Abusos de poder en Veracruz y el futuro de la democracia en México

En el Estado de Veracruz se vive una coyuntura política crítica: se experimenta simultáneamente una creciente ingobernabilidad debida al empoderamiento territorial del crimen organizado y una agudización de la intolerancia y del autoritarismo del Gobierno del Estado. Como en la época del PRI, se está consolidando un régimen autoritario subnacional que carece de límites internos. El poder del grupo político del gobernador Cuitláhuac García, dirigido por el secretario de Gobierno y verdadero poder tras el trono, Eric Cisneros, es ya comparable, en su capacidad de imponer decisiones a los otros p...

En el Estado de Veracruz se vive una coyuntura política crítica: se experimenta simultáneamente una creciente ingobernabilidad debida al empoderamiento territorial del crimen organizado y una agudización de la intolerancia y del autoritarismo del Gobierno del Estado. Como en la época del PRI, se está consolidando un régimen autoritario subnacional que carece de límites internos. El poder del grupo político del gobernador Cuitláhuac García, dirigido por el secretario de Gobierno y verdadero poder tras el trono, Eric Cisneros, es ya comparable, en su capacidad de imponer decisiones a los otros poderes y a la ciudadanía, al que tuvieron en su época Fidel Herrera y Javier Duarte. Cabe preguntarse si el caso de Veracruz es un experimento sobre los límites y alcances del autoritarismo de los gobiernos de Morena, o si simplemente se trata de una prueba más de la falta de proyecto político y de las carencias inocultables de la dirigencia política del grupo en el poder.

El recrudecimiento autoritario en Veracruz coincide, al igual que en gobiernos previos, con una violencia criminal desatada. En los primeros 15 días de enero hubo 35 asesinatos de alto impacto (como cadáveres exhibidos) y un periodista más fue víctima de homicidio. El Gobierno estatal ha perdido el control de diversos territorios, sobre todo en el sur y norte del Estado. La generalización del cobro de piso y de las luchas intestinas entre células criminales, así como su intervención creciente en la política local, nos hablan de un escenario de ingobernabilidad en diversos municipios de la entidad. Esta ofensiva se explica en parte porque recién han asumido sus cargos nuevos ayuntamientos, con el consiguiente reacomodo de las alianzas de cada grupo criminal regional con las nuevas autoridades municipales. En su desesperación, el Gobierno estatal trata de contrarrestar la fragmentación del poder mediante recursos ilegales o de dudosa legalidad, que aplica también a sus enemigos políticos. El reciente escándalo suscitado por la denuncia que hizo el senador Ricardo Monreal de la detención arbitraria de unos jóvenes en Xalapa, acusados de “ultrajes a la autoridad”, ha sido el motivo por el cual el país se ha enterado de los abusos de poder que caracterizan el ejercicio de gobierno en la entidad, con el pretexto de la lucha contra el crimen.

El tipo penal llamado “ultrajes a la autoridad”, que desde el nombre tiene un tufo priIsta, ha sido incluido en varios códigos penales estatales, incluido el de la Ciudad de México. En teoría, se trataba de sancionar agresiones a las fuerzas del orden. En Ciudad de México dos mujeres sentenciadas bajo ese cargo interpusieron recursos de amparo, que llegaron a la Suprema Corte de Justicia, la cual determinó en marzo de 2016 la inconstitucionalidad de este tipo penal. Sin embargo, esta figura legal siguió presente en varios Estados, y en el caso de Veracruz el código local fue reformado en marzo de 2021 para ampliar las causales de ese delito, con la anuencia de un Congreso dócil. Se estableció que si los agentes del orden eran atacados con alguna clase de arma, los responsables sufrirían prisión preventiva de oficio.

Para su mérito, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y algunas asociaciones de abogados señalaron, desde el momento en que el Congreso estatal aprobó las reformas, su carácter inconstitucional y exigieron su derogación. Diputados de oposición promovieron en abril del mismo año una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma al Código Penal Estatal, sin resultados a la fecha.

