Ana Piquer: “La militarización promovida por el Gobierno de México no ha mejorado la seguridad”

La chilena Ana Piquer asume la dirección de Amnistía Internacional para América en momentos convulsos de una región siempre convulsa. La organización se enfrenta a retos difíciles en la defensa de los derechos humanos en un continente donde desde los gobiernos se usa el Ejército y políticas de mano dura para garantizar la seguridad, ...

La chilena Ana Piquer asume la dirección de Amnistía Internacional para América en momentos convulsos de una región siempre convulsa. La organización se enfrenta a retos difíciles en la defensa de los derechos humanos en un continente donde desde los gobiernos se usa el Ejército y políticas de mano dura para garantizar la seguridad, se persigue a voces disidentes y donde la violencia golpea con fuerza a activistas, periodistas, mujeres y personas que aspiran a puestos políticos, como es el caso de México y su sangriento proceso electoral. Piquer (Santiago de Chile, 49 años) critica el uso de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad ciudadana y las medidas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que tanto entusiasmo levantan entre algunos políticos latinoamericanos. “Si el de Bukele es el modelo a seguir, todos estamos en graves problemas”, advierte. Piquer, que asumió su cargo en abril, analiza en esta entrevista los retos que en materia de defensa de derechos humanos enfrenta el continente.

Pregunta. Asume el liderazgo de Amnistía en América en una situación bastante complicada. ¿Ve un retroceso en materia de derechos humanos en la región?

Respuesta. Lamentablemente sí. Estamos en un momento bastante delicado, porque han ido tomando fuerza ciertas narrativas en aspectos como la seguridad que intentan justificar que se comentan violaciones de derechos humanos. Nos enfrentamos a gobiernos que cada vez más toman medidas para impedir que las voces que perciben como disidentes, que no están de acuerdo con las medidas que están adoptando, sean silenciadas de diferentes formas y eso pasa por estigmatización, criminalización, persecución y vigilancia.

P. ¿Hay una situación en particular que le preocupe en este momento?

R. En casi todos los países de la región tenemos alarmas. Todas las organizaciones de la sociedad civil enfrentan desafíos muy grandes. En el caso de Estados Unidos, con el contexto electoral que se viene; en El Salvador, con todas las medidas que ha adoptado el régimen del presidente Bukele, como el control de la seguridad y las medidas represivas que han causado tantas violaciones de derechos humanos. En el caso de Ecuador, la progresiva militarización, mientras que en Venezuela llevamos años denunciando una represión constante en contra de cualquier voz disidente, lo que se ha agudizado en estos últimos meses de cara a las futuras elecciones. Tenemos países que vienen de historias de represión más largas como Nicaragua o Cuba. Y luego está Argentina, donde la elección del presidente Milei ha saltado varias alarmas en términos de lo que implica la protección de los derechos humanos.

P. Milei llegó al poder con un discurso negacionista sobre las violaciones cometidas durante la dictadura militar. ¿Le preocupa esta posición del presidente?

R. Sin duda. El negacionismo de las violaciones de derechos humanos nos lleva al riesgo de no aprender de esas lecciones y facilitar el camino para volver a una historia similar. Argentina ha sido un país que ha tenido un proceso muy interesante en cuanto al combate contra la impunidad, que ha sido capaz de llevar a juicio a altos mandos de las Fuerzas Armadas por esas violaciones de derechos humanos, y en ese sentido la promoción de un discurso negacionista a estas alturas es muy dañino y, de alguna manera, es un intento de retroceder en toda esta historia de lucha contra la impunidad.

P. ¿Está en riesgo lo que ha avanzado Argentina en términos de derechos humanos?

R. Este discurso hace que permeen narrativas que le restan importancia a la gravedad de lo que ocurrió, lo niegan, lo hacen desaparecer, y eso facilita que luego se puedan cometer hechos similares o se adopten medidas que puedan ser contradictorias con los derechos humanos. La memoria histórica, la memoria de las violaciones de derechos humanos, siempre va a ser fundamental para dar garantías de no repetición. Tratar de borrar esa memoria es una receta para que se repitan hechos similares, y eso puede, por supuesto, ser un retroceso gravísimo.

P. México es un país que pasa por una situación difícil de violencia. Hay una elección en curso con más de treintena candidatos asesinados. ¿Cómo analizan desde Amnistía este proceso electoral?

R. No es la primera vez que ocurre en un contexto electoral, y surgen las preocupaciones relacionadas a qué medidas se adoptan para dar soluciones a las situaciones de violencia, a lo que ocurre con el crimen organizado, que sean realmente duraderas y que pongan en el centro los derechos humanos, que no pasen por violar derechos para garantizar la seguridad, porque sin derechos humanos tampoco puede haber seguridad.

P. ¿Ha fallado el Estado mexicano en garantizar las medidas de protección a quienes aspiran a un puesto público?

R. Todo a punta a que no ha habido medidas suficientes dada la inseguridad en que se ha desarrollado este proceso, y sobre todo a nivel local. El Gobierno ha promovido mucho la militarización como solución a los problemas de seguridad, pero esto también está mostrando que esos procesos de militarización no están dando la respuesta que se esperaba. Eso da la razón a muchas organizaciones de la sociedad civil mexicana que han cuestionado la militarización como solución y que han advertido que puede llevar a más violaciones de derechos humanos, en lugar de resolver el problema de violencia. Queda todavía una una deuda muy grande en términos de impunidad, de medidas de protección, de prevención y de atender la raíz de la violencia.

