Un grupo de consejeros del INE lanza un órdago para frenar la supermayoría de Morena en el Congreso
Consejeros electorales no alineados al oficialismo proponen una interpretación de la ley que resta diputados a Morena y sus aliados e impide que tengan mayoría calificada
La discusión en torno a si Morena y sus aliados del PVEM y el PT tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados aún no está ganada a favor del oficialismo. El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de repartir entre los partidos las curules del Congreso, ya ha circulado un proyecto en el que prevé asignar al bloque oficialista el 73% de la Cámara baja (364 legisladores), cifra suficiente para reformar la Constitución sin necesidad de pasar por consensos con la oposición. Este proyecto ha sido tutelado por el grupo de consejeros alineados al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la consejera Claudia Zavala, respaldada por otros consejeros críticos, ha elaborado una contrapropuesta en la que, a partir de una interpretación literal de la norma, se proyecta un reparto del Congreso que dejaría a Morena y sus aliados con 317 diputados, por debajo de las dos terceras partes de la Cámara baja (334 legisladores) que se requieren para tener mayoría calificada y hacer enmiendas a la Carta Magna.
El Consejo General del INE debatirá y votará este viernes ambas propuestas. El resultado traerá enormes consecuencias políticas para el país. Si prospera el proyecto oficialista, Morena y sus aliados podrán avalar sin contratiempos un cúmulo de reformas constitucionales impulsadas por el presidente López Obrador y respaldadas por la mandataria electa, Claudia Sheinbaum. La principal de todas, y la que más incertidumbre ha generado dentro y fuera de México, es la reforma al Poder Judicial, que en su punto medular establece que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular a partir de 2025. Si, en cambio, prospera el proyecto de la consejera Zavala, el bloque oficialista tendría que negociar con los partidos de oposición para sacar adelante sus proyectos de reforma.
La diferencia entre uno y otro proyecto está en la manera como se interpreta el artículo 54 de la Constitución, que establece límites a la sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso, esto es, qué tantos más diputados plurinominales se les pueden asignar, adicionales a sus diputados electos en las urnas. Dicho artículo señala que ningún partido puede tener más de 300 diputados por ambas modalidades (representación proporcional y mayoría relativa), o un total de la Cámara que exceda en ocho puntos el porcentaje de la votación que obtuvieron (sobrerrepresentación). La misma norma estipula que se deben restar legisladores a la formación que se encuentre sobrerrepresentada.
La parte del artículo que ha generado dos interpretaciones diferentes es la relativa al 8% de sobrerrepresentación. La Constitución dice: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. El proyecto oficialista entiende que, para determinar si un partido está sobrerrepresentado, se debe tomar el porcentaje de la votación que obtuvo y sumarle llanamente ocho puntos, de lo cual deriva automáticamente qué límite de las 500 curules de la Cámara no puede rebasar. La contrapropuesta de Zavala lee textualmente la Constitución e indica que, a la votación que haya obtenido el partido político, se le debe extraer el 8%, y luego sumar ambas cifras para conocer el límite de su representación. Se trata de un matiz que cambia radicalmente las proyecciones.
El caso de Morena sirve de ejemplo para comprender las diferencias de lectura. Conforme al primer proyecto, al 43,5% de la votación emitida que obtuvo Morena se deben sumar ocho puntos, y así se concluye que ese partido puede tener hasta el 51,5% de la Cámara. Conforme al proyecto de Zavala, se extrae el 8% de la votación de Morena y luego se suman ambas cifras, para concluir que el límite de legisladores que puede tener es del 47% de la Cámara.
La propuesta de Zavala impacta en las cifras finales de todos los partidos. Según este proyecto, tanto Morena como el PT y PVEM están sobrerrepresentados, de modo que se establecen los cálculos para restarles legisladores y repartirlos entre las formaciones subrepresentadas: PAN, PRI y MC (el PRD no, porque perdió su registro). “Cuando algún partido político se encuentra sobrerrepresentado, la distribución de curules debe llevarse a cabo en dos momentos: el primero al asignar al partido político sobrerrepresentado las curules que le corresponden conforme a su votación; y el segundo, cuando se distribuyen las diputaciones restantes entre el resto de los partidos políticos según su votación”, dice el proyecto.
El nuevo reparto para los partidos quedaría así, según el documento de Zavala: Morena, 214 diputados; PAN, 92; PVEM, 65; PRI, 49; MC, 40; PT, 38, y el PRD y un candidato independiente, uno cada uno. La suma de las curules del bloque Morena, PVEM y PT sería de 317. En el proyecto original del INE, el bloque oficialista obtiene 364 diputaciones. La diferencia entre ambos documentos cambia, naturalmente, la suerte de la oposición. Si se aprueba el proyecto de Zavala, toda la oposición reunida tendría 183 votos, suficientes para poder promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, un recurso para combatir reformas contrarias a la Carta Magna.
Zavala ha intentado tejer consensos entre varios consejeros. Una fuente con conocimiento de las negociaciones afirma que, hasta el miércoles, se había forjado una posible alianza de seis votos, lo necesario para vencer al bloque oficialista en una votación. Sin embargo, el panorama cambió en cuestión de horas. Para este jueves, solo cuatro consejeros habían declarado su apoyo a Zavala. La labor de convencimiento en uno y otro bando será crucial en las próximas horas. Las presiones desde el Ejecutivo y desde la oposición han estado a la orden del día. Sea cual sea el resultado de la votación de este viernes, el Tribunal Electoral tendrá la última palabra, y podrá decantarse por cualquiera de las dos interpretaciones del mismo artículo constitucional.
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