A partir de la aprobación de la reforma se suscitaron varias detenciones arbitrarias bajo el cargo de “ultrajes a la autoridad”, incluidos un periodista, un exsecretario de Gobierno perredista que era candidato de oposición a una diputación, empresarios locales descontentos y jóvenes, muchos jóvenes. En el caso denunciado por el senador Monreal en noviembre de 2021, pudo demostrarse fehacientemente la falsedad de la acusación de que cuatro jóvenes agredieron a unos policías estatales (que decían haber sido atacados con cuchillos) mediante las imágenes de las cámaras de seguridad del sitio donde tuvo lugar el incidente. En realidad lo que Monreal publicitó fue apenas uno de las decenas de casos en que el delito de “ultrajes a la autoridad” ha sido usado para la detención arbitraria de cualquier persona. Monreal, el líder de Morena en el Senado, encontró en este caso un buen motivo para atacar a un Gobierno estatal caracterizado por su absoluta lealtad al presidente, y posicionarse así como un político con independencia de criterio, en su búsqueda de la candidatura presidencial en 2024. Para tal fin creó, como presidente del Senado, una comisión especial para investigar los abusos de autoridad en Veracruz.

No es de extrañarse que en este contexto de absoluto control político local por parte de Morena, sólo la intervención externa de un senador poderoso como Monreal haya logrado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien el senador Monreal alertó de las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Veracruz, emitiera con sorprendente rapidez (el 30 de diciembre) una recomendación que hace notar la inconstitucionalidad de esta figura legal, condena el abuso de autoridad cometido contra los jóvenes cuya detención denunció Monreal, ordena la reparación del daño y la sanción a los funcionarios responsables. Recomienda asimismo al Legislativo local la derogación del artículo 331 del código penal, que valida ese delito.

El gobernador del Estado tuvo que reconocer a principios de enero que era necesario aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La derogación de este delito implicaría la liberación de decenas de personas injustamente detenidas. Si algo demuestra el caso de Veracruz es que dar poderes extraordinarios a la policía conduce indefectiblemente a abusos de poder y a la corrupción más descarada. Pero a la fecha nada ha pasado aún, y en cambio la confrontación política al interior de Morena se ha agudizado.

Como respuesta política a las denuncias del senador Monreal, el Gobierno estatal detuvo el 23 de diciembre pasado a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado y operador político de Monreal, bajo la acusación de ser el autor intelectual del asesinato de un candidato de su propio partido (Movimiento Ciudadano) a alcalde de Cazones, pequeño municipio costero del Centro-Norte del Estado, acontecido en junio pasado a solo tres días de la elección. La detención arbitraria de este personaje fue una venganza política, dada la carencia de pruebas de la acusación. Para colmo, el juez de control le impuso una detención preventiva de ¡un año y tres meses! A pesar de lo patente del abuso de poder, el presidente López Obrador externó rápidamente su apoyo al gobernador Cuitláhuac García (quien en realidad no gobierna), al igual que la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Los cálculos electorales y el premio a la lealtad cuentan más que la ley y la justicia.

En Veracruz, Morena arrasó en las elecciones de junio pasado, aprovechando la debilidad de la oposición y la masividad de su clientela política, de manera que controla el Congreso estatal y la mayoría de los gobiernos municipales. La centralización autoritaria del poder en el secretario de Gobierno ha facilitado su tarea de control del Poder Judicial estatal, que ha sufrido una verdadera catástrofe institucional y moral. El Gobierno ha impuesto a magistrados y a dos presidentas del Tribunal Superior de Justicia, ambas carentes del mínimo mérito profesional. Por otra parte, la Fiscalía supuestamente autónoma está patentemente al servicio del Gobierno, no de los ciudadanos. Veracruz constituye hoy el más grave caso de intervención política de un Gobierno estatal en el funcionamiento de un Poder Judicial local en todo el país.

Hace unos días un video supuestamente subido a redes por “Anonymus” (y que es patentemente una producción de algún sector del Gobierno), amenazó indirectamente de muerte a varios periodistas locales y acusó al exgobernador Miguel Ángel Yunes de ser el forjador del empoderamiento criminal. El video, de una bajeza moral y de una vulgaridad inconcebibles, indica el grado de degradación del grupo político que controla el Gobierno veracruzano. Cabe preguntarse si en Veracruz se está probando el grado de tolerancia que hay en el país hacia las formas más burdas de autoritarismo en los gobiernos locales de Morena.

Para colmo, la mitad de la bancada de Morena en el Senado, incluidos los senadores veracruzanos, forzaron en días recientes la remoción de la comisión de investigación sobre Veracruz. Su presidente, el viejo político local Dante Delgado, renunció a su cargo y denunció la maniobra como una muestra más de la voluntad política presidencial de ocultar los abusos de poder de sus aliados. En Veracruz la noticia se celebró como un triunfo del gobernador, sin mención alguna a los problemas de fondo. Es urgente detener este peligroso proceso, antes de que Veracruz se convierta en la imagen del futuro del país, que sería ni más ni menos la restauración plena del autoritarismo priista.

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