El Cártel de Sinaloa aterroriza una noche más Culiacán

El Cártel de Sinaloa ha aterrorizado una noche más Culiacán, como casi todas desde hace casi tres meses. La ciudad enfrenta una nueva semana negra: el lunes amaneció con la noticia de siete homicidios y dos desapariciones a lo largo de la capital sinaloense; el martes, cinco cuerpos fueron abandonados maniatados, descalzos, con agujeros de bala, frente a la Universidad de Sinaloa (UAS), y otras tres personas fueron asesinadas; entre el miércoles y el jueves, la violencia se contagió también a Mazatlán y Badiraguato, cuna simbólica de la organización criminal: nueve cadáveres más entre los tres municipios pasaron a engrosar la larga lista de víctimas de la última —la enésima— guerra del narco.

No hay datos oficiales agregados del número de asesinatos, pero el periódico Noroeste lleva su propia cuenta: la unión de las cifras gubernamentales, su propio trabajo periodístico y los colectivos que buscan desaparecidos. Según su base de datos, la violencia desatada por el cártel ha matado desde el 9 de septiembre, el día que todo estalló, a 469 personas: una media de seis vidas perdidas al día. El grupo criminal ha secuestrado también a 539 personas, hay 1.376 vehículos robados (17,4 diarios) y la policía ha ejecutado 149 detenciones. Para una ciudad oficialmente en paz, las estadísticas recuerdan mucho a una guerra.

Si uno busca “Culiacán” en internet estos días, los resultados son elocuentes: “Caótica noche-madrugada en Sinaloa”, “Balean casa y asesinan a un hombre en Valle Alto”, “Grupo armado asesina a cuatro e hiere a cuatro más”, “Incendian Restaurante”, “Atacan a balazos fachada de clínica de especialidades”, “Detienen a presunto gatillero”, “Encuentran a hombre asesinado”, “Sujetos armados queman grúa y camioneta”, “Suspenden clases en la UAS de Culiacán tras los hechos violentos”, “El terror vuelve a Culiacán”. Cada titular es apenas un grano de arena que no sirve para dimensionar el horror general, pero ayuda a pintar un mosaico de la situación límite en la ciudad.

Las dos facciones en guerra del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos (los hijos del antiguo líder Joaquín El Chapo Guzmán Loera) y los fieles a Ismael El Mayo Zambada, han tomado como rehén a la población, que malvive bajo las leyes impuestas por los narcos: hay un toque de queda en la práctica y nadie quiere estar en la calle cuando cae el sol; la gente va a trabajar y vuelve a casa sin apenas hacer vida en el exterior, ante el riesgo de que en cualquier momento se desate otro tiroteo —como el lunes, cuando los asistentes a un partido de fútbol tuvieron que resguardarse de una intensa balacera contra un casino cercano—. Comer en restaurantes tampoco es seguro ya: esta mañana, por ejemplo, dos sucursales de la empresa de sushi Ranch Roll fueron atacadas casi simultáneamente en distintos puntos de la ciudad con disparos y cócteles molotov.

Pese a la incontestable evidencia, pese al casi medio millar de muertos, las autoridades se resisten a llamar violencia a la violencia. La estrategia oficial del Gobierno es reconocer la situación pero minimizarla y defender que se está recuperando la normalidad. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no habla de ello en público y esquiva las preguntas: este jueves, cuestionada en La mañanera, su conferencia diaria de prensa, desvió el tema y solo respondió que su gabinete de seguridad está trabajando en ello.

Para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la gente y la prensa exageran. El martes, pidió a los padres y madres que mandaran a sus hijos a clases: “No le hagamos el caldo gordo a quienes quieren que tengamos un estado de excepción, no estamos en un estado de excepción, estamos en condiciones de controlar la seguridad para los ciudadanos”. Era el mismo día que el cártel abandonó cinco cadáveres a las puertas de la universidad más importante del Estado.

Aunque algunas escuelas están abiertas, son muchos los alumnos que no confían en las palabras de Rocha Moya y prefieren quedarse en casa. La UAS canceló las clases presenciales el lunes y el martes ante “los hechos violentos”. El miércoles, quizá movida por las declaraciones del gobernador, anunció la vuelta a la presencialidad. Ha durado un día: las clases vuelven a ser desde casa este jueves.

El Ejército está desplegado y ha mantenido enfrentamientos con los sicarios en las últimas semanas, pero nadie, ni los militares ni el Gobierno, ha conseguido garantizar la seguridad de los habitantes de Culiacán. La nueva ola de violencia ha resucitado una vieja cuestión: la delgada línea entre las instituciones y el crimen organizado en el Estado —y, de paso, en el país—. El propio hecho que desencadenó la violencia era un recordatorio. El Mayo fue secuestrado al acudir a una reunión en una finca a las afueras de la ciudad con el exalcalde y exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén. Zambada fue traicionado, presuntamente por Los Chapitos, y trasladado a la fuerza a Estados Unidos, donde ahora se enfrenta a la justicia. Melesio Cuén fue asesinado en el lugar.

El Mayo aseguró en una carta desde la cárcel que al encuentro había sido invitado también Rocha Moya. El gobernador lo niega “tajantemente” y promete que ese día, el 25 de julio, estaba en Los Ángeles. La sospecha está ahí, aun así, alimentada por su discurso y por un montaje de la Fiscalía de Sinaloa, que difundió la versión falsa de que Melesio Cuén no fue asesinado en la finca donde secuestraron a Zambada, sino horas después en una gasolinera, en un hecho no relacionado. La Fiscalía General de la República demostró que era mentira. Rocha Moya se desentendió.