El Congreso cierra el primer periodo de la Legislatura de Sheinbaum con una cascada de reformas a la Constitución

El Congreso mexicano ha cerrado el primer periodo de sesiones de la nueva Legislatura con un puñado de reformas de gran calado a la Constitución aprobadas en tiempo récord por la mayoría calificada de Morena y sus aliados: PT y PVEM. Les han bastado poco más de tres meses para desahogar las propuestas, la mayoría, heredadas por Andrés Manuel López Obrador. De las 16 reformas que han concluido su trámite en el Legislativo, solo dos provienen de la nueva presidencia, centradas en seguridad e igualdad de género. La oposición critica que está habiendo poco debate al respecto y que el Gobierno ha sacado el recurso del rodillo parlamentario. Desde el bloque oficialista responden que se están limitando a cumplir lo prometido en campaña.

La reforma judicial, la más controvertida de la cascada de modificaciones constitucionales, sorteó desde su aprobación en septiembre distintos recursos jurídicos e impugnaciones encaminados a frenar su implementación. Los intentos resultaron estériles, la elección de jueces, magistrados y ministros está en pie. El Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja a marchas forzadas en la organización de los comicios programados para el 2 de junio con presupuesto, aprobado esta semana, que incluye un recorte de más del 30%.

A la reforma al Poder Judicial le siguió la enmienda que blinda cualquier cambio constitucional de impugnaciones o recursos judiciales para frenar su implementación. En el futuro no se podrá impugnar mediante amparo, controversia o acción de inconstitucionalidad las reformas avaladas por el parlamento. Además de los dos tercios con los que cuenta el oficialismo en la Cámara de Diputados y el Senado, goza de la mayoría en al menos 22 legislaturas de los Estados. Esto les ha allanado el camino para la aprobación de las reformas, que para declararse constitucionales deben tener el aval, de al menos 17 congresos locales, los números les sobran.

Las dos propuestas de modificación constitucional enviadas al Congreso por Sheinbaum han estado centradas en seguridad e igualdad de género. La reforma del artículo 21 otorga superpoderes de investigación al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. La segunda, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, toca siete artículos constitucionales.

La extinción de siete órganos y entes autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), fue una muerte lenta. Los integrantes de los organismos buscaron, sin éxito, evitar la desaparición. Después de semanas con sentencia de muerte, en el último tramo del periodo de sesiones se consumó. Las facultades de estos organismos han pasado a manos de las dependencias de Gobierno. La oposición sostiene que esto convertirá al Estado en juez y parte. Ahora se autovigilará, se exigirá rendición de cuentas y se obligará a abrir la información que la ciudadanía solicite. Sus funciones pasarán a la Secretaría de la Función Pública, renombrada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.

Se han aprobado 16 reformas, sin embargo, los proyectos implican cambios radicales a por lo menos 50 de los 136 artículos que contiene la Constitución. La reforma judicial toca hasta 20 disposiciones del texto constitucional. Su punto más polémico es la elección de jueces, magistrados y ministros en las urnas.

El escenario para el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero no se prevé tan frenético, una vez que ya han salido adelante las heredades del sexenio anterior. En todo caso, el bloque oficialista ha dejado en el tintero reformas pendientes, entre ellas la electoral.