El cerco judicial se cierra sobre Kilmar Abrego García

Kilmar Armando Abrego García se encuentra desde el 25 de agosto en un centro de detención en el Estado de Virginia, enfrentando una segunda deportación. El Gobierno ha ido planteando varios destinos posibles, todos poco halagueños para el salvadoreño: primero fue Uganda, y luego, El Salvador. Este último se creía descartado, porque es al país centroamericano donde fue enviado por error en marzo pasado.

La última elección del Gobierno, conocida este fin de semana, ha sido Esuatini. En una carta enviada a sus abogados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afirmó que su temor a ser perseguido o torturado en Uganda es “difícil de tomar en serio, especialmente considerando que usted ha afirmado (a través de sus abogados) que teme ser perseguido o torturado en al menos 22 países diferentes. ...Sin embargo, por la presente le notificamos que su nuevo país de expulsión es Esuatini”.

Este pequeño país, que limita con Sudáfrica, es una de las últimas monarquías absolutas del mundo. El rey Mswati III ha gobernado desde 1986 y las autoridades bajo su mando están acusadas de reprimir violentamente los movimientos prodemocráticos.

Estados Unidos ya deportó a cinco hombres a Esuatini en julio. Sus abogados denuncian que no pueden comunicarse con ellos y saber las condiciones en que están.

El futuro del salvadoreño, de 30 años, se definirá en los varios frentes que mantiene abiertos con los tribunales. Los medios de comunicación, políticos, organizaciones de derechos civiles y buena parte de la sociedad están pendientes del desenlace, ya que Abrego García se ha convertido en el símbolo de la resistencia contra las deportaciones de la Administración de Donald Trump.

Sus abogados interpusieron una demanda para garantizar su derecho al debido proceso mientras continúa su caso de deportación. La jueza Paula Xinis, de Maryland, encargada del caso, bloqueó temporalmente una posible expulsión al ordenar que el detenido permanezca en Estados Unidos hasta que ella resuelva la petición, sobre la que se cree que pueda pronunciarse a mediados de octubre. Asimismo, la magistrada ordenó que Abrego debía permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a menos de 320 kilómetros del tribunal en Greenbelt, Maryland.

Xinis celebrará una audiencia que se espera incluya declaraciones de testigos el 6 de octubre.

Tráfico de personas

En paralelo, está en marcha el caso penal abierto contra Abrego García en el Estado de Tennessee por tráfico de personas, cuyo juicio está previsto que comience en enero. Este caso es, según los abogados, un claro ejemplo de “persecución selectiva y vengativa” por parte de la Administración Trump. El republicano mantiene desde hace meses un pulso en los tribunales contra el salvadoreño, una de las causas que mayores críticas le ha supuesto.

El caso de Abrego García fue denunciado dentro y fuera de Estados Unidos después de que un funcionario federal admitiera que el salvadoreño fue deportado por error a El Salvador el 15 de marzo, junto con más de 250 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusados de pertenecer a pandillas criminales, como el Tren de Aragua. Esta semana, un juez federal declaró ilegal la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que el Gobierno usó para expulsarlos.

Abrego García tenía una protección judicial desde 2019 que impedía su deportación a ese país.

Desde entonces, la Administración, aunque reconoció el error, se empleó a fondo en criminalizar al salvadoreño para justificar su detención, acusándole de pertenecer a la pandilla salvadoreña MS-13, la violenta Mara Salvatrucha. Abrego García y sus abogados siempre han negado el vínculo con ese grupo y el Gobierno no ha aportado pruebas de ello.

El propio Trump, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, la fiscal general, Pam Bondi, y otros altos funcionarios calificaron al salvadoreño como “un monstruo” que debía permanecer fuera de Estados Unidos. La Administración desafió los fallos judiciales, incluso del Tribunal Supremo, que pedían su regreso.

En junio, el Gobierno cedió a la presión y llevó a Abrego García de vuelta a Estados Unidos. No sin antes preparar un caso para detenerle nada más aterrizar en suelo estadounidense. El salvadoreño fue arrestado al descender del avión y llevado a una prisión en Tennessee, acusado de traficar con personas.

El caso penal que enfrenta se basa en un vídeo de un control de tráfico en 2022 en Tennessee que el Gobierno ha recuperado. Abrego García conducía el vehículo, en el que viajaban nueve personas más. Los agentes sospecharon que podía tratarse de un caso de contrabando de migrantes indocumentados, pues los pasajeros, que aseguraron estar yendo a un trabajo en Maryland, no llevaban equipaje. No obstante, dejaron que siguieran su viaje.

