El Gobierno de Sheinbaum lanza una campaña contra la violencia machista pero recorta el gasto de la política de Género para 2025
La presidenta anuncia cambios en la Constitución y medidas para erradicar la violencia en un país donde 10 mujeres son asesinadas al día, sin embargo, el recorte en el presupuesto complica la tarea
En México el principal problema de las mujeres sigue siendo la violencia. Cada día 10 mujeres son asesinadas, lo que representa más de 3.000 al año, pese al trabajo de las autoridades y las organizaciones por revertir este grave problema social. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado una campaña contra la violencia machista titulada Es tiempo de mujeres sin violencia, en alusión a las palabras pronunciadas por la presidenta al asumir el cargo el pasado mes de octubre.
La campaña irá acompañada de otras medidas para erradicar y prevenir la violencia y la desigualdad de género en el país. Entre ellas, cambios a la Constitución que incluyen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad salarial y la paridad en todos los cargos de la Administración pública federal. También, el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia y la creación de una nueva Secretaría de las Mujeres que eleve a rango ministerial todos estos asuntos.
La tarea no es fácil, sobre todo si se tienen en cuenta los recortes en el Presupuesto federal proyectados para 2025 que reducen el gasto para la política de género. Aunque el Anexo 13 —que engloba los fondos para luchar contra la desigualdad de género— presenta un aumento de 9,5% respecto al año pasado, la distribución de los recursos sigue sin ser clara. Tampoco es clara la perspectiva de género en los programas más favorecidos del Anexo 13, como la Pensión para Adultos Mayores o las becas para estudiantes. De manera opuesta, algunos de los grandes perjudicados son el Programa de Apoyo a Refugios para mujeres maltratadas o el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
De igual manera, el programa asignado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar a la Violencia contras las Mujeres (Conavim) sufrirá un recorte del 7% respecto a lo aprobado en 2024. Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación a la presidenta ante estos recortes y ponen en duda el alcance de la nueva Secretaría de las Mujeres —una vez que sea promulgada la reforma de Ley Orgánica de la Administración Pública federal— con un presupuesto reducido. El Instituto de las Mujeres, que será la futura Secretaría, recibirá el año que viene un 4,8% menos.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, ha refrendado el compromiso del Gobierno de México contra la violencia y ha hecho un exhorto a los demás órdenes estatales y locales para trabajar en conjunto para que la violencia machista deje de ser algo normalizado. “Queremos hacer un llamado a toda la sociedad (...) La violencia se tiene que atender, pero sobre todo, se tiene que prevenir y eso solo lo vamos a lograr si construimos una nueva noción colectiva de igualdad entre hombres y mujeres para cambiar conductas cotidianas”, ha señalado la secretaria. La presidenta ha hecho hincapié en este punto y ha criticado la desigualdad contra las mujeres desde que son niñas. “Decirle a una niña, tú no puedes ser ingeniera porque no es la costumbre, es una forma de violencia que impide que las niñas puedan cumplir sus sueños”, ha explicado la mandataria.
Claudia Sheinbaum se ha comprometido a proteger y fortalecer los derechos de las mujeres de México desde dos grandes ejes. “Uno es la prevención y el otro es la cero impunidad. [Cero impunidad] frente a cualquier feminicidio y violencia sexual”, ha afirmado la presidenta. El Gobierno ha presentado 10 compromisos para cambiar las conductas machistas en la sociedad y en la Administración pública. Entre ellos está la capacitación de los servidores públicos en perspectiva de género; la coordinación permanente entre la federación, los Estados y los municipios; la exigencia de que los Estados también contribuyan con presupuesto propio para coordinar acciones contra la violencia de género; el fortalecimiento de los modelos de prevención en cada Estado; prevenir la violencia en los espacios educativos y crear fiscalías especializadas contra el feminicidio en cada entidad.