Videoanálisis | El informe del comité de la ONU: daños colaterales
La respuesta de México ante el dictamen del Comité de Naciones Unidas ha provocado al Gobierno mexicano dos daños colaterales
La respuesta de México ante el dictamen del Comité de Naciones Unidas ha provocado al Gobierno mexicano, al menos, dos daños colaterales.
El primero es una profunda percepción se insensibilidad. Los argumentos técnicos que esgrimió el Estado para justificar su rechazo no funcionaron ante la opinión pública. La frialdad d...
La respuesta de México ante el dictamen del Comité de Naciones Unidas ha provocado al Gobierno mexicano, al menos, dos daños colaterales.
El primero es una profunda percepción se insensibilidad. Los argumentos técnicos que esgrimió el Estado para justificar su rechazo no funcionaron ante la opinión pública. La frialdad de una defensa política es incompatible con la tragedia humana que subyace a la crisis.
El segundo efecto es que la postura defensiva del gobierno federal operó como una cortina de humo. La controversia se convirtió en estribillo, impidiendo que se discutieran hallazgos fundamentales del documento.
De entrada, el informe confirma una realidad por todos conocida: en México enfrentamos una crisis de desapariciones de la mano con un colapso forense. Es una fotografía de un fracaso transexenal.
Pero hay más.
Escondido al final de sus páginas, el documento también traza una línea divisoria que separa nuestra tragedia actual de la represión política que América Latina padeció en el siglo pasado. Como reconoce el Comité, no hay indicios fundados de que exista a nivel federal una política para la comisión de tales actos, ya sea por acción deliberada u omisión.
Resalto un tercer elemento del texto que quedó silenciado por la polarización en la que vive el debate público: el aval internacional a la necesidad de categorizar nuestros datos. El Comité advirtió las profundas deficiencias del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, señalando la carencia de una herramienta única que brinde información confiable. Por ello, recomendó que la base de datos logre distinguir entre las verdaderas desapariciones forzadas y otros fenómenos distintos como los tránsitos migratorios o las ausencias voluntarias.
Este esfuerzo de categorización es el que emprendió el gobierno de México en fechas recientes.
Acaso la mayor ironía de la reacción gubernamental ha sido esta oportunidad perdida. Al atrincherarse frente al diagnóstico de impunidad transexenal que no le compete por entero, el gobierno pareció no darse cuenta de que la ONU le estaba dando la razón en uno de sus debates internos más complicados: la urgencia de categorizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.