Los abogados del Gobierno sostienen que era uno de los muchos viajes que Abrego García realizaba desde 2016 como parte de una red de transporte ilegal de personas. Con esa acusación, que él niega, la Administración consiguió mantenerle detenido hasta el 22 de agosto, cuando fue puesto en libertad condicional. Su salida le permitió regresar a Maryland a reunirse con su mujer Jennifer Vasquez, y sus tres hijos (uno propio y dos de una relación anterior de su esposa), de quienes estuvo separado 160 días.

La libertad le duró solo tres días. Abrego García recibió una notificación para presentarse a un control de inmigración en el que, como anticiparon sus abogados, fue arrestado de nuevo y llevado a un centro de detención en Virginia, donde se encuentra preso.

Desde el Gobierno se establecieron negociaciones con los abogados para acordar un país de destino en caso de deportación. La posibilidad de Uganda, un país africano sobre el que pesan acusaciones de no respetar los derechos humanos, fue vista por los abogados como un castigo por haberse manifestado contra sus políticas antiinmigración.

Los fiscales y los abogados defensores iniciaron conversaciones confidenciales sobre un posible acuerdo de culpabilidad a mediados de julio, según documentos judiciales. A Abrego García solo le interesaba un acuerdo que le permitiera ser deportado a un tercer país hispanohablante en América del Norte o Central, como México, donde pueda vivir libre y seguro tras cumplir su condena en Estados Unidos.

En colaboración con el Departamento de Estado, la fiscalía de Estados Unidos logró obtener la promesa de Costa Rica de que Abrego García sería bienvenido allí como inmigrante legal y no detenido ni deportado a El Salvador. Según los abogados, el Gobierno estadounidense exigió al salvadoreño que se declarara culpable de los cargos de tráfico de personas para enviarlo a Costa Rica, a lo que Abrego García se negó. En consecuencia, el Ejecutivo manifestó en un primer legar su intención de deportarlo a Uganda y , ahora, Esuatini.

Documentos judiciales recién revelados muestran que la Administración también consideró enviarlo a El Salvador, donde Abrego García ya sufrió torturas mientras estaba encarcelado en el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), la macroprisión de máxima seguridad famosa por las deplorables condiciones en que mantienen a los presos.

La posibilidad de ser reenviado a su país de origen, revelada por The New York Times, surgió en respuesta a la nueva solicitud de asilo que han presentado los abogados, el otro caso pendiente en los tribunales.

Una solicitud de asilo de doble filo

La defensa presentó la solicitud ante la corte de inmigración de Baltimore con la esperanza de que se le concediera asilo o se le suspendiera la deportación a Uganda, si un juez de inmigración determina que existe una amenaza creíble para su vida si es enviado al país africano.

Según la Fiscalía, la solicitud, al ser realizada por la nueva entrada de Abrego García a Estados Unidos, puede poner fin a la protección judicial que tenía desde 2019 que impedía su traslado a El Salvador y que fue ignorada en su primera deportación.

“Si el tribunal de inmigración concede la solicitud de reapertura del demandado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitará su deportación a El Salvador”, argumentó la Administración Trump en su presentación. Añadió que el fallo anterior “dejará de ser válido” si el caso de asilo sigue adelante.

Un juez de inmigración le concedió la protección en respuesta a su primera solicitud de asilo. Entonces, el magistrado rechazó la petición, por no haberse realizado en el plazo de un año después de su ingreso estipulado por ley, pero le otorgó la protección por entender que podría sufrir represalias si regresaba a El Salvador.

Abrego García huyó de su país a los 16 años por la presión que ejercía la pandilla criminal Barrio 18 sobre su familia. Su madre, dueña de un pequeño negocio de pupusas caseras, sufría continuas extorsiones y los integrantes del grupo presionaban para que él, adolescente, se uniera a su pandilla. Las continuas amenazas hicieron que sus padres le enviaran a Estados Unidos, a donde ya había huido su hermano mayor.

Abrego García residía con su mujer y tres hijos en Maryland y trabajaba como obrero metalúrgico. El día que fue detenido, el 12 de marzo, volvía de recoger a su hijo, que tiene necesidades especiales, cuando fue interceptado por agentes de inmigración. Desde entonces, y excepto por tres días, ha estado privado de libertad.

“El presidente Trump no va a permitir que este inmigrante ilegal, miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil, siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses”, dijo Noem en un comunicado. Los tribunales tienen la palabra.