Reforma judicial en México: un choque de poderes sin precedentes

México ha experimentado en pocos meses un profundo cambio institucional que marcará en gran medida el rumbo del país. Uno de los tres poderes de la República, el Judicial, ha dado un golpe brusco de timón, a consecuencia de la reforma constitucional impulsada por Morena, el partido del Gobierno, que plantea que todos los jueces sean electos por voto popular y limita la protección del juicio de amparo. La enmienda, ya plasmada en la Constitución, ha vol...

México ha experimentado en pocos meses un profundo cambio institucional que marcará en gran medida el rumbo del país. Uno de los tres poderes de la República, el Judicial, ha dado un golpe brusco de timón, a consecuencia de la reforma constitucional impulsada por Morena, el partido del Gobierno, que plantea que todos los jueces sean electos por voto popular y limita la protección del juicio de amparo. La enmienda, ya plasmada en la Constitución, ha volcado a las manifestaciones a jueces y funcionarios de la judicatura que perderán su carrera de años para entregar el puesto a nuevos juzgadores electos en las urnas en 2025. El oficialismo se ha atrincherado en el Legislativo, donde tiene mayoría calificada en ambas Cámaras, y en el Ejecutivo, con una presidenta, Claudia Sheinbaum, que ha declarado que no reculará en la implementación a rajatabla de la reforma. La Suprema Corte de Justicia votará la semana entrante un proyecto que cambia elementos fundamentales de la enmienda, la última esperanza de la judicatura de recortar algo el ambicioso proyecto.

El gran artífice de la reforma judicial fue Andrés Manuel López Obrador. El expresidente y líder de Morena criticaba a los jueces que ordenaban la suspensión de los megaproyectos de infraestructura por motivos medioambientales. Y en la Suprema Corte, los ministros tumbaron algunas de las reformas más importantes para el dirigente, como la de la industria eléctrica, con la que pretendía que la paraestatal de energía, la CFE, tuviese preferencia en el mercado sobre los competidores privados. El Supremo también echó atrás una reforma electoral y una ley que convertía a la Guardia Nacional en un apéndice bajo el control del Ejército. Esa fue la gota que colmó el vaso.

López Obrador veía en el Poder Judicial un instrumento de los “conservadores”, y concluyó que era un obstáculo para la “transformación” de México, uno de sus leitmotivs. El expresidente envió al Congreso la iniciativa para reformar la judicatura en el último tramo de su sexenio. Desde su popular Mañanera, hizo campaña y pidió a la gente votar masivamente por Morena para que esa enmienda se aprobase, porque —sostenía— el Poder Judicial estaba atenazado por la corrupción y los privilegios.

Sheinbaum abrazó la propuesta de López Obrador y también la usó como bandera de campaña. El bloque oficialista consiguió la mayoría calificada en las dos Cámaras del Congreso, lo que le permite aprobar reformas constitucionales sin tener que preocuparse por la oposición. Así se avaló la enmienda judicial, en septiembre, con las protestas de los trabajadores en las calles. La promulgó el propio López Obrador. Fue su obsequio de despedida de parte de Morena. Toca a Sheinbaum implementar un cambio institucional no visto en décadas. Al menos la mitad de su sexenio será determinado por la manera como se lleve a cabo la reforma y sus efectos.

Las renuncias en el Supremo

El Congreso y el INE han comenzado los preparativos para una inédita votación en junio del próximo año. Los mexicanos tendrán que elegir a la mitad de los cargos de juez federal y de magistrado de circuito. En total, serán votados 850 cargos, además de los puestos de ministros de la Suprema Corte y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En 2027 se elegirá a la otra mitad de cargos, para completar la renovación de la judicatura. La fórmula es la misma para los 32 Estados, que deberán votar también a los jueces y magistrados locales. Habrá miles de candidatos federales y estatales. La magnitud de la elección hace difícil concebir cómo serán las boletas y cuánto tiempo tardará un ciudadano en votar, sin contar la carga que representará evaluar candidatos en las diversas materias de los tribunales.

