en Portland la violencia se encontraba desatada por los ataques de grupos antifascistas a un centro del ICE cada noche. La jueza Immergut apuntaba en su decisión que esas protestas son reducidas y han generado relativamente poco alboroto en los días y semanas previos antes de la directriz presidencial.