Destituido el fiscal de Morelos Uriel Carmona, tras pedir el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco

El Congreso del Estado vota el cese del polémico funcionario y nombra al consejero jurídico del gobierno local, Edgar Maldonado, como nuevo fiscal para los próximos nueve años

Uriel Carmona Gándara comparece en el Congreso de Morelos, en noviembre de 2022.Margarito Pérez Retana (CUARTOSCURO)

Pasaron solo unas horas desde que el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, diera su última orden —pedir el desafuero de exgobernador del Estado y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco— y su destitución por parte de los legisladores locales. El Congreso de Morelos ha votado la tarde de este jueves, con 17 a favor y cuatro en contra, que Carmona deje el puesto. El ya exfiscal ha acumulado un reguero de polémicas. Enfrentó varios procesos penales y hasta pasó un tiempo en prisión preventiva por acusaciones de obstrucción de la justicia y presunto encubrimiento en el caso del femicidio de Ariadna Fernanda, asesinada en 2022. Este mismo jueves, unas horas después de la decisión de los legisladores, el consejero jurídico del gobierno morelense, Edgar Maldonado Ceballos, ha tomado protesta como fiscal general por un periodo de nueve años tras la destitución de Carmona.

Mientras Carmona preparaba la solicitud para retirarle el fuero al exfutbolista —uno de sus enemigos políticos— se fraguaba también su destitución en el Congreso local. El propio Carmona, en declaraciones hechas a Milenio unos momentos después de la votación, aseguró que cerca del medio día de este jueves le avisaron que se estaba preparando su destitución. “Vamos a valorar si promovemos algún medio de defensa en relación con la decisión del Congreso que es inconstitucional e ilegal porque no cumplió con el procedimiento establecido para mi remoción. Me están destituyendo con base a los procesos penales, que todos los gané y de los que estoy absuelto. De manera muy grave no me dieron derecho a defenderme”, dijo.

Carmona, que consideró la decisión como parte de una “persecución política” en su contra, cumplía con un periodo de funciones que inicio en 2018 y terminaría en 2027. Ha asegurado que se siente tranquilo en su gestión como Fiscal y dijo que la elección de una nueva persona en ese cargo “será positivo” para la entidad.

La votación de esta tarde en el Congreso de Morelos se resolvió con la mayoría de 17 votos a favor y cuatro en contra: tres de ellos de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y uno de Movimiento Ciudadano. Carmona ha perdido con esta determinación el fuero que le otorgaba la Suprema Corte, con lo que podría ser reaprehendido y sería puesto a disposición para responder, si así se requiere, de imputaciones por los delitos de los que lo señalen como responsable.

Uno de los principales señalamientos en su contra lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno de Ciudad de México, al acusar a Carmona de encubrir a los asesinos de Ariadna Fernanda y de manipular pruebas para evitar que el caso fuera tratado como feminicidio, también lo catalogó como un obstáculo para la pacificación de Morelos.

Ariadna López, una joven de 27 años, fue vista por última vez con vida el 30 de octubre de 2022 en una reunión de amigos en la colonia Condesa, en Ciudad de México. Un día después, dos ciclistas que recorrían el camino desde la capital hasta el municipio de Tepoztlán, en el Estado de Morelos, encontraron su cuerpo “golpeado” y sin vida en una autopista cercana a su destino. La denuncia a través de redes sociales alertó a las autoridades. Lo que ocurrió entre la reunión y el hallazgo del cadáver se había mantenido en un misterio. La Fiscalía de Morelos aseguró que la joven había fallecido por broncoaspiración y descartó el feminicidio.

En agosto de 2023, Carmona ingresó a prisión por los cargos de obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna López. En entrevista, el fiscal denunció que durante su detención, más de 120 agentes ministeriales, policías y marinos estaban rodeando su casa. “Están a punto de tumbar mi puerta y yo estoy solo con mi familia y mis hijos chiquitos. Temo por mi integridad y por la vida de mis hijos”, dijo. “Estoy muy sorprendido de lo que está pasando porque están violando el fuero constitucional que me protege, están aplastando el Estado de derecho”. Carmona señaló directamente al gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco, de ser el responsable de su detención.

Un mes más tarde, el fiscal fue liberado tras un mes y medo detenido en el penal del Altiplano, después de obtener cuatro fallos judiciales a su favor. Aunque la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, quien le señaló de haber torturado a un presunto delincuente, desasistió de los cargos, fue ahora la Fiscalía General de la República (FGR) la que advirtió que retomaría la acusación para que el funcionario se quedara encerrado.

Finalmente, en diciembre de 2023, el Congreso de Morelos anuló el desafuero del fiscal solo unas horas después de que fuera aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados. Era la segunda ocasión en los últimos cinco años que una legislatura local le daba la vuelta al órgano legislativo federal y rechazaba homologar una declaración de procedencia. Con el acuerdo, ninguna autoridad quedaba habilitada para iniciar un procedimiento penal contra Carmona.

En abril de 2024, la Fiscalía de Ciudad de México cerró la causa en contra de Carmona por el caso Ariadna. El abogado Gabriel Regino anunció que, tras haber ganado un nuevo amparo, el poder judicial de la capital decretó el sobreseimiento de la causa principal contra Carmona: “Ante la inexistencia del delito de retardo de justicia que le imputó la Fiscalía capitalina con relación al caso de Ariadna Fernanda”.

En su informe sobre los primeros 100 días de trabajo, el pasado 11 de enero, la gobernadora de Morelos, Margarita González, solicitó a su equipo que denunciara al exgobernador Blanco, por irregularidades por 40 millones de pesos en las cuentas de la Administración pública, y adelantó que la Consejería Jurídica y la Contraloría del Estado presentarían un primer bloque de seis denuncias, cuatro penales y dos administrativas, contra funcionarios públicos, aunque no especificó a quienes iban dirigidas.

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