Morena reformará la Ley de Amparo con su mayoría pese a las críticas de los expertos

La reforma a la Ley de Amparo, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de septiembre al Senado, se perfila para pasar sin resistencias este miércoles en la Cámara alta y seguir ese mismo camino en la de diputados. Tras dos días de audiencias públicas convocadas por el partido Movimiento Ciudadano y por el propio Senado, abogados especialistas y miembros de la sociedad civil alertaron sobre algunos aspectos de la reforma, entre ellos el riesgo de que las nuevas disposiciones obstaculicen aún más el acceso a la justicia. Las modificaciones a este importante recurso judicial son una prioridad para el partido gobernante. El senador oficialista Adán Augusto López adelantó a inicios de esta semana que la votación se celebrará este miércoles, un anuncio unilateral que contravino lo informado por su propia bancada.

López, el coordinador morenista en el Senado, había cerrado la puerta la semana pasada a que se celebraran “conversatorios o parlamento abierto” vinculados con la reforma. Estos foros permiten a analistas y expertos informar y nutrir el debate legislativo. El anuncio del senador contradijo a su compañero de bancada, Ignacio Mier, quien invitó a especialistas a aportar sus observaciones sobre la iniciativa.

La reforma presidencial, una de las grandes apuestas del Gobierno de Sheinbaum en este primer año al frente del país, fue presentada por la mandataria y respaldada por su gabinete como una propuesta que busca agilizar los procesos judiciales para que el recurso del amparo no sea usado “por quienes quieren evitar la justicia”.

La iniciativa presidencial se desprende de los cambios ya ejecutados con la gran reforma Judicial de Morena. El dictamen ha sufrido algunos cambios durante la noche del martes. Sobre todo para atenuar una de las figuras que más polémica había desatado en la opinión de abogados y defensores de derechos humanos: el interés legítimo. Al que se ha añadido que “será individual o colectivo”. Otras modificaciones importantes se enfocaron en plazos, actos de ejecución o créditos fiscales. O la eliminación de la propuesta de cargar al erario multas para los casos donde procediera. El pleno votará esta tarde la iniciativa y se espera que siga su curso sin muchas resistencias.

Además, el bloque oficialista defiende que la iniciativa pretende modernizar la forma de impugnación y reducir el tiempo para obtener sentencias. Este martes, en su conferencia diaria, la mandataria volvió a referirse al tema: “Si no se modifica la ley de amparo, lo que va a ocurrir en este y otros casos, [pero] particularmente los deudores fiscales, es que son los que más han abusado del amparo. La justicia nunca llegaba a quien tiene que llegar [...] ¿Quién ha abusado de la ley de amparo? Pues los que tienen más recursos económicos”, señaló.

Organizaciones civiles y una gran cantidad de expertos en la materia, presentes en las audiencias públicas del lunes y martes, así como otros litigantes que observaron el proceso, aseguran que las modificaciones planteadas significan un retroceso en lo que se ha logrado en años de legislación para la defensa de las personas ante violaciones de sus derechos humanos, o cuando denuncien omisiones por parte del Gobierno.

Algunos sostienen que la reforma dificulta todavía más el acceso a la justicia en casos como desapariciones forzadas, o en los que la ciudadanía quiera protegerse y ampararse ante megaobras públicas que afecten o pongan en peligro su vida o la calidad de esta, solo por mencionar algunos ejemplos.

El abogado Luis Eliud Tapia, especialista en Amparo, explica: “Me parece que esta reforma está más pensada en las autoridades que en las personas, y lo que se dice sobre hacer el amparo más sencillo y más ágil es una fachada vacía, al final lo que se logra es exactamente lo contrario”.

Los puntos polémicos de la reforma

Hay varias figuras que buscan ser modificadas con esta iniciativa y que han atraído la cautela y atención de muchos abogados y de miembros de la sociedad. Entre las más importantes están la del interés legítimo —que la noche del martes ha recibido algunas modificaciones— y la de la limitación de las suspensiones —el recurso que detiene temporalmente el acto de una persona o autoridad mientras se revisa si ese acto fue legal o no—. La primera de ellas es la genera más suspicacia.

La reforma busca redefinir de quién es el interés legítimo. “Una persona que presenta un amparo debe de acreditar que el acto de la autoridad o la ley le afecta un derecho, a eso se le llama interés jurídico. Y pasa lo mismo con leyes, y ahí se pone más complicado, porque solo una persona que compruebe que la ley le afecta puede presentar un amparo”, explica Tapia.

Actualmente, con la ley de amparo vigente, publicada en 2013 -en la que uno de sus creadores fue el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, que ahora promueve los cambios— el interés legítimo permite, entre otras cosas, que personas u organizaciones actúen para proteger derechos colectivos, aun cuando ellos o ellas no sean directamente los afectados.

Un ejemplo de este recurso son los amparos que organizaciones ambientalistas solicitaron para denunciar la devastación natural en la selva Maya por las construcciones del Tramo 5 del Tren Maya. Con esta nueva definición que se busca dar a la figura, se exigen que el daño ocasionado sea concreto, directo y personal. Lo que limitará que asociaciones civiles u organizaciones tengan los mecanismos a su alcance para reclamar causas colectivas. De acuerdo con especialistas, el interés legítimo se pensó primero como una figura de protección de derechos colectivos y en los casos en los que una persona no pueda acreditar ser titular de un derecho, pero sí que tiene algún tipo de afectación.

A solo unas horas de anunciada la iniciativa de la presidenta, algunos expertos consultados por este medio, recibieron la noticia con cautela. “Sin las suspensiones, el amparo se convierte en ficción”, dijo Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “La propuesta de Sheinbaum está repleta de tecnicismos que abren la puerta a la interpretación del significado e implicaciones del beneficio judicial”, dijo.