El INE se fractura en la antesala de la reforma electoral

Con su futuro en vilo por el anuncio de una reforma electoral que busca adelgazar sus estructuras y presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una espiral de polémicas y confrontaciones entre sus consejeros. La compra e instalación de sistemas de seguridad en su sede y la producción de un documental sobre la elección judicial son solo la punta del iceberg de una profunda crisis. Las diferencias son cada vez mayores y han impedido que los 11 consejeros del INE hagan un frente común con miras a la ...

Con su futuro en vilo por el anuncio de una reforma electoral que busca adelgazar sus estructuras y presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una espiral de polémicas y confrontaciones entre sus consejeros. La compra e instalación de sistemas de seguridad en su sede y la producción de un documental sobre la elección judicial son solo la punta del iceberg de una profunda crisis. Las diferencias son cada vez mayores y han impedido que los 11 consejeros del INE hagan un frente común con miras a la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la iniciativa que actualmente prepara la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, se prevén ajustes de fondo en el INE y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a partir de propuestas que van desde un simple cambio de nombre (pasar de INE a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC), hasta una reconfiguración total que implicaría compactar y fusionar áreas, reducir el personal, modificar procesos y adelgazar drásticamente su gasto operativo.

Funcionarios que participan en esos trabajos aseguran que, a diferencia de las propuestas sobre la integración de las Cámaras del Congreso y el financiamiento de los partidos –detenidas de momento por el rechazo del PVEM y el PT-, los cambios que tienen que ver con el INE y los OPLE se encuentran muy avanzados y perfilan un recorte presupuestal importante.

La presidenta Sheinbaum se ha quejado de que las elecciones en México son “de las más caras del mundo”, y bajo esa consigna –heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador- ha ordenado a la comisión plantear reformas que apliquen la austeridad republicana a los órganos electorales. De eso, y del acuerdo que Morena pueda construir con sus aliados, depende el futuro del INE. Sin embargo, en las últimas semanas el instituto no ha dado muestras de cohesión o sensibilidad política en medio de esta discusión.

Las polémicas de Taddei

En enero de este año, cuando el INE regresó del periodo vacacional decembrino, sus empleados y consejeros se encontraron con cámaras de seguridad con micrófonos integrados colocadas en diversos puntos ciegos de la sede central, incluida la sala de prensa; además de torniquetes y lectores electrónicos en las entradas de los edificios, y topes con dispositivos ponchallantas en el acceso vehicular. El tema provocó un choque en la mesa de consejeros que se celebra cada martes entre la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y sus 10 colegas, quienes le pidieron información sobre el “plan de modernización de sistemas de control y acceso”, cuyos costos fueron reservados por el Comité de Transparencia del INE “por seguridad nacional”. Además de las críticas por la opacidad y lo sorpresivo de la decisión, hubo otros reclamos: el consejero Uc-kib Espadas cuestionó que las cámaras tengan micrófonos con los que se pueden captar las conversaciones del personal y visitantes del instituto, lo que representa una invasión a la privacidad.

El consejero Martín Faz confirmó en sus redes sociales que la decisión fue tomada sin consultarlos. “La información al respecto nos ha sido entregada a cuentagotas y de forma insuficiente respecto del proceso de adquisición, justificación y requerimientos. A tirabuzón se nos dijo que se realizó por asignación directa, sin darnos costos ni proveedor asignado”, publicó Faz el 26 de enero, achacando estas decisiones a áreas dependientes de la presidencia del INE.

En esos días, varios medios de comunicación revelaron que el INE había contratado a una productora para realizar un documental sobre la elección judicial del año pasado, con un costo de un millón de pesos, lo que provocó nuevos reclamos públicos. “Me deslindo completamente de la idea y de la contratación de la miniserie sobre la elección judicial, cuando, en su caso el propio INE podría haberla realizado”, reclamó la consejera Carla Humphrey. “Las consejerías no intervenimos en los procesos de contratación de bienes y servicios, ni participamos en las decisiones sobre adjudicaciones, proveedores o producción de contenidos”, aclaró la consejera Dania Ravel.

La Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE trató de responder a la polémica con un recorrido de prensa por las instalaciones para que los funcionarios encargados de seguridad e informática explicaran el funcionamiento de los nuevos sistemas y controles de seguridad, sin dar a conocer los montos del contrato. Sobre el video de la elección judicial, el área dijo que no es una miniserie sino “un documental de dos capítulos”, y negó que su costo exceda el de producciones semejantes hechas en otras administraciones.

Un INE dividido e incompleto

Consejeros consultados por EL PAÍS dicen que estos episodios revelan opacidad y diferencias, pero consideran que lo realmente grave es la fractura del Consejo por la existencia de dos visiones sobre el papel del INE y su autonomía. Las diferencias de fondo han salido a relucir ante la inminente reforma. Prueba de ello es que el documento que se entregó el 12 de enero a la comisión presidencial no contiene una propuesta unificada, sino 204 ideas de las consejeras y consejeros, algunas contradictorias entre sí. La “propuesta de mejora en materia electoral” fue recibida con escepticismo por Pablo Gómez, quien de inmediato cuestionó los planteamientos con los que se pretendía blindar el presupuesto del INE y los OPLE.

Reducir el gasto en elecciones está en el corazón de la propuesta que presentará Sheinbaum. Sin embargo, desde 2019 la Cámara de Diputados ha venido aplicando recortes a las propuestas presupuestales del instituto. Para el ejercicio fiscal 2026 el INE solicitó 15.099 millones de pesos para su gasto operativo y la Cámara de Diputados le aprobó 14.099 millones. En 2024, cuando el INE pidió 13.000 millones para organizar la elección judicial, la Cámara sólo aprobó 6.200 millones y, después, la Secretaría de Hacienda hizo una ampliación presupuestal por 800 millones.

Los problemas del INE no terminan ahí: el próximo 3 de abril, 3 de sus 11 integrantes concluirán su encargo (Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera), lo que dejará un Consejo de ocho, con la posibilidad de empate en las votaciones. El diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ha dicho que la designación se hará hasta después de que se presente la iniciativa de reforma electoral, que la presidenta Sheinbaum ha anunciado para la segunda semana de febrero, lo que podría retrasar el nombramiento.

No sería la primera vez que el INE quede incompleto. Esto ocurrió antes de la reforma de 2014, en la que las fuerzas políticas convirtieron al IFE en el actual INE, ampliaron a 11 sus consejeros, crearon los 32 OPLE y sobrecargaron al instituto de funciones y estructuras burocráticas que, hoy, la reforma de Sheinbaum tratará de corregir. La duda en el INE actual es si la reforma planteará la reducción del número de consejeros a nueve o siete, si mantendrá la designación en el Legislativo o si se elegirán por voto popular, como proponía López Obrador.

Este viernes, el consejero Jaime Rivera ha advertido que dejar incompleto al INE es posible, pero no deseable. “No sé si esto implicaría una crisis, pero es un hecho que la falta de nombramientos se ha utilizado para determinar de alguna forma la composición de algunos órganos, como pasó con tribunales electorales en la Legislatura pasada”, ha señalado.