Bronca final en la comisión que investiga la Guerra Sucia
La mayoría de integrantes del equipo a cargo de las pesquisas denuncia que Gobernación “desconoce” los hallazgos de su trabajo. El informe final condensó en 18 páginas las más de 7.000 que integraban los trabajos
Tres de los cuatro integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), uno de los instrumentos que integran la comisión que ha investigado la Guerra Sucia en México estos años, han denunciado este lunes que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “desconoce” buena parte de los hallazgos de su trabajo, un informe de más de 5.000 páginas publicado en agosto. Esto, después de que la comisión, que depende de la Secretaría de Gobernación, publicara su informe global final el jueves, donde reducía el contenido de este informe a seis páginas, y el de la cuarta comisionada, publicado el mismo día, de 2.000 a 12.
“El resumen deje de lado a cientos de víctimas que rindieron su testimonio al MEH. Se trata de personas que confiaron en un ejercicio promovido por esta administración y que esperan el reconocimiento estatal de la violencia de Estado de la que fueron objeto”, dicen los tres comisionados denunciantes, David Barrera, Carlos Pérez Ricart y Abel Barrera, en un comunicado divulgado en la mañana. “Es inaceptable que, tras el pormenorizado informe Fue el Estado (1965-1990) en el que se documentan con detalle las violaciones graves a derechos humanos contra once conjuntos de víctimas, el Estado, en voz de la Subsecretaría, decida invisibilizar a nueve de éstos”.
Los comisionados dan más detalles. “No se trata de una omisión menor, ésta implica el desconocimiento de la existencia de 4,300 de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos identificadas en una investigación realizada en el marco de una comisión de la verdad. Implica también el desconocimiento de la existencia de 6,097 violaciones graves contra estas víctimas dentro de las que se encuentran 23 masacres y adicionalmente el desconocimiento de 116,756 víctimas estimadas de desplazamiento forzado en 63 eventos”, señalan.
El informe final global de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, nombre oficial de la dependencia, invisibiliza en realidad ocho de los 11 conjuntos de víctimas, reduciendo los tres restantes a varios párrafos. En el texto, la comisión, a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina, criticaba que Barrera, Pérez y Fernández “investigaron violaciones a derechos humanos que no estuvieron relacionadas necesariamente con la violencia de Estado en el marco de la contrainsurgencia, así como episodios de violencia que ocurrieron después de 1990, abarcando incluso contextos de años recientes”.
El informe final global señala igualmente que los tres comisionados “decidieron de manera unilateral difundir su reporte final a medios de comunicación y ciertas organizaciones incluso antes de presentarlo a las víctimas y a los otros instrumentos de la comisión. Esta decisión no fue ni consultada ni mucho menos avalada por la comisión, y por el contrario se observa que fue una falta de respeto a las y los sobrevivientes, como se evidenció durante la sesión de la comisión y los colectivos el 15 de agosto de 2024”.
En su comunicado de este lunes, Barrera, Pérez y Fernández señalan que “además de la invisibilización de las violaciones graves a derechos humanos, el resumen describe en términos falsos e inadecuados, las condiciones en que nos vimos obligados a presentar de manera pública el informe. No actuamos de manera unilateral como se afirma, ni faltando al respeto a las víctimas. Por el contrario, la decisión que tomamos de hacerlo público el 16 de agosto, un día después de que se presentó a la asamblea de víctimas y al resto de mecanismos de la Comisión, fue precisamente por respeto a las víctimas que nos confiaron su testimonio”.
El desencuentro se veía venir. Desde hace años, los tres comisionados habían denunciado las dificultades para llevar a cabo su trabajo, por los obstáculos que les había puesto el Ejército en su investigación, además del Centro Nacional de Inteligencia. Archivos desaparecidos o no entregados, negativas a peticiones de información... Los comisionados llegaron a denunciar que el Ejército había transitado de una actitud de colaboración pasiva a otra de obstrucción activa, situación que no sentó bien en Gobernación.
Falta por saber la opinión de la cuarta comisionada, Eugenia Allier, sobre el resumen de su propio trabajo en el informe global. A diferencia de los otros tres, de los que estaba distanciada, Allier prefirió guardar el contenido de su informe hasta que Medina y su equipo publicaran el informe final. El mismo jueves en la noche, su trabajo empezó a circular, más de 2.000 páginas, tituladas Verdades Incómodas, que dan cuenta de la represión contra el movimiento estudiantil, las organizaciones político-militares y los movimientos obrero-sindicales, la disidencia clásica. Como parte de las conclusiones, Allier y su equipo cuentan 1,103 desaparecidos, y más de 2,000 funcionarios implicados.