Las dos versiones del huachicol: del robo en ductos al fraude en aduanas
Los pinchazos a Pemex siguen vigentes, pero su versión fiscal, más sofisticada y dañina, cuesta al erario más de 177.000 millones de pesos al año
El término huachicol ha evolucionado. Antes significaba la perforación de ductos y bidones escondidos en camionetas y ventas a pie de carretera. Pero hoy el término tiene más acepciones. La nueva versión de este delito es el huachicol fiscal, una actualización del robo de combustible, que ya no depende de la ordeña de ductos, sino de papeles, facturas y aduanas que envuelven fraude y corrupción.
El arresto, la semana pasada, de 14 personas, incluidos seis integrantes de la Marina, por pertenecer a una red de contrabando de combustible, puso de nuevo en el centro de la diana a estos dos términos que han evolucionado de la mano del crimen organizado: el huachicol y el huachicol fiscal. El foco de atención fue mayor al saberse que esta red es supuestamente liderada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar político de José Rafael Ojeda Duran, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Huachicoleo tradicional vs. huachicoleo fiscal
Originalmente, la palabra huachicolero describía a quienes adulteraban bebidas alcohólicas. Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando comenzó a aplicarse para describir el robo de combustible, cuando comunidades en estados como Puebla, Veracruz e Hidalgo empezaron a perforar ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La práctica se expandió rápidamente. De acuerdo con datos oficiales de Pemex, en el año 2000 se detectaron alrededor de 180 tomas ilegales. Para 2010, la cifra superaba las 700. Fue entonces cuando redes criminales tomaron el control de esta actividad como una fuente de ingresos. De diciembre de 2018 a febrero de 2025, Pemex detectó 81.352 tomas clandestinas en todo el país.
A diferencia del huachicol tradicional, que es el robo físico de combustibles directamente de los ductos, el huachicol fiscal utiliza métodos más sofisticados que implican fraudes fiscales y corrupción. También conocido como huachicol hacendario, se basa en introducir gasolina o diésel al país registrándolos como lubricantes, alcoholes o aditivos, lo que los exenta de pagar impuestos y aranceles, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“El que está en boga el día de hoy, que yo llamaría una versión 2.0 del huachicol tradicional, es uno más sofisticado”, expresa Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. “Es una red más implementada en la que ya no se expone la vida como en el caso del tradicional. Se extrae el hidrocarburo ya refinado, sea diesel, gasolina, se exporta o se importa, pero con el concepto de lubricantes que no causen el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios ni el IVA”, indica el especialista en temas fiscales, socio de la firma Mendieta y Compañía.
Un impacto millonario al erario público
El huachicol fiscal significa un quebranto millonario para el estado mexicano. De acuerdo con el documento Análisis: en recaudación potencial del contrabando fiscal, de la consultora Petro Intelligece, solo en 2024 entraron 18.000 millones de litros de combustible ilegales en el mercado mexicano. Este mercado negro de combustibles le cuesta al erario unos 177.000 millones de pesos al año, equivalente a unos 9.200 millones de dólares, de acuerdo con la misma consultora.
“El Estado se ve perjudicado por la no recaudación de dichos impuestos, tanto de importación como de exportación y también por la venta desleal de la gasolina”, subraya Mendieta. “Las arcas del Estado, programas sociales, presupuesto, pago a entidades se ven perjudicadas porque es dinero que se deja de recaudar”.
Para combatir esta amenaza a la seguridad nacional, el desafío, considera el especialista, es reforzar la legislación aduanera, establecer más restricciones y vigilancia en las aduanas, los agentes aduanales e instituciones clave como la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional.
“El Servicio de Administración Tributaria debe hacer revisiones, análisis y cruces de niveles de revisión a las gasolineras, por ejemplo, a los importadores y exportadores de hidrocarburos en general porque ya es un tema de seguridad nacional”, indica. Estas medidas, apremiantes, son esenciales para inhibir estos robos millonarios que perforan las finanzas públicas