La vieja estrategia republicana para mermar el voto migrante crea confusión entre los nuevos naturalizados

El show electoral en Estados Unidos ha tenido de todo: las típicas promesas para anular a los migrantes o mejorar la economía, un intento de asesinato, el abandono de una candidatura, la reinvención de otra candidata y ahora, a casi tres meses del final, una jugada a la que los republicanos ya han acudido antes: sembrar la intriga sobre la posibilidad de que los demócratas estén haciendo fraude en estas elecciones con el voto de no ciudadanos. Se trata de una vieja estrategia republicana, según los abogados, activistas y las organizaciones que están velando porque las personas que han recibido la ciudadanía puedan ejercer su derecho al voto.

No solo se trata de la cruzada del gobernador texano, Greg Abbott, quien recientemente aseguró que más de 1,1 millones de nombres se habían sido eliminado de las listas electorales de Texas como parte de un proceso rutinario, sino que a las personas naturalizadas en los últimos tiempos se les ha identificado como no ciudadanos, restringiendo así la posibilidad de ejercer el sufragio en noviembre.

En 2019, por ejemplo, el Estado de Texas identificó a 95.000 votantes como “no ciudadanos”, aunque una posterior investigación reveló que la mayoría se habían naturalizado. “El partido Republicano de Donald Trump y sus diferentes manifestaciones en el país, particularmente los gobernadores de Texas, de La Florida, o Arizona intentan justificar lo injustificable, o sea, que en 2020 hubo fraude electoral que llevó a la presidencia a Joe Biden, cosa que ha sido desestimada en repetidas ocasiones”, dijo a EL PAÍS el Dr. Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida (FIU). “Pero no habiendo logrado satisfacer su objetivo, ahora han iniciado una nueva cruzada porque se están acercando las elecciones. Primero para eliminar el voto por correo, segundo para eliminar el voto ausente y tercero para identificar gente que ellos consideran cuestionables”.

Varias organizaciones están alertando en redes sociales de lo que en lo adelante podría sucederle a algunas personas, es decir, que en algún momento amanezcan con la noticia de que están imposibilitados de votar. La Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin recomendó que, en caso de una mudanza desde las últimas elecciones, la gente se asegure de estar registrada con la nueva dirección domiciliar. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas habilitó una línea telefónica para brindar acompañamiento si un votante se cruza con algún contratiempo.

En Texas ya han denunciado este tipo de procedimientos en el pasado. “Está usando ese proceso rutinario para eliminar a supuestos no ciudadanos que ellos asumen que están votando o haciendo algo ilegal”, declaró Edgar Saldivaror, abogado de ACLU. “Lo que nosotros hemos visto es que no hay evidencias. El Estado ha tratado de hacer esto anteriormente, y los hemos demandado. Ocurrió en el 2019 y también lo intentaron en el 2021″.

El abogado asegura que es ilegal privar del derecho al voto a un ciudadano por fallas del propio Estado. La Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (NVRA) especifica que “noventa días antes de las elecciones federales no pueden hacer cambios en las listas de los votantes registrados, eso puede ser una violación de la ley”, dice. “Aparte de eso, bajo la Constitución de Estados Unidos, todo ciudadano tiene el derecho y es elegible a votar”.

Estrategia “para intimidar a los votantes”

Se trata de una de las tantas luchas entre republicanos y demócratas. Los primeros han asegurado que los segundos han tratado de registrar de forma fraudulenta a los hispanos, a raíz de la aceleración de los procesos de ciudadanía en los meses previos a las elecciones, otro as bajo la manga de la Administración Biden para ganar votantes en noviembre. El fraude como herramienta para ayudar en el camino a la Casa Blanca es algo a lo que el propio Donald Trump se ha referido en sus discursos: “La única forma de que nos ganen es haciendo trampas”, dijo hace poco en Las Vegas.

Políticos de Alabama, Texas, Virginia y Ohio se han sumado a la caravana republicana que busca eliminar a los no ciudadanos de sus listas de votantes, y han dejado saber que incurrir en este delito puede pagarse con multas, prisión y hasta la deportación, palabras que resuenan particularmente en los oídos de cualquier emigrante.

Justin Gest, profesor asociado en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason y autor de varios libros sobre políticas de inmigración y cambio demográfico, dijo que, a corto plazo, estas acciones “producirán sin duda un efecto amedrentador en las organizaciones de movilización de votantes, y también pueden intimidar a algunos votantes latinos que de otro modo tendrían derecho a votar”. “Pero en el entorno político actual, muy reactivo, este tipo de acciones también pueden revitalizar el apoyo a estas organizaciones y a sus esfuerzos de movilización centrados en los latinos, precisamente porque están amenazados”, añadió.

A pesar de la narrativa republicana de que hay un fraude que involucra el voto de los no ciudadanos, hace unos meses el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no tuvo argumentos cuando le preguntaron por las evidencias. “La respuesta es que no hay respuesta”, dijo en una conferencia de prensa. “Todos sabemos, intuitivamente, que muchos ilegales están votando en las elecciones federales, pero no es algo que sea fácil de probar”.

La Cámara de Representantes apoyó una propuesta republicana de este año de exigir pruebas de ciudadanía a votantes, algo a lo que los demócratas se han opuesto asegurando que no es necesario, pues existen muchas maneras de comprobar la disponibilidad para ejercer el voto. Johnson, por su parte, dijo que realmente lo que los demócratas quieren es “que los ilegales participen en nuestras elecciones federales, quieren que voten.”

El Centro Brennan para la Justicia ha asegurado que los casos de migrantes en Estados Unidos que votan sin tener la ciudadanía son “extremadamente raros”. El Dr. Gamarra explicó que, cuando alguien se inscribe para votar, “no hay una obligación de demostrar que eres ciudadano, simplemente tu licencia de conducir, tu lugar de residencia y tu palabra de que eres ciudadano. Es probable que haya gente que se inscriba, que no tiene la nacionalidad, pero ese porcentaje es absolutamente mínimo, no tiene incidencia en el resultado final”.

Saldivaror asegura que “el pretexto de la narrativa que tienen de fraude electoral es algo que se ha usado históricamente para intimidar a los votantes”. “En Texas, por ejemplo, se está diversificando la población de una manera muy rápida, las poblaciones más crecientes son las comundiades de color, y todo eso le sirve de amenaza política a los líderes estatales. Por eso están buscando intimidar a votantes y causar dudas sobre las elecciones”, explica. El abogado, por tanto, recomienda que las personas naturalizadas revisen si su información aparece actualizada en las listas de votantes de sus respectivos condados.

En ocasiones la intimidación hacia los votantes ha dado frutos: hay quien se ha negado a votar cuando, estando naturalizado, le dicen que es un no ciudadano y que debe someterse a otros procesos para ejercer el voto. Otras leyes de identificación del votante hacen que muchos no asistan a las urnas, tal y como prueba un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, que reveló que esta fue la causa de que la participación de los latinos se redujera en 10,3% en 2016 en Estados con leyes muy estrictas para votar, y que disminuyera un 12,7% la participación de los ciudadanos naturalizados en general.