Human Rights Watch denuncia numerosas violaciones contra migrantes bajo el programa ‘Remain in Mexico’

Cuando en noviembre de 2019 Cecilia P., una migrante venezolana de 36 años, llegó a la fronteriza ciudad mexicana de Nogales, tenía la esperanza de que las autoridades migratorias de Estados Unidos escucharan sus alegatos para obtener asilo para ella y sus dos hijos, de 13 y tres años, y así poder reunirse con su hermana en territorio estadounidense. Lo que encontró, sin embargo, fue un muro burocrático difícil de saltar: tras permitirle en un primer momento ingresar a EE UU, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la devolvieron a México, donde debía permanecer bajo...

Cuando en noviembre de 2019 Cecilia P., una migrante venezolana de 36 años, llegó a la fronteriza ciudad mexicana de Nogales, tenía la esperanza de que las autoridades migratorias de Estados Unidos escucharan sus alegatos para obtener asilo para ella y sus dos hijos, de 13 y tres años, y así poder reunirse con su hermana en territorio estadounidense. Lo que encontró, sin embargo, fue un muro burocrático difícil de saltar: tras permitirle en un primer momento ingresar a EE UU, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la devolvieron a México, donde debía permanecer bajo la promesa de que un juez estudiaría su caso. Fue enviada a la violenta Ciudad Juárez, donde no conocía a nadie y donde ella y sus hijos sufrieron intentos de violación, asalto y extorsión de parte de funcionarios migratorios mexicanos. Su historia forma parte de un extenso informe del organismo Human Rights Watch (HRW), que denuncia las violaciones a los derechos humanos de los migrantes bajo el programa Remain in Mexico, diseñado por el Gobierno de Donald Trump. HRW exige al presidente electo, Joe Biden, que desmantele “rápido y decisivamente” el programa por violentar a los migrantes.

Cecilia entabló amistad en Ciudad Juárez con Berenice, otra migrante venezolana de 24 años que también intentaba cruzar a Estados Unidos con su hija de cuatro años. “Estábamos completamente perdidos”, afirma Cecilia. Mientras las mujeres esperaban noticias de la hermana de Cecilia, cuatro hombres las atacaron. “Por lo que decían estaba claro que querían violarnos”, explica. “Uno me agarró. Otro agarró a mi amiga. Empezamos a gritar. Algunas personas se acercaron y ayudaron a expulsar a los hombres. Los niños quedaron completamente traumatizados”. La pesadilla no terminó ahí. Desesperadas, las mujeres compraron boletos de autobús para regresar a Nogales, un viaje de 10 horas desde Ciudad Juárez. En el camino, dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron el autobús y ordenaron a todos los pasajeros que mostraran sus identificaciones. Cecilia y Berenice presentaron sus pasaportes con los formularios de entrada a México, pero los agentes les ordenaron bajar del vehículo y entrar en una camioneta de la INM. Dentro, comenzaron a extorsionarlas. “Vamos a romper sus permisos y deportarlas si no nos dan 100 dólares cada una”, amenazó uno de los hombres. Cecilia y Berenice suplicaron que las dejaran en libertad. “Resuélvelo, no sé cómo lo resolverás, pero llorar no arregla nada. Si no tienes el dinero, romperé los permisos y con una llamada te deportarán“, fue la respuesta que recibieron. Cecilia entregó los 2.500 pesos (120 dólares) que cargaba y que era su única esperanza en Nogales y los hombres las dejaron volver al autobús.

“Bajo el programa Remain in Mexico, las personas que buscan asilo deben esperar en México y regresar periódicamente a Estados Unidos para audiencias en los tribunales de inmigración. Formalmente conocido como ‘Protocolos de Protección Migratoria (MPP, por sus siglas en inglés)’, el programa es todo menos protector: ha enviado a personas a algunas de las ciudades más peligrosas de México y las ha expuesto de manera innecesaria y previsible a un riesgo considerable de daños graves. Las personas entrevistadas, incluidos niños, describieron violación o intento de violación y otras agresiones sexuales, secuestro para obtener rescate, extorsión, robo a mano armada y otros delitos cometidos contra ellos. En muchos casos, fueron atacados cuando llegaban a México o cuando regresaban de las audiencias judiciales, o cuando dejaban los refugios para migrantes donde se alojaban. En algunos casos, agentes de inmigración o policías mexicanos cometieron estos delitos”, afirma HRW en el informe.

