Una semana de horror en Tila, Chiapas: 4.187 desplazados, al menos dos muertos y decenas de casas y autos quemados

La Fiscalía de Chiapas ha informado este sábado del “rescate” de 4.187 vecinos del municipio de Tila, en el norte del Estado, después de pasar una semana escondidos en sus casas, perseguidos por una turba criminal. Desde el martes, vecinos de la cabecera municipal han pedido auxilio con mensajes enviados a familiares y amigos y publicados en redes sociales, denunciando la embestida. La Fiscalía ha informado de que los ataques han dejado al menos dos personas muertas, un hombre de 41 años y un menor de 16. La dependencia ha contado 21 vehículos y 17 casas quemadas.

La Fiscalía ha dicho también que ha acomodado a los vecinos en albergues, en diferentes puntos del Estado. Esta nueva crisis de desplazados se suma a las registradas en el último año en la frontera central, en las faldas de la Sierra Mariscal, en comunidades de municipios como Chicomuselo o Frontera Comalapa, o a las sufridas años antes en la región de Los Altos, cerca de San Cristóbal de las Casas. Las peleas entre grupos criminales explican parte de la violencia que provoca estos desplazamientos. En el caso de Tila, un largo conflicto ejidal, atravesado por intereses políticos y económicos, es el marco de la embestida.

En mitad de los ataques, un vecino de la cabecera explicaba esta semana a EL PAÍS la situación. “Sobrevivimos de milagro”, decía el miércoles por la mañana, “las detonaciones empezaron como a las 20.00 [del martes], se escuchaban ráfagas en varios puntos de la cabecera, tanto en la periferia como en partes del centro. Se oían también gritos, aunque desconocíamos quiénes eran. Por el Facebook empezaron a decir que había gente armada en el centro. Luego empezaron a quemar casas”, contaba.

Esto fue antes de que los criminales quemaran su propia vivienda, el mismo miércoles en la noche. Este vecino y su hermano lograron huir de las llamas. Para entonces, explicaba, los criminales habían cortado las torres de la electricidad y la luz escaseaba. “La situación sigue tensa y aún estamos en el abandono, no sabemos qué vaya a pasar en las próximas horas”, decía el jueves. “Es lamentable ver esta saña, un coraje... No he entendido cuál es el motivo de que quieran hacer esto contra la población en general. Casi nos queman vivos”, añadía.

Como explicaba este diario esta semana, la complejidad del conflicto en Tila, donde el 98% de sus 83.000 habitantes vive en condiciones de pobreza, es máxima. A estas alturas, resulta difícil identificar el grupo al que pertenecen los atacantes, menos señalar su filiación. Una larga batalla por 130 hectáreas de terreno figura en el origen de un conflicto que dura décadas, pero que se ha recrudecido desde el segundo semestre del año pasado, con ataques como los de estos días y asesinatos de líderes comunales, caso de Carmen López, integrante del Consejo Nacional Indígena, en enero.

La pelea por la tierra hace de hilo conductor del conflicto. Por un lado, está el ejido de Tila, territorio comunal, parte del municipio. Y del mismo lado, también, los ejidatarios, sus hijos, nietos… En el ejido viven además avecindados, población sin derecho a tierra, pero que ha echado raíces allí. Del otro lado están las autoridades municipales y el poder que detentan, intermediarios durante años de los programas sociales del Gobierno, primero con el PRI y luego con el Partido Verde. Una y otra parte pelean por esas 130 hectáreas, donde funcionaba el palacio de Gobierno municipal, hasta 2015, cuando los ejidatarios expulsaron a los funcionarios.

Pero esa pelea ha devenido en otras difíciles de desentrañar, escisiones mediante en el grupo de ejidatarios, con el poder político siempre al acecho. “El Partido Verde también es el gran causante de lo que pasa aquí, al perpetuarse en el poder por más de ya casi 20 años”, decía el jueves el vecino entrevistado. “La mayoría de la población no somos afines a ellos, por lo mismo de tener en abandono a la cabecera. Muchos pobladores estamos hartos de que ese mismo partido y el ayuntamiento no provean ni los servicios básicos de luz, agua potable, recolección de basura, pavimentación, etcétera”, señalaba.

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