La reforma da a los actuales jueces la oportunidad de participar en la elección, con la ventaja de que tendrán pase directo a la boleta electoral (es decir, no se someterán al proceso de cribado de los Comités de Evaluación). Quienes declinasen ir a la votación, tenían que manifestarlo expresamente ante el Senado. Seguir ese camino significaba renunciar al cargo, y abandonar décadas de formación en la carrera judicial, el sistema meritocrático en el que los jueces ascienden en el escalafón por exámenes y cursos.

La semana pasada, ocho de 11 ministros de la Suprema Corte, incluyendo a su presidenta, Norma Piña, presentaron al Senado sus cartas de renuncia al cargo y declararon que no se postularán a la elección de 2025. Aunque han renunciado, la reforma judicial les obliga a despachar un año más, hasta que pasen los comicios y tomen posesión del cargo nuevos ministros electos en las urnas.

La última pelea

La enmienda ha acrecentado el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo con el Poder Judicial. Los jueces intentaron frenar la reforma con sentencias, que Morena desestimó. Una jueza incluso ordenó a Sheinbaum eliminar el decreto del Diario Oficial. La mandataria no hizo sino doblar la apuesta. “Ni una jueza ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va”, dijo en una Mañanera.

Los partidos de oposición impugnaron la enmienda ante el Supremo mediante una acción de inconstitucionalidad. Ha llegado la hora de que los ministros determinen si la reforma contradice la Carta Magna. Para blindarse, el oficialismo en el Congreso ha aprobado aceleradamente una nueva enmienda de supremacía constitucional, que prohíbe que las reformas aprobadas por el Congreso puedan ser impugnadas mediante amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad.

El ministro Juan Luis González Alcántara ha elaborado el proyecto de sentencia sobre la reforma judicial. Se trata de una propuesta conciliadora, que no invalida toda la enmienda oficialista, pero sí hace modificaciones profundas. El juez propone que la elección por voto popular no aplique para jueces de distrito ni magistrados de circuito, que se mantendrían sujetos a las reglas de la carrera judicial. En cambio, aprueba lo relativo a la elección de ministros del Supremo, magistrados del Tribunal de Disciplina y magistrados del Tribunal Electoral.

González Alcántara razona que la enmienda oficialista trastoca el modelo de república federal democrática consagrado en la Constitución, debido a que uno de los tres poderes, el Judicial, está siendo invadido en su independencia y sometido al criterio político del Ejecutivo y el Legislativo. “No existe un régimen democrático sin que haya una división de poderes efectiva”, dice el proyecto. El togado afirma que la garantía de independencia judicial está sustentada en criterios constitucionales que la enmienda ha borrado: la inamovilidad en el cargo, un sistema adecuado de ascensos, la prohibición del despido injustificado y la irreductibilidad del salario.

El mismo proyecto reconoce un ánimo conciliador, habida cuenta de “la notoria pérdida de diálogo interinstitucional”. Entre líneas se advierte que la Corte propone al oficialismo entregar la cabeza de la cúpula judicial en un último intento por rescatar a cientos de jueces y magistrados. “[Es] un ejercicio de autocontención”, lee el proyecto, “deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión”.

Los escenarios

El cambio de tono de la Corte, tras meses de cerrazón en ambos bandos, es una oportunidad de diálogo. Los jueces han tendido la mano al oficialismo. Toca a este el siguiente movimiento. Los líderes morenistas ya han dejado ver cómo será. La presidenta Sheinbaum ha acusado que los togados “están legislando, están cambiando la Constitución”. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha adelantado que su formación —la mayoritaria— no acatará la sentencia del máximo tribunal en caso de que sea aprobada.

Si la Suprema Corte determina anular una parte de la reforma, y el oficialismo se niega a obedecer la instrucción —pese a que las sentencias del Alto Tribunal son vinculantes—, se anticipa un fuerte choque de poderes y una crisis política de altos vuelos, a un mes de iniciado el Gobierno de Sheinbaum. El oficialismo sostiene que la apabullante votación que obtuvo Morena en las pasadas elecciones de junio se traduce en que el pueblo —un término muy usado por los obradoristas— quiere que se reforme el Poder Judicial en los términos de la reforma aprobada.