Desde que el programa comenzó, en enero de 2019, como parte de la política migratoria de Trump, las autoridades de EE UU han enviado a México a 69.000 solicitantes de asilo, entre ellos centenares de niños, muchos de ellos con discapacidades. “Es casi imposible lograr una excepción para las personas más vulnerables”, advierte HRW. Además, el organismo ha documentado entre noviembre de 2019 y enero de 2020 al menos 32 casos de secuestro o intentos de secuestro contra migrantes en las ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo. “La mayoría de estos secuestros involucraron a múltiples víctimas e incluyeron al menos 38 niños”, se afirma en el informe. Otro organismo de derechos humanos, Human Rights First, ha rastreado más de 1.100 casos de asesinato, violación, secuestro, tortura y agresión de personas enviadas a México bajo el programa de la Administración Trump.

“El programa Remain in Mexico somete a niños y adultos a daños graves y continuos, incluidos secuestros y violaciones, y debe ser desmantelado rápida y decisivamente”, exige Human Rights Watch. “El presidente electo, Joe Biden, debería actuar rápidamente en su promesa como candidato y poner fin al programa de dos años”, agrega el organismo. Biden se ha mostrado abierto a reformar las políticas migratorias del Gobierno actual, una decisión que ha sido aplaudida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Mi reconocimiento a su postura a favor de los migrantes de México y el mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica. Considero que de esta manera nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia, entre su gente, con su cultura, y así lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios desde y a través de México hacia Estados Unidos”, dijo el mandatario a mediados de diciembre.

El Gobierno mexicano, sin embargo, ha desarrollado una agresiva política contra los migrantes después de que Trump amenazara en mayo de 2019 con una tasa del 5% a cualquier importación si México no frenaba la migración. Como respuesta, el Gobierno mexicano desplegó a casi 7.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, convirtiendo al país en un muro para frenar las caravanas de migrantes que desde Centroamérica ingresan a territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.

“Como resultado —advierte HRW— miles de personas se concentran en ciudades fronterizas mexicanas peligrosas indefinidamente, viviendo vidas en el limbo, muchas de ellas dependientes de la generosidad de grupos humanitarios y voluntarios para alojamiento, comida y atención médica. Los refugios para migrantes en Ciudad Juárez y Tijuana se llenaron rápidamente, y un gran refugio administrado por las autoridades federales mexicanas en Ciudad Juárez también alcanzó rápidamente su capacidad poco después de su apertura a fines de 2019. En Matamoros, los peligros en la ciudad han provocado que hasta 2.600 personas vivan en un campamento informal a orillas del río que marca la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar propenso a inundaciones. En Nuevo Laredo, tanto los solicitantes de asilo como los que intentan ayudarlos también enfrentan riesgos particularmente graves. El reverendo Aarón Méndez, un pastor que dirigía un refugio para migrantes, fue secuestrado en agosto de 2019, probablemente por miembros del cartel que habían atacado repetidamente el refugio y a los que se quedaban allí”.

Historias de horror que sufren miles de migrantes como las venezolanas Cecilia y Berenice, quienes esperan cumplir su anhelo de comenzar una nueva vida en Estados Unidos. “La administración entrante debe reconocer que el MPP es un fracaso abyecto de Estados Unidos para defender el derecho a buscar asilo y brindar protección a las personas que buscan seguridad. Los graves daños que el MPP ha infligido a decenas de miles de personas no se pueden deshacer por completo, pero los esfuerzos de Estados Unidos para revertir el programa deberían poner a las personas en una posición lo más cercana posible a la situación en la que se habrían encontrado si no hubieran sido enviados a México, debe incluir asistencia específica para ayudarlos a recuperarse de las dificultades y angustias que el programa les ha impuesto, debe reconocer públicamente estos daños y debe comprometerse a no repetirlos nunca”, recomienda el informe de HRW.