Sheinbaum negocia con los industriales para rebajar el precio de la tortilla
En los últimos seis años, el costo de un kilo ha subido un 65%. El Gobierno busca atajar la escalada con acuerdos con productores y planes agrícolas que abarcan al maíz, frijol, arroz, sorgo o tomate
El Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene como objetivo reducir durante su sexenio en un 10% el precio de la tortilla de maíz. El alimento, básico en la dieta de los mexicanos, ha elevado su costo, pese a que los insumos han bajado. En un país donde siete de cada 10 personas consumen tortillas a diario, el alza, aunque sea de unos centavos, tiene un gran efecto en sus bolsillos. En los últimos seis años, de enero de 2018 a octubre de 2024, el costo de un kilo de tortillas se ha elevado en un 65% al pasar de 14 pesos a más de 23 pesos, sin embargo, la oferta en algunos Estados del Norte como Sonor...
El Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene como objetivo reducir durante su sexenio en un 10% el precio de la tortilla de maíz. El alimento, básico en la dieta de los mexicanos, ha elevado su costo, pese a que los insumos han bajado. En un país donde siete de cada 10 personas consumen tortillas a diario, el alza, aunque sea de unos centavos, tiene un gran efecto en sus bolsillos. En los últimos seis años, de enero de 2018 a octubre de 2024, el costo de un kilo de tortillas se ha elevado en un 65% al pasar de 14 pesos a más de 23 pesos, sin embargo, la oferta en algunos Estados del Norte como Sonora y Tamaulipas rebasa ya los 31 pesos por kilogramo, de acuerdo con cifras oficiales. Frente a una inflación en los alimentos que persiste, esta Administración ya ha puesto sobre la mesa una ambiciosa estrategia que abarca desde la negociación con los principales productores de alimentos en el país hasta el arranque de programas agrícolas, financiamientos y apoyos en la comercialización para elevar las cosechas del maíz, el sorgo, el tomate, el frijol, entre otros.
El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó este martes en Palacio Nacional que invitarán a los productores de tortilla a llegar a un acuerdo nacional. Un objetivo complejo dada las más de 110.000 tortillerías que operan en el país. Pese a ello, la meta de este Gobierno es alcanzar un precio justo tanto para productores como para el consumidor final, en este alimento básico en la dieta de los mexicanos: representa casi el 6% del gasto en los hogares. Los datos oficiales dan cuenta de que el 52% de las tortillas se elaboran con masa de nixtamal —maíz cocido en agua de cal o con ceniza— y el resto se elabora a partir de harina nixtamalizada, un proceso industrial controlado por dos empresas de talla mundial: Gruma y Minsa. La primera, de la familia regia González Barrera, está en el punto de mira del órgano antimonopolios, la Cofece, por establecer presuntas barreras a la competencia. En segundo lugar se ubica Minsa, dirigida por Altagracia Gómez Sierra, actual coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de Sheinbaum.
La propuesta de este Gobierno para alcanzar un equilibrio entre la producción y el precio de la tortilla pasa por elevar las cosechas de maíz blanco. “Tenemos que producir más, lo central, es garantizar la autosuficiencia de maíz blanco no transgénico, que es el centro de nuestra alimentación, pero además es un elemento central en nuestra cultura, y la presidenta nos ha encargado alcanzar la autosuficiencia en frijol”, comentó Berdegué. En aras de alcanzar este objetivo, esta Administración ha anunciado una batería de programas para elevar la siembra de maíz, frijol, arroz, leche, sorgo, cebolla, tomate y chile. El programa Cosechando Soberanía, por ejemplo, atenderá a 600.000 pequeños y medianos productores comerciales en poco más de un millar de municipios del país. En línea con los programas agrícolas se ofrecerán créditos y apoyo a la comercialización.
Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, reconoce que el Gobierno federal lo buscó que la semana pasada en miras de conversar sobre este acuerdo, pero a la fecha la reunión prometida no se ha llevado a cabo. López aplaude la intención de la Administración de incluirlos en el acuerdo, algo que no había ocurrido en el pasado, sin embargo, reconoce que será complicado llegar a un pacto de costes cuando existen muchas condiciones logísticas, de seguridad, infraestructura e insumos que inciden en los mercados locales. “No podemos prometer precios generales cuando hay personas que están pagando cuotas de piso o extorsiones, hay lugares donde te venden el maíz al doble y también conocer cómo el Gobierno plantea este acuerdo, pero quién te va a pagar la diferencia del gas, el papel u otros insumos”, apunta.
El maíz está arraigado en el paladar de los mexicanos. Desde los chilaquiles hasta los tamales, pasando por las quesadillas, este grano supone uno de los alimentos básicos en la dieta del mexicano. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo reveló este año que el consumo per cápita de los mexicanos es de 56,7 kilos anuales, equivalente a un promedio de seis piezas diarias. Con un consumo tan relevante, cada centavo que pueda ganarse supone un efecto en cascada en beneficio de la mayoría de los hogares, no obstante, la implementación sobre el terreno para ajustar el precio también significará desafíos regionales y largas conversaciones con los grandes y pequeños industriales.
Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, refiere que desde hace 30 años México ha sido autosuficiente en maíz blanco no transgénico, sin embargo, en maíz amarillo, utilizado principalmente para consumo pecuario e industrial, México es el mayor importador mundial y Estados Unidos es uno de los principales vendedores del grano. El experto advierte que para reducir el precio de la tortilla, el gobierno deberá negociar con las tortillerías y los autoservicios, pero vislumbra complicado que los productores reduzcan sus costes en un contexto donde ya enfrentan una caída en las cotizaciones. “Los precios justos deberían reflejar la ley de la oferta y la demanda”, indica.
En mayo 2022, con una escalada de precios desbocada, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, convocó a empresarios del sector para revisar el alza de coste de los alimentos. En ese entonces, el mandatario llamó a las principales empresas del sector tortillero, Gruma y Minsa, para instrumentar su Programa contra la Inflación y la Carestía (Pacic) sobre 24 productos cruciales en la dieta diaria de las personas. El plan, pactado con los empresarios, fue el mantener los artículos de primera necesidad sin cambios en su oferta. Ahora, Sheinbaum ya ha movido ficha para crear su propia versión del Pacic. La semana pasada, a través de Hacienda, comenzó el cabildeo con los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario y con otros integrantes del sector alimenticio para revisar el programa, en aras de conseguir un beneficio en los bolsillos de los consumidores. Aunque aún no se han dado a conocer los detalles de estas negociaciones, los industriales confían en encontrar un acuerdo equitativo, en el que puedan ofrecer los artículos a un nivel justo, sin comprometer su rentabilidad.
La inflación ha sido una piedra en el zapato desde el sexenio anterior y aunque en septiembre se registró una baja de la inflación, situándose en 4,58%, el dato aún está por encima de la inflación meta del Banco de México, del 3%. La ambiciosa propuesta de este Gobierno para atajar la escalada de precios se presenta a menos de un mes de asumir el cargo y con un panorama económico poco alentador: las inversiones, el consumo y la generación de nuevos empleos van en descenso, mientras que las previsiones de crecimiento económico internas y externas se han ajustado a la baja, advirtiendo ya una desaceleración económica. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de México prevén un crecimiento del PIB de 1,5% en 2024, muy lejos del 3,2% alcanzado al cierre de 2023. Atajar la inflación en los alimentos y productos de la canasta básica servirá para sortear, en parte, los vientos en contra que ya vislumbran en la economía mexicana.