Todos le fallaron a Esmeralda: perseguida en México por abortar a los 14 años

Le falló el Estado y le falló la sociedad. Le fallaron las autoridades y sus familiares. El caso de una niña de 14 años en Huimilpan, Querétaro, ha indignado a una parte de la sociedad mexicana por ser el retrato de la desigualdad que enfrentan las mujeres más pobres en el país. Una desigualdad que se ceba con las niñas, muchas de ellas víctimas de abuso sexual dentro de sus familias. De acuerdo a la denuncia presentada en la Fiscalía, Esmeralda fue víctima de violación a manos de un familiar tres años mayor que ella. Ocho meses después, sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo, acudió al hospital y fue denunciada a las autoridades por el personal de Salud. Hasta esta semana, la menor permanecía detenida en su casa, la Fiscalía la acusaba de homicidio doloso y pedía tres años de cárcel para ella con una compensación económica para su presunto violador por medio millón de pesos (casi 25.000 dólares).

El caso se hizo mediático y llegó hasta los oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que encargó a Citlalli Hernández, la secretaria de las Mujeres, mediar con las autoridades locales para resolver el asunto antes de que llegara a los tribunales. “El caso de Esmeralda refleja todas las violencias que atraviesan a las mujeres en México”, señala a este diario Hernández. Los detalles que se iban conociendo ponían nuevamente a México frente al espejo de su machismo y su misoginia: el Estado se dejaba ir contra una menor, pobre, de una comunidad indígena, sin ningún acceso a la educación sexual y que fue retratada en un inicio como la única responsable. Pese a haber denunciado, pese a tener 14 años y pese a ser violada.

Después de una mesa de negociación con el Gobierno federal, la Fiscalía desistió de la acusación contra Esmeralda y retiró todos los cargos, sin embargo, durante un año las autoridades convirtieron en un auténtico infierno su vida. No estuvieron presentes para cuidarla antes, durante ni después. Ni cuando fue abusada sexualmente, ni cuando denunció, ni cuando acudió al hospital. Se estima que el 90% de los abusos sexuales contra niñas en México son cometidos por familiares o personas allegadas a la familia.

México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes de entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con 340.000 nacimientos anuales en menores de 19 años, es decir, casi 1.000 nacimientos diarios. “Es muy importante que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a educación sexual en las escuelas para que puedan evitarse situaciones como estas”, señala la secretaria de las Mujeres. “Esmeralda sufrió violencia institucional desde el momento en que no tuvo acceso a una buena defensoría pública y después por parte de las autoridades que atendieron su caso desde los prejuicios”, agrega la abogada de la niña, Mayra Dávila, quien retomó el caso hace unos meses.

“Las autoridades la revictimizaron y le demostraron que las víctimas en México empiezan a ser juzgadas desde que son atendidas en el Ministerio Público”, agrega la abogada. El trato que recibió Esmeralda es el mismo al que se enfrentan miles de mujeres cuando acuden a las autoridades. Un trato que demuestra que el machismo va más allá de una conducta. Es parte de todo un sistema. Organizaciones y colectivos que defienden los derechos de las mujeres llevan décadas luchando contra la violencia institucional de la que son presa las pocas mujeres que se atreven a denunciar. Solo una de cada 10 mujeres en México denuncia una agresión.

No es el primer caso en el que las fiscalías del país actúan de esa manera. Más, si se trata de una sociedad tan conservadora como Querétaro, donde el aborto sigue siendo visto como un tabú. En 2017, Dafne McPherson, de 26 años, fue condenada en el mismo Estado a 16 años de cárcel por el fallecimiento de su hija en un parto fortuito. McPherson estuvo dos años en prisión preventiva en el penal de San Juan del Río. Gracias a una dura batalla en los tribunales, logró la libertad en 2019. “Hace falta que se investigue y se imparta justicia con perspectiva de género”, denunciaba a este diario María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

En México más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes no van a la escuela y unos 600.000 están en riesgo inminente de abandono escolar, según Unicef. Un dato que afecta más a las niñas y adolescentes a medida que se van haciendo mayores, el momento en que la desigualdad de género se ha hace más evidente. Muchas son madres muy pronto o son obligadas a casarse. En ese momento, la mayoría abandona sus estudios y no los vuelve a retomar nunca. Con los años, las mujeres tendrán menos acceso al mercado laboral, serán peor remuneradas por su trabajo y quedarán al margen de tener derecho a una pensión o a un sistema de salud de calidad. En muchos casos se da una situación de triple discriminación: por ser mujeres, indígenas y pobres. De los 46 millones de personas que viven en pobreza en el país, más de la mitad son mujeres. Unos 24 millones.

Las autoridades decidieron cerrar la investigación de la violación de Esmeralda por falta de pruebas, acusaron a la víctima de dar declaraciones contradictorias y dieron por cierto el testimonio del principal señalado de que era inocente. Sin embargo, posteriores análisis de ADN dieron la razón a la niña que señalaba a su primo como responsable de los hechos. Actualmente esa causa permanece cerrada. La intervención del Gobierno en el caso ha sido determinante para que la adolescente pueda seguir con su vida pero no la ha librado del linchamiento en redes y en algunos medios de comunicación. “Queremos poner a Esmeralda en el centro de este caso”, dice su abogada.

Desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ninguna mujer puede ser criminalizada en México por abortar, sin embargo, casi la mitad de los Estados todavía mantiene el delito de aborto dentro de sus códigos penales. “Hacemos un exhorto a los legisladores para que puedan ser sensibles a las realidades de las mujeres y se legisle para despenalizar el aborto en Querétaro”, afirma la secretaria de las Mujeres. Gracias a que el caso se hizo público, la Fiscalía dio marcha atrás por la presión mediática, ciudadana y política. Aunque se desconoce cuántas mujeres y niñas están en la misma situación. La realidad es que todavía en México siguen existiendo casos como el de Esmeralda.