P. ¿Qué riesgos tiene dar tanto poder al Ejército y los militares en un país como México?

R. Es una preocupación que no aplica solo para México. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas ni diseñadas para resguardar la seguridad ciudadana, sino que están preparadas para la guerra y tienen otro tipo de formación. Los gobiernos deben dar las garantías de que las personas que están cumpliendo esas funciones tengan la capacitación necesaria y estén sometidas a los mismos estándares de uso de la fuerza a la que estaría sometida la policía o cualquier funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero normalmente eso no se da así. Hay siempre un riesgo mayor de violaciones de derechos humanos cuando son las fuerzas militares las que están tomando roles de seguridad ciudadana.

P. ¿Es la de México una democracia truncada debido al nivel de violencia que sufre el proceso electoral?

R. No hacemos una evaluación de la calidad democrática, no es parte de nuestra función, pero sí puedo decir que en el contexto de las elecciones, y en general en México, los desafíos en materia de derechos humanos son enormes. Las personas que están levantando voces críticas al Gobierno, defendiendo los derechos humanos, han estado bajo mucho ataque, e incluso bajo estigmatización, y eso ha contribuido a reducir el espacio de debate y aumenta los riesgos para esas voces.

P. La violencia también afecta a Colombia. El proceso de paz generó mucha esperanza entre la población, pero siguen las amenazas contra activistas.

R. Colombia ha sido por muchos años el país del mundo con más asesinatos de personas defensoras. El Gobierno del presidente Gustavo Petro, al menos en el discurso, apunta en la dirección correcta, pero en el territorio lo que vemos es que la situación no ha mejorado, incluso en algunos casos ha empeorado. Lamentablemente, en lo que se refiere a personas defensoras de la tierra, el medio ambiente y comunidades indígenas no se están dando las medidas de protección que se requieren.

P. ¿Qué medidas debe tomar el Gobierno del presidente Petro para mejorar la situación de quienes defienden los derechos humanos en Colombia?

R. Primero tiene que ver con mejorar los mecanismos de protección a las personas. Existen esos mecanismos en Colombia y conocemos casos de defensores a quienes les han salvado la vida, pero siguen teniendo muchas falencias en términos de recursos de implementación. Luego hay un tema que tiene que ver con el rol de las fiscalías y garantizar que los ataques a personas defensoras no queden impunes, porque la impunidad es brutal.

P. ¿La justicia colombiana no cumple con su rol para evitar que estos crímenes queden en la impunidad?

R. Hemos tenido una posición muy crítica frente a la Fiscalía. La mayor parte de los ataques a personas defensoras quedan sin investigación o los procesos no llegan a nada. Hay una falencia importante en asegurar los recursos y las capacidades para que las investigaciones se hagan de manera efectiva, que las primeras diligencias en terreno se hagan rápido, que se haga un esfuerzo más consistente por llegar a las personas responsables. Esa impunidad es parte de las razones por las cuales los ataques se siguen repitiendo.

P. Ha mencionado antes las controvertidas políticas que ha implementado el presidente Nayib Bukele en El Salvador. ¿Cómo valora ahora la situación de ese país?

R. El Salvador está pasando en este momento por una gravísima crisis de derechos humanos. Bajo la premisa de atender los problemas de seguridad graves que tenía el país, y que era necesario atender, se está pasando por encima de los derechos humanos. No puede obligarse a la población a tener que elegir entre seguridad y derechos. Hoy día en El Salvador hay casi 80.000 personas detenidas, hay un hacinamiento carcelario de casi el 150%, tenemos denuncias graves de tortura y malos tratos dentro de la cárcel, ha habido ya muertes bajo custodia y hemos recolectado testimonios de familias de personas que han sido injustamente detenidas, simplemente por su apariencia, por el lugar donde vivían, porque tenían tatuajes. No es una solución a la situación de seguridad violar derechos humanos, porque lo que estás haciendo es sustituir la violencia de las pandillas por la violencia estatal.

P. La población de El Salvador, sin embargo, apoya las políticas de mano dura del presidente. Él cuenta con una valoración muy alta de su gestión.

R. La población de El Salvador venía de una situación de violencia gravísima y de alguna forma ven en esto una salida que hasta ahora no se les había presentado. El problema es que esta es una solución de corto plazo, que en definitiva lo que está llevando es a tener personas presas sin juicios justos, muchas de ellas inocentes; personas torturadas, cárceles hacinadas, poblaciones completas en temor de ser detenidas solo por vivir donde viven.

P. Ese modelo parece atractivo para otros políticos latinoamericanos. Medidas similares ha tomado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

R. Se ha creado esta narrativa de un ‘modelo Bukele’ exitoso. Hemos visto imágenes similares del trato a los presos en Honduras, en Ecuador, y voces en diferentes países que levantan esto como el camino a seguir. El problema es que parte de ese modelo tiene que ver no solamente con esta supuesta mano dura contra la delincuencia, sino también con cooptar los poderes del Estado, con eliminar todos los pesos y contrapesos propios de un Estado de Derecho, concentrando el poder en un Gobierno que no admite crítica. Eso es lo que socava en su más profunda base los derechos humanos. Si ese es el modelo a seguir estamos en problemas graves toda la población, porque las voces disidentes empiezan a ser acalladas, los defensores derechos humanos empiezan a ser atacados. Esto solo puede empeorar si se sigue por ese camino.

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