El huachicol fiscal, una herida abierta

El huachicol es una expresión utilizada para referirse al robo de combustibles, cuyo uso se popularizó en las Mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es contrabando y evasión fiscal. No son delitos que se fragüen en la oscuridad ni se consuman con piquetes furtivos a los ductos de Pemex, que son una parte menor del problema. Los cientos de millones de li...

El huachicol es una expresión utilizada para referirse al robo de combustibles, cuyo uso se popularizó en las Mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es contrabando y evasión fiscal. No son delitos que se fragüen en la oscuridad ni se consuman con piquetes furtivos a los ductos de Pemex, que son una parte menor del problema. Los cientos de millones de litros de hidrocarburos —petróleo y gasolina— se trafican de manera descarada por grupos criminales integrados por cárteles de las drogas, factureras, funcionarios públicos y empresarios encubiertos en el aura de la formalidad. La delincuencia organizada en su apogeo.

El fenómeno delictivo se integra en dos fases. La primera es el saqueo de petróleo en México, del que nada se habla y que, por razones de exclusividad en su extracción, involucra en lo estructural a Pemex. La crisis es de tal magnitud que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió, en mayo de 2025, una alerta al sistema financiero de ambos países sobre el contrabando perpetrado por los carteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y del Golfo. Según el Gobierno norteamericano, “están robando miles de millones de dólares de petróleo crudo de Pemex, alimentando la violencia desenfrenada y la corrupción en todo México”, en forma tal que “se ha convertido en la fuente de ingresos ilícitos no relacionados con las drogas más importantes para los cárteles.” El fraude se opera con factureras, en nuestro país conocidas como empresas fantasma y en EE UU, como shell companies.

La alerta de FinCEN evidencia una ironía: parte del crudo hurtado se revende, desde Texas, a Japón, India y África, que probablemente desconocen el origen ilícito del producto. Otro tanto se refina en EE UU y regresa como gasolina a México, quizá ya como huachicol fiscal.

El hurto es descomunal. En uno solo de los casos denunciados por el fiscal general de EE UU, se detectaron 2.881 cargamentos de combustible robados en territorio nacional y contrabandeados como “desechos de aceites lubricantes” y “destilados de petróleo”, para así eludir los controles aduaneros y los impuestos a la importación de combustible crudo. Los imputados son la familia Jensen, con operaciones en Río Hondo, Texas, que ascienden a 300 millones de dólares. Lo relevante es que los pagos al Cartel Jalisco Nueva Generación se califican, conforme a las leyes estadounidenses, como apoyo a una organización terrorista extranjera.

La segunda faceta del huachicol, que cierra el círculo delincuencial iniciado con el desfalco de petróleo, es el contrabando técnico. La finalidad es evadir impuestos. Formalmente, la importación se realiza en las aduanas mexicanas —por eso no es burdo—, pero declarándose como “aceites minerales”, “aditivos para lubricantes” o “mezclas de hidrocarburos”, que están exentos o tienen cuotas mínimas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a diferencia de la gasolina cuya carga fiscal es significativamente mayor. Otra variante es que esos productos, al tener un coste de mercado inferior, causan un menor Impuesto al Valor Agregado.

En su momento, la Procuraduría Fiscal de la Federación estimó que el daño a la Hacienda pública era de 600 mil millones de pesos. De modo inmediato, la presidenta Claudia Sheinbaum lo desmintió y afirmó que no existe una cuantificación oficial. Un estudio presentado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar —de Morena, el partido oficialista— reportó que el daño es gigantesco, no solo por la evasión fiscal, sino también por el robo a Pemex. Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene abiertos 109 expedientes penales por fraude tributario, que suman 23.000 millones de pesos.

En un esquema comparativo construido con fuentes oficiales, solo referido a los “aceites lubricantes”, las importaciones en 2019 y 2020 ascendieron a 8.800 millones de litros, que pasaron a 32.900 en los dos años siguientes, es decir, un exceso de casi 27.000 millones, equivalente a 2.700 barcos petroleros.

Una vez introducidos a México, en las siguientes etapas de comercialización los pseudo aceites, aditivos o mezclas se identifican y facturan como gasolina. Su transporte se realiza al amparo de cartas de porte. Una paradoja es que todas las empresas involucradas cuentan con permisos de la ahora Comisión Nacional de Energía.

En esta secuencia, el huachicol se entremezcla con el resto de los inventarios de gasolina que circulan en el país, lo que impide distinguirla de la legítima. Los huachicoleros no malbaratan su producto, pues no existe una diferencia de costos significativa que permita inferir que, como ganga, alguna de ellas sea ilegal. Los consumidores finales no nos hemos beneficiado con precios inferiores.

Una circunstancia adicional que ha favorecido la comercialización de combustible de contrabando es que, con cierta frecuencia, ha existido desabastecimiento de Pemex. Se trata de una tormenta perfecta. Por ello, los dueños y operadores de gasolineras son víctimas también de la delincuencia organizada. En no pocas ocasiones, son extorsionados para que adquieran carburante clandestino.

El huachicol fiscal es una herida abierta en las finanzas de Pemex y un desfalco a la Hacienda pública. Eso explica por qué los cárteles han movido su negocio hacia allá. La rentabilidad es mayor, en un entorno de complicidades de alto perfil e impunidad. El éxito de las redes delictivas no solo reside en su capacidad para evadir impuestos: deja a la sociedad condenada a financiar, con cada litro de combustible, a las organizaciones que la asfixian.