Sheinbaum visitará Sinaloa en una señal de gobernabilidad tras la escalada de violencia
La presidenta alista una visita de dos días al Estado que ha albergado la cruenta guerra entre facciones del cártel local
En términos de narco, muchas guerras locales se libran en México a la vez. Por momentos, alguna de esas batallas enmascara a otras, que siguen ahí. La inesperada caída el pasado fin de semana de Nemesio Oseguera, El Mencho, cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desplazó la atención sobre la guerra de narcos que se libra en el Estado vecino de Sinaloa desde hace más de un año y medio, a raíz de la ruptura entre Los Chapitos y La Mayiza, las dos grandes facciones del Cartel de Sinaloa. Cientos de personas han sido asesinadas o desaparecidas, la economía local se ha desplomado y familias enteras se han desplazado a otros Estados para intentar seguir con su vida. La lucha entre los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada se ha vuelto parte del paisaje cotidiano de Sinaloa, salvo por los momentos en que la estridencia de la violencia hace volver de nuevo los ojos al Estado del Pacífico mexicano, como el reciente hallazgo de una fosa con restos humanos, la desaparición de 10 trabajadores de una minera transnacional o el ataque a tiros contra dos diputados de MC. La caída de un capo o de varios no logra frenar la maquinaria de la muerte.
Ese es el escenario que la presidenta, Claudia Sheinbaum, visita este fin de semana. El viernes, la mandataria encabezará la reunión de su Gabinete de Seguridad en una zona militar del puerto de Mazatlán. Allí mismo, después, dará su conferencia de prensa diaria. Por la tarde, irá a un mitin. El sábado, dará el banderazo de salida a la construcción de un hospital en Culiacán, la capital. Su presencia en Sinaloa es un intento por mostrar que su Gobierno no se ha olvidado de lo que ocurre en el Estado, a tan pocos días de la muerte del Mencho.
Es usual que cuando Sheinbaum y su comitiva se desplazan fuera de Ciudad de México, la conferencia presidencial verse sobre los saldos de la estrategia de seguridad en el Estado que visitan y el balance de homicidios. Una mirada a las cifras permite ver el tamaño de la tragedia en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, ha habido al menos 2.400 asesinatos y casi 3.800 desapariciones, según cifras de la Fiscalía estatal obtenidas por EL PAÍS. El año más violento para Sinaloa en una década fue 2025.
El Gobierno federal ha lanzado una ofensiva sin parangón contra las dos facciones en pugna del cartel sinaloense. Las históricas cantidades de droga y armas decomisadas y la cifra de detenidos —entre comandantes, lugartenientes, líderes de célula y jefes de sicarios— han llevado a Omar García Harfuch, zar de la cruzada federal contra el crimen organizado, a afirmar que la fuerza de Los Chapitos y La Mayiza ha menguado. Sin embargo, el relato oficial choca con la violencia reciente en el Estado y obliga a preguntarse qué efectos reales tiene sacar de la jugada —arrestar o directamente eliminar— a individuos particulares de los carteles, desde cabecillas a los grandes capos.
El foco de la violencia está en el sur del Estado, sobre todo en los municipios de Escuinapa, Mazatlán y Concordia, por el registro de bloqueos carreteros, el ataque con drones a campamentos militares y la desaparición de al menos 10 trabajadores mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver. En esa región están otros dos municipios con un alto nivel de violencia: Elota y San Ignacio. En el primero, los ataques de hombres armados han afectado a civiles, caso del alcalde Richard Millán, que fue agredido en un fuego cruzado el 13 de febrero, cuando dejaba el Palacio Municipal. “Estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. No fue algo dirigido a mí”, sopesó el funcionario.
La inseguridad en Elota provocó el cierre de proyectos turísticos de pesca deportiva en la presa El Salto, visitada tradicionalmente por vacacionistas estadounidenses y canadienses. Al mismo tiempo, sin embargo, Elota se ha convertido en un refugio de personas desplazadas de pueblos del municipio vecino San Ignacio. EL PAÍS ha podido documentar que los pueblos Acatitán, Aguacaliente de los Yuriar, Ejido Gabriel Leyva Velázquez, Paredón Colorado, El Salto Chico y El Chirimole —sitios alrededor de la Presa El Salto— han sido atacados por grupos criminales, lo que ha provocado el desplazamiento masivo de personas.
“La mayoría se fueron a Elota. Allá algunos están recibiendo un apoyo económico del Ayuntamiento”, afirma un representante de esas familias. Otras personas desplazadas también se han ido a Culiacán, o, fuera de Sinaloa, a Durango (Estado vecino) y Ciudad de México. A este fenómeno se suman los toques de queda autoimpuestos por la gente a partir de las seis de la tarde, como en los poblados La Labor, El Tule y Los Mecates. “Se quedaron a la buena de Dios. Yo les digo que se salgan, que eso no es vida”, dice una vecina de La Labor a este diario.
El municipio de San Ignacio ha atravesado situaciones de violencia desde tiempo atrás, incluso antes de que detonara el conflicto entre La Mayiza y Los Chapitos. Desde 2022, vecinos de Rosendo Nieblas, El Patole y Dimas denunciaron ante las autoridades actos de minería ilegal en zona de playa por parte de grupos criminales. Se trata de casi tres kilómetros de excavaciones en un área declarada zona natural protegida por el anidamiento de tortugas marinas. El Gobierno federal, centrado ahora en atajar la guerra intestina del Cartel de Sinaloa, no ha atendido dichas denuncias, de modo que la minería ilegal continúa, según pobladores consultados por este periódico.
La lucha entre las facciones del cartel sinaloense —originadas por una supuesta traición de los hijos de El Chapo Guzmán a El Mayo Zambada— ha requerido enormes esfuerzos de la Administración de Sheinbaum, en un momento en que Estados Unidos presiona a México por resultados en el combate al narcotráfico. El gran golpe al CJNG recordó qué otros frentes siguen abiertos en el intento de México por sacudirse a un crimen organizado que ha sabido arraigarse, sobrevivir y moldearse. Los 18 meses del inicio de una guerra que no termina entre Los Chapitos y La Mayiza, pese a la gran ofensiva de México y la pinza de Estados Unidos, que le ha congelado millonarios activos al cartel, son prueba de esa permeabilidad.