La detención de 92 policías evidencia la infiltración del crimen organizado en Chiapas

Fue un fin de semana agitado en Chiapas. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un nuevo comando de las fuerzas de seguridad chiapanecas, se preparaba para ejecutar 25 registros en Comitán el domingo relacionados con narcotráfico. La policía municipal trató de impedirlo: irrumpió en las oficinas del C5, la red de cámaras de vigilancia pública, y encañonó a sus operarios. Después, según el relato de las autoridades, bloqueó las carreteras para evitar que entraran los efectivos de FRIP. Obligó a la población local a ayudarlos. Cuando el nuevo grupo de choque pudo acceder al pueblo, detuvo a 92 policías. Están acusados de colaborar con el crimen organizado.

Ha sido un operativo con pocos precedentes en la historia reciente del país. Otros 13 presuntos narcotraficantes fueron detenidos de la mano de los 92 agentes corruptos. Los cortes de carretera se saldaron también con el arresto de 30 civiles. Un total de, al menos, 135 nuevos inquilinos en los calabozos del Estado sureño.

El anuncio, realizado este lunes por el fiscal del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, no ha causado una gran conmoción. Chiapas vive desde 2021 en un fuego cruzado, entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha desatado una crisis de violencia inédita en la región. Las denuncias y los indicios de la infiltración de las organizaciones criminales en los tres niveles de Gobierno —federal, estatal y local— han sido habituales en los últimos años por parte de organizaciones de derechos humanos e incluso la Iglesia católica. Lo que ha sido menos común es ver dichas denuncias convertidas en acciones legales.

La violencia de los cárteles ha arreciado más en la frontera con Guatemala, la sierra Mariscal, la selva Lacandona y los Altos. En un punto intermedio entre los puntos calientes se encuentra Comitán, el municipio al que pertenecían el casi centenar de policías arrestados. Los agentes trataron de evitar un operativo contra 25 negocios, sospechosos de ser usados como punto de venta de droga por el crimen organizado, de acuerdo con la Fiscalía estatal. El Ministerio Público ha indicado que los 92 detenidos filtraban información a los narcotraficantes. En la misma operación, otras 13 personas han sido capturadas y se ha decomisado marihuana, cristal, cocaína y dinero en efectivo.

Llaven Abarca ha relacionado el multitudinario operativo con la crisis de violencia que sufre Chiapas, una declaración que, en la práctica, contradice la versión oficial. Tanto el Gobierno federal como el estatal se han resistido a llamar conflicto al conflicto, mientras las personas que han tenido que abandonar sus hogares se cuentan por decenas de miles, las masacres se suceden cada día y el miedo se instala en la región.

Eduardo Ramírez, el nuevo gobernador de Chiapas, tomó posesión del cargo el 8 de diciembre. Su primera medida oficial fue la creación de FRIP, formado por 500 policías, 10 vehículos blindados, 200 camionetas y cuatro helicópteros. En la investidura, prometió que “la paz volverá a los caminos de Chiapas”, un reconocimiento tácito de la violencia que no había sucedido con su predecesor, Rutilio Escandón. El exgobernador, cuñado de Adán Augusto López, alto cargo de Morena, el partido en el poder, fue premiado con el consulado de Miami después de una gestión política marcada por la inseguridad.

Tras la detención de los 92 policías, Ramírez prometió un cambio en la política de seguridad: “Aquí no hay cabida a la impunidad, eso ya se acabó. No porque ayudaron en el proceso electoral quiere decir que tienen un cachito de impunidad. El tema de inseguridad es muy sentido para Chiapas. Los alcaldes, los directores de seguridad pública, tienen que estar alineados con nuestra estrategia y quien tenga una colusión con la delincuencia organizada se va a enfrentar con la ley”.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador nunca reconoció el problema y lo minimizó en numerosas ocasiones, acotándolo a municipios concretos. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, no se ha referido al conflicto de Chiapas directamente, pero el operativo y la formación de FRIP parece indicar un distanciamiento con las posiciones del exmandatario. Antes de la detención de los 92 agentes, Ramírez y la presidenta mantuvieron una reunión sobre seguridad. “Tengo buenas noticias para Chiapas, va a haber todo el respaldo de nuestras Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, y de todas las corporaciones que estamos inmersas en esta responsabilidad”, celebró el gobernador chiapaneco este lunes.