Balazos, detenciones y más coordinación: un mes de la estrategia de seguridad de Sheinbaum

Acaba el primer mes de Gobierno de Claudia Sheinbaum en México, semanas vividas a un ritmo frenético, con un ojo en el Congreso, donde aún colea la reforma al Poder Judicial, y el otro en las calles, siempre manchadas de sangre. Desde el 2 de octubre, el país cuenta centenares de asesinatos, masacres, desaparecidos... Mientras tanto, la sociedad atestigua los primeros movimientos del nuevo equipo de seguridad, comandado por el secretario del ramo, Omar García Harfuch, actividad que dibuja ciertas diferencias con el gobierno anterior, que dirigía Andrés Manuel López Obrador.

No es un cambio discursivo, sino de hechos. La presidenta, Harfuch, y los secretarios de Defensa y Marina manejan un vocabulario semejante al de sus antecesores, centrado en la atención a las causas de la violencia. Pero las dinámicas han cambiado, a juzgar por lo visto estas semanas. Donde antes imperaba la lógica del “abrazos, no balazos”, frase que resumía el acercamiento obradorista a la inseguridad, ahora aparecen fogonazos de mano dura, poco habituales hace unos años. Quirúrgicos, si se quiere, pero mano dura al fin y al cabo.

En estas semanas, militares y guardias nacionales han participado en ataques o enfrentamientos que han dejado decenas de muertos, confusiones, algunos, o casos en que presuntos criminales se enfrentaban entre ellos o atacaban a los uniformados, siempre según la autoridad. La respuesta castrense sorprendía. Pocas veces en los años de López Obrador, México ha sido testigo de eventos así, más allá de los registrados en Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, donde la tropa y los mandos adscritos al 16º Regimiento de Caballería Motorizada aprietan el gatillo con mayor ligereza que en otras latitudes.

Todo empezaba en Chiapas, el mismo día de la toma de posesión de Sheinbaum, el 2 de octubre, fecha simbólica por el recuerdo de la masacre de Tlatelolco. En una carretera del estado sureño, militares dispararon contra una camioneta en que viajaban migrantes. Seis murieron y 12 resultaron heridos. Los militares alegaron que habían escuchado disparos antes y que por eso dispararon, casi un calco de las explicaciones que han dado en ocasiones anteriores, en situaciones parecidas.

Una semana después, el 19 de octubre, en medio de la guerra desatada en Sinaloa entre las facciones del grupo criminal regional, soldados y guardias nacionales tirotearon la camioneta de un muchacho. La parte final del evento quedó grabada en vídeo. Las imágenes mostraban cómo alguno de los uniformados decía, ante el coche baleado y detenido, “¡mátalo!”. Entonces, otro se daba cuenta de que había una cámara de seguridad y decía, “cámara, cámara, aborto”.

El 26 de octubre, militares mataron a 17 presuntos criminales en Tecpan, en la región de la Costa Grande de Guerrero, después de que ese grupo y otro se enfrentaran en el municipio. Y entre medias, militares y guardias nacionales mataron a una enfermera y una niña en Nuevo Laredo, balas perdidas en eventos diferentes, como tantas otras veces. En ninguno de estos casos hubo muertos militares y ha sido difícil determinar si han quedado heridos civiles, lo que hace sospechar del actuar de los uniformados, en un contexto en que la investigación de las fiscalías resulta habitualmente deficiente.

Coordinación

Se ignoran de momento los detalles de la coordinación entre las diferentes agencias de seguridad. En sus conferencias de prensa, García Harfuch, punta de lanza de los equipos, ha dado crédito a unos y otros, incluso al antaño marginado Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuya elevación se asume importante para la estrategia de seguridad en los próximos años. En manos de un general retirado, Audomaro Martínez, en tiempos de López Obrador, Harfuch ha nombrado a Francisco Almazán Barocio, hombre de su confianza, que comandó la policía de investigación de la Fiscalía de la capital.

Hay señales, además, de que la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los puntos delicados para el nuevo Gobierno, funciona. Al menos de momento. Su titular, Alejandro Gertz, acompañó a Sheinbaum en una mañanera en la última semana de octubre, su primera aparición ante la prensa en años. Gertz se refirió al presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada, capo del Cartel de Sinaloa, en julio, en Culiacán. De la mano de los datos de Gertz y de la teoría de la Fiscalía, el Gobierno ha podido argumentar que la culpa de la violencia en Sinaloa es la entrega de Zambada a Estados Unidos, previo secuestro conducido por uno de los hijos de su viejo socio, Joaquín El Chapo Guzmán.

Los datos que ha dado Harfuch en sus comparecencias reflejan las preocupaciones de Sheinbaum antes de iniciar su mandato. Un documento que recogía las líneas maestras de su estrategia, filtrado pocos días antes de la toma de posesión, señalaba la necesidad de actuar en 12 focos rojos del país, donde la violencia homicida estaba desatada, concentrando más de la mitad de los asesinatos del país: Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cajeme, Tlajomulco y Colima, además del área limonera de Michoacán y diferentes puntos de Chiapas.

Vistas las detenciones de estas semanas, parece que los funcionarios se apegan al plan. El último martes de octubre, Harfuch hizo recuento de las actuaciones contra las mafias del país, con detenciones de presuntos extorsionadores en Michoacán, y generadores de violencia en Tijuana, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, entre otros lugares. Destaca además la aprehensión de un ciudadano chino, Zhi Dong N, estos últimos días, un hub logístico él solo: las autoridades le señalan de mover más de 150 millones de dólares anuales, traficando cocaína, fentanilo y metanfetaminas.

Más allá de que la detención de líderes criminales o la desarticulación de cúpulas de organizaciones tenga un efecto a medio o largo plazo en las dinámicas criminales regionales, el gran reto es que sus casos lleguen a juicio. Más aún, que las fiscalías logren condenas. Esta semana, la organización México Evalua, que califica el desempeño de las agencias de investigación, desde hace años, colocaba de nuevo los niveles de impunidad en el país arriba del 90%. Eso, además, teniendo en cuenta que buena parte de los delitos, explicaba la organización, ni siquiera se denuncian.