López Obrador niega tener vínculos con el narco y reta a García Luna: “Que presente las pruebas”

Una carta desde la cárcel ha vuelto a encender el pleito entre el presidente y el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Andrés Manuel López Obrador respondió al manuscrito en el que Genaro García Luna lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado y proporcionar “pruebas falsas” durante su juicio por narcotráfico en Nueva York el año pasado. “Escribe que hay pruebas, videos, llamadas, audios... es muy sencillo, que los dé a conocer”, afirmó el mandatario en La Mañanera de este miércoles. López Obrador desechó también haber orquestado la caída del exfuncionario y aseguró que las acusaciones son una muestra de su desesperación. “Que presente las pruebas”, insistió.

García Luna, antiguo zar de la guerra contra las drogas en México, fue declarado culpable de cinco cargos en la Corte del Distrito Este de Nueva York: tres por tráfico de cocaína, otro por delincuencia organizada y uno más por falsedad de declaraciones. El primer juicio en Estados Unidos contra un antiguo miembro del Gabinete en México destapó el contubernio entre las autoridades y los carteles del narcotráfico, y fue celebrado por López Obrador como una victoria frente a Calderón, uno de sus principales adversarios políticos. “Ayuda a seguir limpiando la corrupción”, declaró López Obrador, en febrero del año pasado.

La carta de García Luna es su primer pronunciamiento público desde que fue declarado culpable en la corte de Brooklyn. El exfuncionario insistió en que no existen pruebas físicas ni documentales que demuestren que tiene vínculos con el Cartel de Sinaloa ―una organización criminal con la que colaboró durante más de dos décadas, según la justicia estadounidense― y devolvió el golpe a López Obrador: dijo que sus nexos están comprobados y “están en los registros públicos”.

El exsecretario puso también sobre la mesa que la carta publicada por Ismael El Mayo Zambada, en la que asegura que fue emboscado tras ser citado con el gobernador morenista Rubén Rocha Moya, y la insistencia de aprobar la controvertida reforma judicial son pruebas del pacto entre este Gobierno y los grupos del narcotráfico. “[Estos hechos están corroborados] por la posición del Gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial, cuyos principales beneficiarios son los criminales”, comentó García Luna. La misiva fue difundida por sus abogados apenas tres semanas antes de que se le dicte sentencia, el próximo 9 de octubre. El exfuncionario se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

García Luna no presentó una sola prueba para respaldar sus acusaciones. Pero la misiva, de apenas cuatro páginas, removió viejas rencillas con el presidente. Apenas este año, López Obrador estuvo en el centro de una ola de filtraciones y publicaciones periodísticas que sacaron a la luz que la DEA y otras agencias estadounidenses han investigado durante años supuestos vínculos de su círculo cercano con el Cartel de Sinaloa, incluidas aportaciones millonarias del narco a sus campañas políticas.

Los críticos del presidente evidenciaron la contradicción: por un lado, validaba y celebraba el fallo contra García Luna en Estados Unidos; por el otro, desechaba las sospechas que lo afectaban a él y a otros exfuncionarios de alto perfil, como el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos. Sus opositores más radicales utilizaron ese insumo para construir una campaña para desacreditar a su movimiento durante la campaña presidencial y lo llamaron “narcopresidente”.

García Luna también tocó el tema de El Mayo porque tras la polémica que envolvió a la captura, López Obrador insinuó que había una campaña orquestada desde Estados Unidos para debilitar y manchar a su Gobierno. “Durante mucho tiempo han mantenido esa estrategia de buscar involucrar a gobiernos de otros países para mantenerlos débiles y someterlos. No es el presidente Trump, no es el presidente Biden, es el modus operandi de la política estadounidense desde hace más de 200 años”, afirmó hace un mes. Para rematar, el antiguo jefe de la Policía Federal arremetió contra la reforma judicial, la última batalla legislativa del presidente, aprobada a menos de un mes de que concluya su mandato, pese a la oposición abierta del Gobierno de Estados Unidos.

“Que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados. Y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos”, respondió López Obrador en esta última oportunidad. El presidente optó por una defensa que ha utilizado en otras ocasiones, al tenor de “no somos iguales”. “El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón”, espetó. También ironizó sobre el hecho de que un criminal convicto hable de justicia: “Ahora en la carta de García Luna, hasta defiende a los jueces”.

Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, también desechó los dichos como “falsos” y destacó la “autoridad moral” de López Obrador. “Es un tema político, ya se va el presidente y quieren marchar su Administración”, señaló tras la publicación de la carta. El presidente también echó de mano de viejos ataques contra su enemigo político: aseguró que “rescató” al segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, se burló de que “sus jefes lo dejaron solo”, y dijo que él y otros políticos que se han opuesto a la reforma, como el expresidente Ernesto Zedillo, son “parte de la misma asociación delictuosa”.

Al margen de la polémica, uno de los aspectos destacables de la carta es que García Luna cambió la versión que había mantenido y aseguró que las autoridades de Estados Unidos sí le ofrecieron convertirse en testigo para entregar a empresarios y políticos en la mira de la justicia de ese país. El exfuncionario cerró, aparentemente y por ahora, la posibilidad de colaborar con la justicia y entrar al juego de delaciones y traiciones por cuestiones de “patriotismo” y no buscar “debilitar” al país. Paradójicamente, la sentencia en su contra acerca más que aleja la posibilidad de una negociación.

Es, sin embargo, un aviso de cuán indigesto puede resultar para México un proceso judicial como el de El Mayo en Estados Unidos. Zambada tejió una red de corrupción y cooptación de políticos y funcionarios que le permitió alejarse de la cárcel durante décadas. De llegar a juicio, las revelaciones pueden resultar explosivas y crear nuevas tensiones entre ambos Gobiernos, sobre todo si se involucra a políticos en activo durante la Administración de López Obrador. Es parte del alto precio que México paga al delegar la impartición de justicia a su vecino en casos de alto perfil y por el fracaso de no poder procesar a acusados como Joaquín El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada y García Luna en su propio sistema judicial. El juez Brian Cogan tiene en sus manos el destino del exfuncionario y Zambada comparecerá por primera vez en su corte tres semanas más tarde, el próximo 31 de octubre.

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