La Federación Mexicana de Fútbol acusa al INAI de extorsión para obtener boletos para el mundial

Un nuevo escándalo ha golpeado esta semana al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) en México, ente autónomo que está en proceso de desaparición. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ha denunciado un intento de extorsión por parte de funcionarios del instituto. De acuerdo a la denuncia, estos funcionarios habrían propuesto a la federación bajarle el monto de una multa a pagar, de 23 millones de pesos, mediante la contratación de un despacho de abogados que hiciera de conciliador, a cambio de la entrega de varias entradas para el partido inaugural del mundial de fútbol de 2026, que se jugará en el Estadio Azteca.

La denuncia ha forzado al INAI a pronunciarse. El miércoles, los cuatro comisionados del instituto, que trabaja estas semanas en transferir sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, señalaron su preocupación en un comunicado y reprobaron “los presuntos hechos de extorsión de las personas servidoras públicas que trabajan en esta institución”. El caso ha llegado incluso a Palacio Nacional. Este jueves, la presidenta, Claudia Sheinbaum, se ha referido el asunto: “Vamos a hacer la investigación. Era un instituto que supuestamente estaba dedicado a la transparencia, defendido a capa y espada, y que, pues esta última ya se suma a todas las anteriores”.

La desaparición del INAI, nacido al calor de la alternancia política a principios de siglo, elevado más tarde a la categoría de organismo autónomo, ha sido motivo de gran confrontación política en los últimos años. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y su apoyo legislativo votaron por su extinción a finales del año pasado, junto a otros seis entes autónomos. Los críticos de esta medida señalaban que era un retroceso en el desarrollo democrático del país; sus defensores, que el INAI era un nido de corrupción y que no resultaba indispensable para cumplir con el mandato constitucional de transparencia y protección de datos personales.

No han faltado escándalos de corrupción estos años, con el INAI implicado, que apuntalasen los argumentos de López Obrador, y ahora de Sheinbaum. En noviembre de 2023, filtraciones a la prensa señalaron el vergonzoso uso que había hecho uno de los comisionados del instituto, Óscar Guerra Ford, de tarjetas de crédito vinculadas al organismo. En 2014, Guerra Ford cargó cuentas de miles de pesos en un table dance de Ciudad de México a la tarjeta, situación que él atribuyó a una confusión. La vergüenza aumentó cuando se supo que el local en cuestión había estado vinculado a redes de trata de mujeres.

Multas insistentes

En el caso de la FMF, la denuncia, dada a conocer por el diario El Universal, señala un esquema preocupante. Los funcionarios señalados, Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos del Instituto, y Miguel Novoa, director general de Protección de Derechos y Sanción, habrían convocado a la federación a una reunión en un restaurante de la capital. Allí, les habrían informado de que a las dos multas ya impuestas, por el mal uso de los datos obtenidos de un sistema de identificación, el Fan ID, iban a sumarse más. Los funcionarios habrían propuesto a la federación que contratase a un despacho de abogados cercano a ellos para bajar el monto a pagar y evitar nuevas sanciones, además de la entrega de las entradas para la inauguración del mundial. La respuesta, al parecer, fue la denuncia ante el Órgano Interno de Control del instituto.

En entrevista con EL PAÍS, una de las cuatro comisionadas del INAI, Julieta Del Río, ha lamentado la situación y ha señalado que una pata del instituto ha estado empujando la imposición de nuevas multas desde diciembre, a pesar de que la FMF “se había acercado al instituto y estaba cumpliendo con nuestras recomendaciones, porque al final es algo nuevo”. Del Río se refiere aquí al sistema Fan ID, que la FMF ha implementado a través de una empresa externa, que se encarga de su funcionamiento. La pata del INAI que ha empujado nuevas multas es la Dirección General de Investigación y Verificación, que depende de la Secretaría de Datos. Sin decirlo, la comisionada indica que la imposición de nuevas multas daba argumentos a los presuntos extorsionadores.

Este diario se ha puesto en contacto con un vocero de la FMF para preguntar por este asunto y para saber quién más estaría implicado. El vocero ha dicho que “la FMF está a espera de la respuesta oficial del INAI. Después de eso, será cuando se haga una comunicación”. Tanto Novoa como Mendoza han declarado a El Universal que ellos no tienen nada que ver en este asunto. En sus entrevistas estos días, Del Río ha señalado a “excomisionados y a algunos actuales servidores públicos”, sin dar nombres, aunque ha puesto la mano en el fuego por la comisionada encargada de estas áreas, Josefina Román. “Me atrevería a decir que es una colega recta”, ha dicho. “Esto trae origen de más atrás”, ha añadido.

Antes de Román, el comisionado a cargo oficiosamente de estas áreas, Protección de Datos y Protección de Derechos y Sanción, fue Francisco Javier Acuña. Según ha podido saber EL PAÍS, tanto Jonathan Mendoza como Miguel Novoa llegaron al INAI de la mano de Acuña, que fungió de comisionado nueve años, hasta marzo de 2023. Román llegó en 2019, pero no habría sido hasta la salida de Acuña, cuando asumió ambas ramas del instituto. Formalmente, esta división de las ramas del instituto no existe, pero el reparto ha ocurrido desde el principio, señala una fuente consultada.

Del Río también ha deslizado que el esquema del despacho mediador no le viene de nuevas. “Tenemos un correo, de febrero del año pasado, con un esquema parecido. Una persona solicitaba que se interviniera, porque acudió a Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, y los abogados le dijeron que si quería evitar una sanción que le habían impuesto, contratara un despacho cercano a ellos. Esta persona decía además que tenía temor de que le sancionaran si no les contrataba”, explica Del Río.